Cada año en Panamá, más de 10 mil embarazos corresponden a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, lo que equivale al 31% del total que se registra en el país, según los informes de 2014 y 2015 del Ministerio de Salud (Minsa) denominados Proporción de adolescentes embarazadas.
El número de embarazos precoces este año no parece que vaya a disminuir, ya que los reportes estadísticos indican que 3 mil 904 niñas y jóvenes se reportaron hasta abril pasado. En abril de 2015, la cifra ascendía a 3 mil 458, es decir, 446 casos menos.
El documento detalla que la provincia de Panamá lidera la tabla, con mil 536 casos; seguida por la comarca Ngäbe Buglé con 648 casos y Chiriquí con 548. La cantidad total representa el 31.9% de las 12 mil 240 mujeres embarazadas que ingresaron al sistema de control de esa entidad.
En 2015, el Minsa registró un total de 10 mil 976 niñas y adolescentes de las edades mencionadas en estado de gravidez; 241 más que en 2014, cuando los números sumaron 10 mil 735 adolescentes gestantes.
Estas cifras no incluyen los reportes de la Caja de Seguro Social ni de las clínicas privadas.
Por otro lado, datos del Minsa precisan que el 56.5% de las 14 mil 631 personas infectadas con VIH en todo el país tiene entre 10 y 39 años de edad. Ante esta situación, expertos en el tema plantean que las estadísticas son un reflejo latente de la realidad a la que se enfrenta el país, en la que la educación sexual sigue como asignatura pendiente en el sistema educativo.
Edilma Berrío, analista del programa de Adolescencia, Juventud y Educación en Sexualidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), expresó que los números muestran que los programas de las organizaciones de la sociedad civil sobre educación sexual no están funcionando, y las cifras lo reflejan.
Acotó que para que un país enfrente con éxito esta situación necesita contar con políticas públicas dirigidas a la prevención de estos embarazos y a las infecciones de transmisión sexual.
Sin embargo, Panamá no cuenta con las herramientas, porque desde las escuelas no se da de manera articulada y sostenida educación integral en sexualidad. Por ello, la necesidad de contar con un marco legal sobre el tema, explicó.
Para Berrío, los embarazos en adolescentes perpetúan el círculo de pobreza, porque al abandonar la escuela son pocas las posibilidades de seguir adelante y tendrán hijos viviendo en pobreza.
La socióloga y miembro de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad Rubiela Sánchez manifestó que es lamentable que, a pesar de las evidencias científicas sobre la necesidad de implementar una educación que comprenda la formación veraz y científica sobre salud sexual y reproductiva, aún en el país no se logre legislar sobre el problema.
De hecho, Sánchez mencionó que por años la discusión del problema ha estado en el tapete, pero que no hay avances.
“Es de urgencia notoria que se retomen las discusiones sobre las adolescentes embarazadas tan pronto se inicien las sesiones legislativas”, sostuvo.
HISTORIA DE PROYECTOS
Desde 2008, la educación sexual es objeto de una intensa polémica, tras la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley con el que el Ejecutivo busca adoptar políticas públicas inherentes a la materia.
La primera iniciativa fue presentada por la entonces ministra de Salud, Rosario Turner. Se trata del proyecto de ley 442 sobre los derechos sexuales y reproductivos, que fue suspendido supuestamente por “no tener el consenso necesario”.
Tres años después, en 2011, la diputada del partido Cambio Democrático Marylín Vallarino llevó el proyecto 305 que pretendía garantizar educación y salud a las estudiantes embarazadas, además de ofrecer educación sexual en los centros educativos. No obstante, corrió con la misma suerte.
Nuevamente la discusión se reanudó en la Asamblea Nacional, en agosto de 2014, cuando el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames presentó el proyecto de ley 61, con la finalidad de establecer las bases normativas para la protección y atención sexual y salud reproductiva, pero recibió el rechazo de la sociedad civil.
El debate de las adolescentes embarazadas se retomó, luego de que la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional presentara, el pasado 14 de abril, la iniciativa legislativa 330 que busca modificar y adicionar artículos a la Ley 29 de junio de 2002 que garantiza la salud y educación de la adolescente embarazada.
TEMA DE AGENDA
La presidenta de la comisión, Marylín Vallarino, señaló que el pleno legislativo mantiene en su agenda para el próximo período debatir sobre las menores en estado de gravidez.
Recordó que a las normas de embarazos en adolescentes se le realizaron cambios, con miras a darle efectividad a estas legislaciones que se han convertido en letras muertas.
El diputado y jefe de la bancada del partido Panameñista, Luis Eduardo Quirós, indicó que el tema de educación sexual no ha sido abordado por parte de la bancada, pero es consciente de que hay diferentes posiciones.
Quirós recalcó que es una propuesta legislativa que debe ser tratada con responsabilidad.
En tanto, Dana Castañeda, jefa de la bancada de Cambio Democrático, informó que las propuestas legislativas serán discutidas por la bancada en los próximos días para adoptar una posición al respecto, pues el aumento de las cifras de niñas y jóvenes embarazadas es alarmante.
Por su parte, el jefe de la bancada del PRD, Ausencio Palacio, indicó que el tema ha sido analizado por la bancada, ya que una de las propuestas que hay en la Asamblea fue presentada por uno de sus miembros.
GUÍAS DE SEXUALIDAD
Hasta el momento, el único paso dado sobre educación sexual integral, aparte de las iniciativas legislativas presentadas a la Asamblea, es la que lleva adelante el Ministerio de Educación (Meduca) en conjunto con el Unfpa desde julio de 2015, y son las guías sobre educación sexual integral con la finalidad de incluirlas en el currículo educativo.
Se trata de cinco manuales (para los niveles de primaria, premedia y media, adolescentes embarazadas y padres de familia), que permitan capacitar y dar las herramientas al personal técnico de los gabinetes psicopedagógicos, maestros y profesores para que estos transmitan el conocimiento a la población estudiantil, a través de materias transversales como ciencias naturales y religión.
Representantes del Meduca y el Unfpa aseguran que esos manuales no llegarán a las manos de los estudiantes, ya que son destinados para personal educativo. Además, que todo su contenido está basado en valores, habilidades para la vida y derechos humanos.
Las primeras guías serán revisadas hoy, y mañana martes, por expertos de la Universidad de Panamá, organizaciones gubernamentales y miembros de la sociedad civil, informó mediante una nota el viceministro de Educación, Carlos Staff.
En ese sentido, Juan Francisco de la Guardia, presidente de la Alianza Panameña por la Vida y Familia, indicó que solo fueron invitados a participar dos de las muchas organizaciones que pertenecen a la alianza.
De la Guardia añadió que desconocen el contenido de las guías, porque no han sido publicadas.
El Unfpa, que tiene presencia en 150 naciones, ya ha contribuido en varios países para abordar el tema. El costo de las guías, que se elaboran, es de 60 mil dólares.
