Reducido a nada, así quedó un búnker de la Segunda Guerra Mundial que utilizó la fuerza armada de Estados Unidos (EU) en nuestro país, en la ribera del Canal de Panamá.
Alrededor de 74 años de historia fueron destruidos por maquinaria pesada a comienzos de marzo pasado, en un terreno ubicado a pocos metros de las esclusas de Miraflores y que ahora pertenece a la sociedad North Properties.
La infraestructura podría haberse construido en 1942, justo cuando se edificó otra similar de manera subterránea en el cerro Ancón, en la entrada pacífica del Canal de Panamá. Este búnker ubicado en Quarry Heights, donde funciona el Consejo de Seguridad Nacional, sería rehabilitado por medio millón de dólares durante el pasado gobierno para convertirlo en un centro de emergencia y crisis.
Sin embargo, el búnker que estaba en área operativa del Canal por la vía Centenario –cercano al proyecto gubernamental de la Ciudad de la Salud–, y que era un bien histórico de todos los panameños, no corrió con la misma suerte. Tomó aproximadamente 15 días convertir sus paredes blindadas en escombros, así como lo que parecía un túnel con otros salones que utilizaban los estadounidenses para prácticas militares y custodiar la vía interoceánica (ver secuencia de fotos).
El terreno de 5.8 hectáreas, donde estaba el búnker, fue adquirido por North Properties a través de una subasta pública de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) en 2013.
En su momento, la finca fue identificada en el portal electrónico de la UABR como “estratégica propiedad... ubicada en las riberas del Canal de Panamá”, mientras que en el catálogo de venta apareció como “área de operaciones del Canal”.
La destrucción del búnker y de la zona boscosa, que lo rodeaba en la cuenca hidrográfica, obedece a la construcción de un negocio automotriz que ya adelanta North Properties.
En 2014, cuando se le preguntó al presidente de North Properties, Jack Silvera, sobre si mantendría el búnker, expresó que “vamos a tratar de mantenerlo como parte del proyecto”.
Dos años después, en marzo pasado, antes de culminar los trabajos de demolición, se le preguntó a Silvera sobre a qué se debió su cambio de opinión para preservar el búnker, pero evitó referirse al tema.
Tampoco respondió si él o algún accionista de North Properties tuvo algún contacto con la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura o con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la preservación del búnker.
No quiso, igualmente, precisar el lugar donde depositaron los restos del búnker, así como los árboles y la capa vegetal que removieron del polígono. En su lugar se limitó a responder, que “todos los trámites y permisos para los trabajos en el terreno de la vía Centenario están en regla”.
Un informe técnico del Ministerio de Ambiente de marzo pasado cuestiona “la falta de evidencias relacionadas a la disposición final” de los escombros del búnker y de los desechos domésticos orgánicos y sólidos.
CONTRADICCIONES
Lo que más llamó la atención, aparte de la desaparición del búnker, fue la tala de árboles, algunos apilados frente al terreno y captados por este medio en marzo pasado (ver foto).
Sin embargo, la ACP aseguró, a través de un comunicado, que las condiciones del terreno eran “similares” a las de 2014, sin “cortes adicionales de árboles o devastación en la zona”.
Contrario a lo dicho, el informe de Ambiente alerta sobre “perturbaciones” en zonas de protección del lago Miraflores y cita el artículo 24 de la ley Forestal, que estipula prohibiciones sobre daño o destrucción de árboles o arbustos en las cabeceras de los ríos o embalses.
De acuerdo a la ACP, ellos hicieron inspecciones en marzo, junio, julio y el miércoles 7 de este mes al proyecto, pero solo reportan los hallazgos de esta última visita en la que advierten que los movimientos de tierra se ejecutan “sin control”, lo que podría ocasionar afectaciones al agua del reservorio Brazo Camarón y del lago Miraflores.
Pero es que de acuerdo a esta entidad, su junta directiva ha “exigido” a North Properties desde 2014 “que responda por los daños causados, además, que debe cumplir con las medidas de mitigación para el entorno, suelos y fuentes hídricas cercanas”. Entonces, si eso ocurre desde 2014, llama la atención que el 29 de enero de 2015, esa misma junta directiva firma los permisos de compatibilidad con las operaciones del Canal y el uso de la ribera.
¿SILENCIO CÓMPLICE?
¿Qué sanciones podría aplicar la Dirección de Patrimonio Histórico a North Properties por la destrucción del búnker? ¿Existe un registro de los búnkeres construidos en el país por los estadounidenses? Las respuestas a esas interrogantes quedarán en el misterio.
La directora de Patrimonio Histórico, María Isabel Arrocha, se rehusó desde marzo pasado a contestarle a La Prensa y prefirió guardar silencio.
Es la segunda vez que Patrimonio Histórico se muestra indiferente a preservar el bien histórico descubierto, ya que en febrero de 2014, cuando este medio le consultó a sus anteriores directivos, estos restaron importancia al tema.
“Ese es un bien que ahora mismo está a recaudo de la UABR, del Ministerio de Economía y Finanzas, y de la ACP. Nosotros no tenemos nada que ver con eso”, replicaba Reynaldo Loré, en ese momento subdirector de Patrimonio Histórico.
Quien no guardó silencio fue el exdirector de esa Dirección (2004-2007) Domingo Varela, quien aseguró que “han destruido parte de nuestra historia, no importa quién lo construyó”.
Consideró que por ser una edificación catalogada como “arquitectura militar del siglo XX”, debió conservarse como un monumento, pero que lamentablemente “no hay, ni hubo interés en rescatarlo ni preservarlo”.
Instó a las autoridades a modificar la ley, porque “lastimosamente nuestra ley de Patrimonio, que debe ser revisada, es de conservación bastante anticuada, no corresponde a las épocas y hay mucho desconocimiento del legado que tenemos”.
Estas modificaciones, agregó, “tienen que abarcar no solo las edificaciones de la colonia, sino todas aquellas que tengan un valor cultural porque forman parte de nuestra historia”.
Monumentos como un fuerte en Darién, dijo Varela, se están cayendo a pedazos, porque la población ni siquiera conoce de su existencia y las autoridades no le dan mantenimiento ni protección.
Con la destrucción del búnker, también dijo quedar impactado el militar retirado y conservacionista Luis Puleio, quien expresó que cuando se enteró no pudo ni dormir al ver como el búnker fue “demolido con furia”.
Lamentó que las autoridades no realizaran un estudio de impacto ambiental con arqueólogos en las zonas revertidas para preservar estas edificaciones, que sí forman parte de la cultura nacional reciente.
De igual manera, hizo un llamado a las autoridades para detener la deforestación que ha sufrido la cuenca hidrográfica “estamos destruyendo nuestros bosques que son vitales para el funcionamiento del Canal y a la vez la historia”, planteó.
Sobre el trabajo de preservación de Patrimonio Histórico, Puleio dijo que “no se empeña a fondo en proteger nuestros valores históricos y culturales, a la postre se muestra indolente, porque los grandes intereses económicos están acabando con nuestra historia”.
