La Región Metropolitana del Ministerio de Ambiente rechazó la solicitud de la promotora Coco del Mar PTY, S.A. para la colocación de una planta dispensadora de concreto en el corregimiento de San Francisco.
Esta empresa había presentado ante el Ministerio de Ambiente una solicitud para modificar el estudio de impacto ambiental categoría I aprobado en julio pasado para la construcción del proyecto residencial Riviera del Golf, ubicado entre la vía Cincuentenario y la calle 79 este de Coco del Mar.
A través de esa modificación, Coco del Mar PTY solicitó cambiar el nombre del proyecto de “Rivera del Golf” a “Riviera del Golf”, así como colocar la planta de concreto.
En el informe ambiental presentado por la compañía se indicaba que mediante la colocación de la concretera se reduciría las afectaciones al tráfico en el área, se disminuiría el riesgo de accidentes, atenuaría los residuos de concreto en la calle y se evitaría el ruido.
No obstante, por medio de una nota emitida el pasado 16 de septiembre, la Dirección Metropolitana de Ambiente decidió aprobar el cambio de nombre del proyecto, pero rechazó la mezcladora de concreto.
En el documento se indica que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, la colocación de la concretera “constituye una nueva obra o actividad contenida en la lista taxativa”, que requiere de forma obligatoria de un nuevo estudio ambiental.
María de los Ángeles Bajura, directora de la Región Metropolitana, dijo que lo que corresponde a la empresa es “continuar con la ejecución de su proyecto”, de acuerdo con las metodologías establecidas en el estudio de impacto ambiental categoría I aprobado el 6 de junio de 2016.
Es decir, el estudio solo fue aprobado para la construcción de un edificio de 26 pisos, mas no para la planta de concreto. Al consultar a la promotora sobre esta decisión, respondió que ya se había notificado de la resolución.
“Acatamos lo establecido por las autoridades y estamos estudiando cómo procederemos”, señaló la empresa en un escueta nota.
INSATISFACCIÓN
Pese a que los vecinos de Coco del Mar dijeron sentirse complacidos con la decisión de las autoridades ambientales, apuntaron que el problema de raíz persiste.
Katia Rojas, una de las voceras de los residentes, opinó que “hubiese sido un exabrupto intentar colocar una concretera en un barrio residencial de baja densidad”.
Agregó que la actuación del Ministerio de Ambiente en esta ocasión fue en apego a la norma y a las leyes.
Por su parte, Steve Kardonski, presidente de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, dijo que si bien este ha sido un “buen paso”, no es la “raíz del problema”.
Detalló que el verdadero inconveniente es que las autoridades continúan aprobando la construcción de nuevos inmuebles en el corregimiento de San Francisco, a sabiendas de que la zona está colapsada.
Kardonski precisó que los cambios de uso de suelo “ilegales” y la “indiferencia” de las autoridades han provocado problemas de tráfico, alcantarillado y agua potable en el corregimiento, lo que ha desmejorado la calidad de vida de quienes allí residen.
El dirigente comunitario hizo un llamado a la Alcaldía de Panamá y al Consejo Municipal para que suspendan la expedición de nuevos permisos de construcción hasta que no se culmine el plan de ordenamiento territorial que se ejecuta en la zona.
CAOS URBANO
Para los ambientalistas, lo que ocurre en el tema de las construcciones es producto de la falta de planificación y coordinación entre las autoridades del país.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), subrayó que la actuación del Ministerio de Ambiente se basó en el uso de suelo del lugar, que es de baja densidad, aunque consideró que durante el proceso de evaluación del proyecto no fueron comprendidas y analizadas todas las repercusiones que implican un proyecto de esas características en la zona.
A su juicio, lo que hizo el ministerio fue tratar de “enmendar” un daño que está hecho y que va a llevar, a su vez, a otros probables problemas en la comunidad.
Para subsanar este tipo de inconvenientes, Ramos sugirió hacer cambios profundos en el sistema de evaluación de las obras para que estos sean “más rigurosos”, que se respeten los usos de suelos determinados y que, además, se confeccionen planes de ordenamiento territorial para el país.
Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial efectúa una actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la región metropolitana de Panamá y Colón.
El documento fija la hoja de ruta para el desarrollo ordenado en aspectos como saneamiento, electrificación, infraestructura, vías y sistema de transporte y otros.
Se estima que ejecutarlo requiere una inversión de $20 mil millones en un periodo de 25 años. Además, la Alcaldía informó que licitará un plan de ordenamiento para todo el distrito de Panamá.
