Un total de 264 centros de orientación infantil y familiar particulares en el país, los llamados COIF, que se dedican a brindar atención especializada a niños y niñas de entre cero y cuatro años, opera entre lo irregular y lo ilegal.
Se trata de parvularios sin permisos de operación necesarios o que bien no reúnen los requisitos que establece el Decreto Ejecutivo No. 30 del 13 de agosto de 1999, en el que se fijan las reglas para su apertura.
Ana Cristina Terrientes, directora nacional de Servicio de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), detalló que, además de los 104 COIF bajo la responsabilidad de la entidad, hay 500 parvularios privados, de los cuales, solo 236 cumplen con todos los parámetros estipulados.
“Hemos tenido un trabajo arduo de inspección y podemos decir que en la administración pasada no se legalizó casi ningún COIF y tampoco fueron cerrados”, señaló.
Terrientes añadió que hasta ahora han clausurado 20 centros con la asistencia del personal de las corregidurías y del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Detalló que entre las irregularidades descubiertas en las inspecciones están: centros operando en lugares inadecuados, como casas y estacionamientos, personal indocumentado y sin conocimiento de la atención a menores, hacinamiento, mal nutrición de los niños e inseguridad.
REGLAS CLARAS
César Pérez, miembro de la Fundación Pro Vida, que atiende a niños y niñas en situación de riesgo social, estimó necesario la promoción de una política de Estado en favor de la niñez, que garantice su atención integral.
Destacó que el proceso de evaluar estos centros es responsabilidad compartida entre el Mides, el Mici y el Ministerio de Educación (Meduca), que “deben cumplir de forma estricta con su trabajo de evaluar los COIF sin dejar que nada se escape”.
Por su parte, Belkys Sánchez, psicóloga y administradora de Star Kid Panamá, un COIF en el área de San Miguelito, explicó que con el pasar del tiempo las exigencias para poner en funcionamiento uno de estos centros son cada vez más estrictas, extensas y costosas.
Expresó que las autoridades exigen aviso de operación del Mici; certificación de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Nacional de Protección Civil, en la que se especifique que las instalaciones no representan riesgos; una certificación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que indique que la zonificación sea la adecuada, y contar con un plan de evacuación en caso de emergencia.
Además, deben existir profesionales como estimuladoras, fonoaudiólogos y psicólogos, cada uno con su hoja de vida en la que se incluya el récord policivo y certificado de buena salud.
Respecto a los menores, estos deben ser estimulados, contar con seguro, darles un menú nutricional y también se debe ofrecer el programa escuela para padres.
Sánchez indicó que todos estos requisitos se deben renovar anualmente y el precio ronda los $500. Además, los gastos que se generan en su negocio, por mes, están entre $4 mil y $5 mil para atender 67 niños.
NECESIDAD Y COBERTURA
Para Luz María de Kam, directora de Educación Inicial del Meduca, es imprescindible que estos centros de orientación infantil cuenten con personal adecuado.
Acotó que en muchos casos las personas no han logrado su título universitario, pero tienen vocación y años de experiencia. En ese sentido, mencionó que el Mides se ha comprometido en capacitarlas y en orientar a los centros que estén cumpliendo las reglas para que obtengan su permiso oficial.
Agregó que “los primeros cinco años de vida de las personas es la etapa más importante en su desarrollo, porque aquí se sientan las bases, no solo para hacer una inserción exitosa en la escuela primaria, sino las bases del individuo y su personalidad”.
Por su parte, Gaspar García de Paredes, miembro de la Fundación Unidos por la Educación de Panamá, respalda la opinión de Kam y explica que parte de las ilegalidades en los COIF es que “carecen” de suficientes docentes especializados en educación preescolar y no cuentan con un currículum diseñado para atender las necesidades de esta población.
Agregó que “desde esta etapa empiezan las reales debilidades de los estudiantes panameños y cuando nos evalúan en pruebas internacionales, salen a relucir”.
García de Paredes hizo un llamado para que estos centros no sean cerrados; por el contrario, sugirió que sus propietarios sean capacitados para que puedan ofrecer el servicio a la gran mayoría de los niños entre cero y cuatro años que no son atendidos.
De hecho, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República dan cuenta que en el país hay 248 mil 443 niños y niñas de entre cero y cuatro años.
De ese total, solo un aproximado de 12 mil 422 menores reciben esta atención en los 604 COIF oficiales y privados en todo el país.
Por ejemplo, los 104 COIF del Mides dan atención a una población de 3 mil infantes, mientras que los centros de atención privada brindan su servicio al resto.
Eso quiere decir que 236 mil 21 niños, principalmente en las áreas indígenas y zonas de difícil acceso, no cuentan con esta cobertura.
Incluso, un estudio denominado La educación en Panamá: cinco metas para mejorar estableció que, en 2010, la cobertura de la educación preescolar para niños entre cuatro y cinco años era de 65.3%; mientras que de cero a tres años, apenas era de 2.9%.
El documento, elaborado por la Fundación Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá, sostiene que esa cifra es consecuencia de que no es obligatorio para los padres enviar a sus hijos a recibir clases a esa edad.
NUEVOS CENTROS
Para ampliar la cobertura de la atención de estos niños, el Mides tiene previsto hacer una inversión que superará los $26 millones en este quinquenio.
El plan inicial es renovar y reestructurar los 104 que manejan en la actualidad.
La realidad es que casi el 95% de los centros que administra la entidad no tiene legalizadas la tenencia de tierras, no cuentan con electricidad y hasta poseen letrinas, lozas rajadas y techos dañados.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades de la entidad, es equipar y remodelar 25 centros por año, destinando un presupuesto de $250 mil a cada uno.
Además, se pretende abrir 25 COIF en todo el país al término de esta gestión.
Se intentó obtener una versión del Mici sobre este tema, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
