La Alcaldía de Panamá elaboró dos estudios ambientales para el proyecto de revitalización de la vía España, que adjudicó a la constructora Norberto Odebrecht por 90 millones de dólares.
Según el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, se presentaron dos estudios porque la fase de la peatonal era de mayor “complejidad” y requería que fuera categoría 2, mientras que la otra etapa (vía España, Justo Arosemena y avenida Ecuador) será categoría 1.
Manuel Pimentel, director de Evaluación y Ordenamiento del Ministerio de Ambiente, explicó que la normativa permite a los promotores presentar dos estudios sobre un mismo proyecto, sobre todo si estos difieren en tiempo y espacio de ejecución. “En este caso se refiere a proyectos en espacios físicos diferentes”, dijo.
Ambientalistas y grupos de la sociedad civil criticaron la acción, porque alegan que se busca “minimizar” el impacto de la obra.
Susana Serracín, del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que si se hubiese presentado un solo estudio sería de categoría 3 y requeriría de una consulta pública más amplia.
EVALÚAN EIA DE OBRAS EN LA PEATONAL
La Alcaldía de Panamá presentó el estudio de impacto ambiental (EIA) para realizar mejoras a la peatonal, desde la plaza 5 de Mayo hasta el parque de Santa Ana.
Ese proyecto forma parte de la revitalización de la vía España, que ese gobierno local adjudicó en medio de una polémica licitación a la constructora brasileña Norberto Odebrecht por cerca de $90 millones.
No obstante, los responsables de esta obra decidieron elaborar dos estudios de impacto ambiental: uno para la etapa que corresponde a los trabajos en la peatonal y otro para la vía España.
De acuerdo con el EIA que en estos momentos es evaluado por el Ministerio de Ambiente, las obras desde la plaza 5 de Mayo hasta el parque de Santa Ana tienen un valor de casi $20 millones.
El recorrido donde se realizarán todas las actividades concernientes al desarrollo de la obra posee una longitud de casi 1 kilómetro [820 metros].
La obra implica la demolición de aceras donde sea necesario para recuperar los espacios públicos y construir nuevas aceras, así como el soterramiento de cables eléctricos, telecomunicaciones e iluminación.
Según el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, se elaboraron dos estudios de impacto ambiental, porque la parte de la peatonal era la de mayor “complejidad” y requería una categoría 2, mientras que la otra fase, que comprende vía España, Justo Arosemena y avenida Ecuador, será categoría 1.
Además, subrayó que están proponiendo al Gobierno que se aprueben incentivos, como los del Casco Antiguo en el corregimiento de San Felipe, para que propietarios de edificios renueven sus antiguas estructuras o recuperen sus fachadas.
DUDAS POR DECISIÓN
La decisión de dividir los estudios de impacto ambiental generan dudas entre ambientalistas, urbanistas y grupos de ciudadanos.
Susana Serracín, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, señaló que segmentar estos estudios busca de alguna manera hacer ver que los impactos no son mayores. “Si se hubiese presentado un solo estudio, seguramente debía ser categoría 3, por lo que iba a tardar más tiempo su aprobación y requería una mayor consulta pública”, puntualizó.
Mientras que la presidenta de la Red Ciudadana Urbana, María Chávez, argumentó que todo proyecto que implica intervención en un área debe ser consultado con la comunidad. “Consideramos que este estudio ambiental debió ser de mayor categoría”, acotó.
En tanto, el urbanista y expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Ulises Lay dijo que si destinarán $20 millones en la peatonal, deben garantizar su mantenimiento y que se prohíba la llegada de vendedores informales.
De acuerdo con Manuel Pimentel, director de Evaluación y Ordenamiento del Ministerio de Ambiente, la normativa permite a los promotores presentar dos estudios sobre un mismo proyecto, sobre todo si estos difieren en tiempo y espacio de ejecución. “En este caso se refiere a proyectos en espacios físicos diferentes”, dijo.
Comunidades demandan mayor consulta
OBRAS. Toda actividad humana tiene efectos sobre su entorno. Aquellos efectos que alcanzan una escala de intensidad o de perjuicio potencial o real de cierta magnitud, sobre comunidades y ecosistemas, requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental.
El Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009 desarrolla el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y de acuerdo con esta norma, existen tres categorías de estudios de impacto ambiental, las cuales dependerán del tipo de actividad, la zona de impacto y la clase de afectación que puedan causar.
Para los proyectos o actividades que se consideren objeto de un análisis categoría 1, solo basta con una declaración jurada notariada por parte del promotor y del consultor ambiental para que la obra reciba su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente.
En los proyectos de categoría 2 y 3, el promotor deberá presentar un estudio ambiental que incluya la consulta pública de los vecinos y comunidades afectadas.
La legislación permite que un proyecto que tenga varias etapas, o incluya un conjunto diferenciado de actividades, pueda fragmentar su evaluación de forma tal, que para las actividades de menor impacto pudiera presentar una simple declaración jurada para así poder iniciar el proyecto lo más rápido posible, mientras los otros estudios son preparados para su evaluación por parte de las autoridades.
El Municipio de Panamá optó por hacer esto con su proyecto de renovación de aceras. De esta forma, aquella parte del proyecto que tenía impactos mínimos, puede avanzar sin mayores obstáculos, mientras los aspectos más complicados son sujetos a una evaluación ambiental de categoría 2.
Esta es exactamente la misma práctica que han hecho algunos promotores cuestionados por la comunidad. La sociedad civil percibe que no le fue proporcionada, de manera oportuna, toda la información adecuadamente.
