El Gobierno dejó sin validez la venta de la isla Largo Remo, en la provincia de Colón, en la que se pretendía poner en marcha el muelle multipropósito Puerto Verde Panamá Atlántico, un proyecto del consorcio español SMC Barcelona.
La decisión fue tomada luego de que la pasada administración gubernamental (2009-2014) autorizara a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la negociación de 126 hectáreas de esa zona.
Según las actuales autoridades del MEF, el gobierno anterior inició el trámite, pero no se prosiguió, por lo que en la actualidad la propiedad está bajo la administración de la UABR.
“En cuanto se tome una decisión sobre su uso final, se estará informando”, señala una misiva enviada por esa entidad.
Puerto Verde consistía en una terminal marina que tendría como objetivo atender la demanda futura de servicios marítimos y suministro de combustible para los barcos postpanamax que pasarán por el Canal, una vez ampliado. Además, serviría como puerto complementario para el atraque de los barcos de mayor dimensión que no pasarán por la vía acuática; es decir, los llamados súper postpanamax.
El estudio de impacto ambiental que presentó el consorcio SMC Barcelona en el Ministerio de Ambiente para este proyecto mencionaba que se escogió el sitio por su estratégica posición geográfica para la oferta y demanda de servicios marítimos vinculados con la expansión del Canal.
Igualmente, planteaba que el costo global estimado de la obra era de $7 mil 972 millones, incluyendo los costos directos e indirectos, administración, construcción, pruebas, mitigación ambiental y puesta en ejecución de los trabajos durante los siete años.
Zuleika Pinzón, directora nacional de Gestión Integrada de Mares y Costas del Ministerio de Ambiente, señaló que el estudio para ese megapuerto no fue aprobado por la actual administración gubernamental. “Por el momento se mantiene tal cual y como está. Toda esa zona es un área de arrecifes y manglares que contribuye a mantener esa zona marina”, puntualizó.
De hecho, en su momento, organizaciones ambientales, como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), cuestionaron esta propuesta portuaria, pues implicaba el impacto sobre más de 150 hectáreas de manglares de Colón.
Isaías Ramos, biólogo del CIAM, sostuvo que el Ministerio de Ambiente hizo bien en no avalar ese proyecto, debido a las consecuencias negativas que tendría para los ecosistemas del área.
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
En España, autoridades judiciales abrieron investigaciones contra empresarios de ese país por inversiones en obras de Panamá que podían “suponer un lavado de dinero”. Dentro de esas obras se mencionaba este proyecto portuario.
Sergi Sugranyes, representante en Panamá de Puerto Verde, confirmó que sí hubo investigaciones por supuesta estafa y lavado de dinero, pero que fueron archivadas a finales de 2015, ya que las acusaciones presentadas no tenían sustento.
Según Sugranyes, como consorcio, seguirán realizando los trámites y gestiones precisos para esta obra.
“Puerto Verde es además un proyecto integrado al territorio y con sentido para Colón, que ayudará al desarrollo de la zona en diversas áreas de crecimiento, como el turismo, la capacitación y la generación de empleo”, indicó el inversionista.
De igual modo, añadió que para la conformación del puerto se está planteando el desarrollo de infraestructuras de salud, servicios básicos como el agua, gestión de desechos sólidos y generación de energía.
