La crisis financiera que enfrentarán los programas pilares de la Caja de Seguro Social (CSS) ha propiciado la evaluación de fuentes de ingresos para salvar las pensiones.
El presidente Juan Carlos Varela se refirió al papel que pueden jugar los fondos del Canal de Panamá ampliado para enfrentar el problema, pero ya surgieron voces de rechazo.
Según Jaime Jácome, exsecretario de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el principal inconveniente es que una parte de esos recursos debe ser destinada a compromisos sociales, económicos, educativos y de salud que surgieron de esa instancia de consulta integrada por 23 organizaciones de empresarios, trabajadores y sociedad civil.
De hecho, la Ley 34 de junio de 2008 sobre responsabilidad social fiscal señala que los aportes para proyectos de la Concertación corresponderán al 35% de los ingresos anuales recibidos por aportes del Canal al Tesoro Nacional.
‘EL CANAL DE DEBE AUXILIAR A LA CSS’
Opiniones encontradas generó el anuncio del presidente de la República, Juan Carlos Varela, de “debatir qué rol puede jugar el Canal ampliado en el futuro de la estabilización del fondo de pensiones” de la Caja de Seguro Social (CSS).
Uno de los puntos más cuestionados en lo señalado por el mandatario es que una buena parte de los recursos obtenidos del Canal ampliado están comprometidos por ley para cumplir con las metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
Sobre este tema, Jaime Jácome, exsecretario de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2011-2015), explicó que destinar esos fondos para resolver los problemas financieros de la CSS viola la Ley 34 de junio de 2008 sobre responsabilidad social fiscal.
Esa norma señala que los aportes para la ejecución de proyectos de la Concertación, en el período posampliación de la vía interoceánica (2015-2025), corresponderán al 35% de los ingresos anuales recibidos en concepto de aportes del Canal al Tesoro Nacional.
“Estos aportes no serán menores a $500 millones anuales, ni podrán ser menores a $10 mil 735 millones durante el período 2015-2025”, sostiene la ley.
Jácome calificó como una “insensatez” pensar en esa opción, ya que “hoy serán los fondos del Canal de Panamá, pero mañana podrían ser los del Aeropuerto Internacional de Tocumen u otras instituciones para socorrer los programas de la Caja de Seguro Social”.
Para el exsecretario de la Concertación se debe realizar una modificación al régimen administrativo y financiero de la CSS, para mejorar el funcionamiento y manejo de sus recursos.
MALA DECISIÓN
El rector de la Universidad Santa María la Antigua y también participante de la Concertación, Juan Planells, subrayó que los fondos del Canal ampliado serán para metas relacionadas con seguridad, desarrollo social, económico, educación, vivienda, entre otros.
“Los fondos del Canal deben beneficiar a todos los panameños y no solo a un sector que cotiza en la CSS”, puntualizó.
Según Planells, el déficit de esa entidad debe ser solucionado entre sus autoridades y los propios cotizantes, con propuestas que pueden ir desde el aumento en la edad de jubilación hasta el de las cuotas.
“El Canal no debe auxiliar a la CSS, sino a todos los panameños o panameñas. Creo que se pueden buscar otras opciones”, dijo.
Estas declaraciones se dan en medio de recientes señalamientos de empresarios, trabajadores y la sociedad civil, debido al estado financiero de los programas de la CSS. Incluso, se plantea que el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el que se paga a 240 mil pensionados y jubilados, no podrá cubrirse en su totalidad a partir de 2018.
El director de la CSS, Estivenson Girón, también manifestó que de los mil 727 millones de dólares que tiene el Programa de Enfermedad y Maternidad (PEM), cuando acabe su gestión, o sea, en 2019, quedarían disponibles unos $100 millones, ya que se usará parte de sus fondos para saldar deudas de obras de la pasada administración y cubrir proyectos futuros.
OTRAS POSICIONES
El exdirector de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Roberto Troncoso manifestó que no se pueden estar gastando los fondos del Canal ampliado o el dinero antes de ganarlo.
“El Canal ampliado tiene que honrar la deuda por la construcción. Adicional a eso, deben dejarse reservas para mejoras y contingencias. Quedará un remanente muy pobre para la CSS y pienso que se debe ser más creativo”, sostuvo el empresario.
Troncoso considera que que con esa propuesta se quiere evitar un costo político, como ha sucedido en las últimas administraciones gubernamentales. “Siento que el Presidente se aventuró, ya que el Canal de Panamá tiene otras responsabilidades desde el punto de vista financiero”, concluyó.
En tanto, Guillermo Puga, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, argumentó que la opción planteada por Varela debe ser discutida en conjunto. “No es una mala alternativa, pero hay que consultarla con todos los sectores”, añadió.
Respecto a este tema, el Presidente especificó que la decisión final para evitar el colapso de la institución de salud se definiría en un gran diálogo nacional.
A la vez, mencionó que toca esperar cinco meses la culminación de la ampliación del Canal de Panamá, obra a la cual el Estado ha dedicado recursos por más de $6 mil millones.
Frente a estos señalamientos, Girón indicó que el Presidente “en reiteradas ocasiones se ha referido al respecto, pero que el tema indiscutiblemente tiene que ser evaluado una vez termine la ampliación y se analice cómo están los ingresos que tenga el Canal”.
Conforme con Girón, esa sería una decisión que le compete exclusivamente al Ejecutivo.
Esta semana, la junta directiva de la CSS informó que elevaría una petición al mandatario con el objetivo de que convoque a un “gran diálogo nacional”, cuyo fin sería tratar la situación financiera de esa institución.
Rafael Medina, representante de los jubilados en esa directiva, manifestó que es “urgente” una mesa de diálogo, aunque dijo no estar de acuerdo con algún aumento a la edad de jubilación o a las cuotas que pagan tanto patronos como trabajadores.
Con información de Rosalía Simmons
Girón niega despidos
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón, negó ayer que haya pedido la renuncia al director de Auditoría de esa entidad, Francisco Batista, ni tampoco al subdirector de Auditoría, Arturo Mondol.
Según el director de la CSS, “es completamente falso” que haya solicitado a ambos funcionarios sus cargos a disposición. “Ni voluntariamente ni por solicitud del director. Ambos funcionarios se mantienen en sus puestos”, acotó.
Tanto Batista como Mondol fueron los que elaboraron las auditorías relacionadas con el proyecto ciudad hospitalaria, ahora conocido como Ciudad de la Salud.
En dichas auditorías se mencionan supuestas anomalías, como que la obra fue adjudicada sin estudio de impacto ambiental y sin planos aprobados.
Por este caso, el Ministerio Público investiga al exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens y al exministro de Salud Javier Díaz. Incluso, a ambos se les impuso una medida de impedimento de salida del país.
