El Ministerio de Salud (Minsa) ha presentado 10 denuncias en el Ministerio Público, en su mayoría por supuestas irregularidades en proyectos hospitalarios.
Un informe elaborado por la Dirección de Legal de esa entidad precisa que nueve de esas denuncias tienen que ver con la pasada administración (2009-2014), y una relacionada con el presente gobierno.
Según el documento al que tuvo acceso este medio, se investigan aparentes anomalías contra la administración pública en los Centros de Atención Primaria Minsa-Capsi en Cuipo, provincia de Colón, así como en el de Río Sereno en Chiriquí y Cartí, en la comarca Guna Yala.
Estas instalaciones de salud tenían un costo de entre 5 millones y 10 millones de dólares.
En el caso del Minsa-Capsi en Cartí, por ejemplo, la comunidad más cercana a la obra está a unos 20 kilómetros y la electricidad a 30 kilómetros de distancia.
También hay denuncias por anomalías en la compra de combustible en la región de Guna Yala.
Otra de las querellas por delitos contra la administración pública guarda relación con el contrato para traslados aeromédicos para la evacuación de pacientes en estado grave en áreas de difícil acceso, por cerca de 7 millones de dólares.
Miguel Mayo, ministro de Salud, señaló que las denuncias fueron elaboradas por la Dirección de Legal. Mayo fue nombrado a mediados de este año en el cargo que antes desempeñaba Francisco Javier Terrientes. “Se hizo una auditoría y la ley te obliga a presentar una denuncia”, puntualizó.
De hecho, planteó que siguió muy de cerca la denuncia que presentó la entidad contra Grimaldo Córdoba por el delito contra la fe pública, relacionado con el ejercicio ilegal de la profesión. Córdoba fue nombrado por este gobierno en la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa.
HOSPITALES, EN LA MIRA
Otra de las supuestas faltas encontradas y que fueron denunciadas apuntan a la adquisición de 20 ambulancias en 2009. Asimismo, se denunció posibles fallas en el contrato para la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo, en la provincia de Coclé.
En lo que respecta a proyectos de mayor cuantía, hay una querella por aparentes anomalías en los hospitales de Metetí, en Darién; Bugaba en Chiriquí, Manuel Amador Guerrero en Colón y Luis Chicho Fábrega, en la provincia de Veraguas.
Los contratos originales firmados en 2010 para estos cuatro hospitales eran por la suma de 237 millones de dólares, pero en los siguientes tres años a cada contrato se le fueron sumando hasta tres adendas, lo que incrementó el costo a 300 millones de dólares.
Sobre este caso, Mayo explicó que si bien continuaron con la construcción de varios de estos proyectos que estaban detenidos, los procesos judiciales siguen su curso. “Los arreglos para finalizar estas obras no deben afectar las investigaciones”, acotó.
De acuerdo con el documento del Ministerio de Salud, una buena parte de estas denuncias está en las fiscalías anticorrupción.
CASOS SENSIBLES
Para Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, las investigaciones relacionadas con supuestos desvíos de fondos públicos en materias como la salud y la educación deberían despertar una “sensibilidad especial” en el Ministerio Público, por el mensaje que hay detrás.
Según Gasnell, las sanciones ejemplares que se impongan en estos casos permiten hacer una conexión directa entre la corrupción y la afectación al mejoramiento de la calidad de vida, principalmente de la gente más humilde y necesitada.
“Debería haber explicaciones periódicas del Ministerio Público sobre el grado de avance de estas denuncias, y de los problemas que no le permiten avanzar en estas investigaciones”, aportó.
Por su parte, Domingo Moreno, coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, lamentó que, además de las posibles faltas cometidas durante la ejecución de estas construcciones también se hayan hecho sin planificación.
“En la pasada administración todos los contratos para hospitales eran llave en mano. Nosotros hicimos denuncias públicas y pienso que estas denuncias del Minsa están muy tarde”, señaló el dirigente médico.
Lamentó que en casos como el Hospital de Metetí, en Darién, cuando se encendía la estructura médica todo el pueblo se quedaba sin energía eléctrica.
Mencionó que desde hace 20 años existen investigaciones que precisan dónde se deben ubicar esas estructuras, como parte de una red para brindar atención a la población en riesgo.
QUIEREN RESULTADOS
En tanto, el representante del Comité de Protección al Paciente y Familiares, Roger Barés, sostuvo que hay “muchas dudas” porque han transcurrido dos años de este gobierno y no hay nadie en prisión por estos contratos y obras.
“Muchas denuncias no se presentaron, y ya no se van a presentar. No hemos visto ningún exfuncionario del Minsa detenido”, dijo.
El representante de los pacientes manifiesta que hay silencio, mientras el dinero se perdió en obras inconclusas. “Aquí le robaron a la salud de la población panameña. No eran ni autos ni bicicletas, sino instalaciones para la atención de personas enfermas”, agregó.
