Cobro por daños ecológicos, un largo proceso

En esta administración, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha impuesto tres sanciones cuantiosas por daños ambientales en el país.

La primera se dio en julio de 2014 y se relaciona con la contaminación con atrazina del río La Villa, entre las provincias de Los Santos y Herrera. Esa vez, las autoridades multaron a la empresa Campos de Pesé S.A., por un monto que superó los $600 mil.

Más de un año después, la entidad notificó a la Constructora Alfa, S.A. de una sanción de $1.4 millones por infracción ambiental en la llamada Zona Procesadora de Cárdenas, en Ancón.

Su desarrollo fue adjudicado, en 2003, para la extracción piedra, sin embargo, durante la explotación de la concesión, las autoridades detectaron daños al cuerpo de agua colindante con el polígono, es decir, el río Cárdenas.

La más reciente multa fue a las empresas Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) por $775 mil e Hidráulica San José, por $450 mil, al detectarse irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el secretario general de MiAmbiente, Félix Wing, solo en el caso Barro Blanco encontraron anomalías en siete informes ambientales de seguimiento a la obra.

No obstante, para el cobro de las sanciones, las autoridades enfrentan varios problemas, entre ellos, la dilatación de los procesos legales de parte de las empresas.

De hecho, en la actualidad las tres compañías mencionadas presentaron recursos de reconsideración, que aún no han sido resueltos por Mi Ambiente.

Para Wing, es común que las empresas traten de agotar la vía gobernativa para luego acudir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Cuando el caso llega allá, el proceso puede durar años”, acotó.En estos tres casos, las firmas comerciales informaron que actuaron de forma correcta y en apego a las normas.

Incluso, Genisa destaca que las pruebas expuestas ante las autoridades dan fe del “correcto actuar de ambas empresas” relacionadas con el proyecto hidroeléctrico.

PRECEDENTES

Ya hay precedentes de sanciones millonarias por daño ambiental, resueltas a favor de las empresas en la Salta Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Por ejemplo, en 2013 se declaró nula una resolución de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se multaba al Grupo Shahani con $877 mil 793, por incumplir la norma ambiental y talar bosques en el distrito de San Carlos, Panamá Oeste.

La Sala Tercera también suspendió una sanción de más de $1 millón a Petaquilla Gold por actividad minera entre Colón y Coclé.

El activista y exdirector de Legal de la desaparecida Anam Harley Mitichell hijo sostuvo que en su gestión llegaron a cobrar multas por la construcción de la urbanización Prados del Este, en el corregimiento 24 de Diciembre, inundada el 17 de septiembre de 2004. La multa fue de más de un $1 millón.

También recuerda una sanción, en 2007, a a Petroterminal de Panamá por un estimado de de $2 millones 4 mil 678, relacionada con el derrame de crudo en Chiriquí Grande, Bocas del Toro. “Esta también fue cancelada en su momento”, destacó.

No obstante, reconoció que no corrieron con la misma suerte en casos como Petaquilla y Desarrollo Vista Mar, en San Carlos.Para Mitchell, las empresas tienen todo el derecho de recurrir a esos recursos legales, siempre y cuando no haya abusos.

“Para eso es necesario que los funcionarios, administrativos y judiciales resuelvan estos recursos rápidamente, para que los mismos no se conviertan en una práctica dilatoria”, añadió.

En tanto, Susana Serracín, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, califica como “lamentable” que en muchas ocasiones esos delitos queden impunes.

Para Serracín, son evidentes los daños ocasionados en proyectos como Petaquilla y Barro Blanco, por lo que manifiesta que las empresas deben ser más responsables.

Precisamente, en el caso de Petaquilla, ahora MiAmbiente adelanta un proceso de licitación para la limpieza del área de contaminación y estabilización de estructuras mineras dentro del proyecto.

Las autoridades alegan que la compañía ha dejado en abandono la mina Molejón y la licitación pretende que se haga tratamiento y bombeo del agua de lluvia que se ha acumulado en las tinas de relave.

Además, de fortalecer e impermeabilizar los taludes, limpiar los suelos con hidrocarburos y dar mantenimiento a ciertos espacios abandonados.

INTERESES

Serracín manifiesta que el Órgano Judicial no cuenta con los instrumentos técnicos para tomar una acertada decisión en estas situaciones. “Hay muchos intereses millonarios en estos temas”, dijo.

No obstante, plantea que ante este escenario lo mejor es que las autoridades ambientales se centren en la prevención de los delitos ecológicos que se comenten en el país.

Para ello, sugirió estar más vigilantes y levantar informes de seguimiento a los estudios de impacto ambiental y a los mismos proyectos desde minas, hidroeléctricas y construcciones en general.

“Hay que atacar con antelación cualquier futuro daño ambiental”, concluyó.

Por su lado, Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, considera que todos estos recursos que presentan las firmas comerciales están permitidos por la ley, cuando consideran que no se cumple con el debido proceso.

Reconoció que en algunos casos hay empresas que violan leyes ambientales y es allí donde las instituciones deben velar porque se protejan los recursos naturales.

“Hay empresarios respetuosos de las normas y otros no tanto”, puntualizó.

Explicó que muchas de estas multas no cumplen su cometido porque no se siguió al pie de la letra por parte de las autoridades los términos que establecen las normas.