Está en duda la efectividad del programa “Barrios seguros con más oportunidades y mano firme” que adelanta el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desde el pasado mes de agosto y que intenta sacar a los jóvenes de las pandillas.
Dado que el bono de $50 solo puede ser utilizado para comprar alimentos y artículos de aseo personal, varios de los mil 753 jóvenes inscritos voluntariamente en el programa ofrecen el instrumento a compradores en supermercados de la capital y del distrito de San Miguelito.
En un recorrido hecho por este medio a través de varios supermercados, se confirma la tendencia en declaraciones de cajeras, empacadores y supervisoras de caja.
Los testigos señalan que los beneficiarios, de entre los 14 y 35 años de edad, operan en grupos de hasta 20 personas y por lo general van a los establecimientos los viernes después del mediodía.
Los jóvenes llegan directamente a consultar al Departamento de Atención al Cliente para confirmar si el bono está activo. Luego se ubican de dos en dos en las cajas y les proponen hacer el cambio a los clientes.
La escena que se repite todos los viernes lleva consigo un problema de seguridad tanto para los clientes como para los gerentes de los comercios, quienes se han visto obligados a contratar personal de la Policía Nacional (PN), además del personal privado de seguridad dispuesto en los establecimientos.
‘SE INVESTIGARÁ’
Las autoridades de Seguridad Pública desconocen esta irregularidad del programa.
José González, asesor del Minseg y coordinador de uno de los comités que adelantan la propuesta, indica que no han recibido ninguna denuncia, pero asegura que investigarán la situación para aplicar los correctivos.
Añade que podrían trabajar con las cadenas de supermercados para restringir el uso de los bonos, a través del estampado con nombre y cédula del beneficiario.
El funcionario señala que dejaron ya las armas los mil 753 inscritos, y que se han comprometido a cumplir con una serie de capacitaciones durante un período de seis meses. Esto con el fin posterior de ubicarlos en plazas de trabajo.
RESOCIALIZACIÓN
El sociólogo Marcos Gandásegui y el exdirector del Programa de Seguridad Integral del Minseg Manuel Zambrano coinciden en que en todos los jóvenes integrantes de los proyectos de resocialización no hay disposición de cambio, y que seis meses son insuficientes para ofrecer una mejor oportunidad de vida.
Según Gandásegui, para lograr la efectividad del programa se debe trabajar en el origen de los conflictos sociales. Es decir, en deserción escolar, carencia de valores morales, violencia y desintegración familiar.
A su juicio, los proyectos estatales se han enfocado en “atacar los efectos y no las causas de los problemas”.
Zambrano añade que no existe una fórmula que garantice resultados positivos. Pero sugirió como herramientas clave que se entienda que el problema tiene una base social, y establecer una metodología para reclutar a los muchachos hasta ubicarlos en un trabajo. Además de darles seguimiento.
Sugirió sustituir el dinero o los bonos por insumos materiales como bolsas de comida o brindarles la alimentación directa a los jóvenes en riesgo.
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
El proyecto se inició en lugares específicos como Colón, el distrito de San Miguelito, Panamá Oeste y en David, provincia de Chiriquí, por tratarse de sitios donde se concentra la mayor cantidad de pandilleros.
A los jóvenes se les ofrece una intervención psicosocial con cinco ejes fundamentales: espiritual, orientación y desarrollo personal, trabajo comunitario, capacitación, salud y familia. Aunque no se los exonera de las responsabilidades penales.
En la presentación oficial del programa, el director de la PN, Omar Pinzón, sostuvo que la idea es integrar a todas las instituciones y a la sociedad civil al trabajo preventivo en las calles, para sacar al individuo de los grupos delictivos. En esta plataforma se considera clave la capacitación y las posibilidades de estudio que reciban los jóvenes.
El objetivo de la administración es que se erradiquen en 2019 alrededor de 200 bandas en el territorio nacional, y entonces generar oportunidades de vida para unos cinco mil jóvenes miembros de los grupos al margen de la ley.
Las autoridades no han precisado cuánto se ha destinado en estos meses al programa. Sin embargo, informan que cuentan con un presupuesto de $7 millones para el próximo año.
