El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión expresaron este viernes 4 de noviembre su más profunda preocupación y rechazo por la intención del gobierno del presidente Juan Carlos Varela de atribuirle a la llamada “Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión” facultades que buscan regular los medios de comunicación, su contenido editorial y por ende la libertad de expresión.
La reacción de los gremios surge luego que se conociera de la “propuesta borrador de normas que reglamentarán los artículos de la Ley 82 No. de 2013, que atribuyen responsabilidad al Ministerio de Gobierno en temas de medios de comunicación social”.
Este borrador sería presentado el próximo 8 de noviembre en el Consejo de Gabinete, para luego ser enviado a la Asamblea Nacional.
Ante esta situación, los gremios mencionados recuerdan que Panamá, por ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que obliga al respeto incondicional de sus principios.
“Por lo tanto, debe defender la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, ya que es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, tal como lo reafirma el principio uno de la Declaración de Libertad de Expresión de la OEA”, enfatizan los gremios periodísticos.
El comunicado de los gremios concluyó reiterando su rechazo a “todo intento que busque limitar de cualquier forma los derechos fundamentales de los ciudadanos, imprescindibles para la sostenibilidad de la democracia, entre estos, principalmente, la libertad de expresión y la de estar informados, al tiempo que alertamos a la ciudadanía en general a prestar atención sobre este tema”.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, declaró sobre la propuesta borrador que espera que luego de una reunión con los dueños de los medios de comunicación, que será el 8 de noviembre, ellos puedan convencer al Comité de Ética del CNP que revise las conductas señaladas como violatorias de la ley.
"Esa propuesta se hace con la intención de que si el Ministerio de Gobierno le correspondiera aplicar una multa, no sea por la decisión de la entidad gubernamental, sino por una recomendación de un organismo independiente, que representa a propietarios, periodistas y el campo académico", indicó Henríquez.
Henríquez explicó que la propuesta borrador es con el fin de reglamentar una ley que se aprobó en la pasada administración gubernamental, que busca evitar que se agreda a la mujer.
Por su lado, el presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Atenógenes Rodríguez, recordó que el comité que preside “es autónomo en sus decisiones y al momento de recibir las denuncias y establecerse en tribunal, actúa independiente a toda influencia externa”.
El Comité de Ética del CNP, enfatizó Rodríguez, “promueve sanciones morales, que sean usadas como ejemplo futuro de buenas prácticas para los medios de comunicación miembros”.
Además reiteró que el comité “no puede aceptar ejercer funciones de policía o fiscalizador para ningún ministerio o entidad pública ni tampoco como brazo ejecutor de una ley”.
Por lo tanto, “ser parte de un proceso administrativo o penal propiciado por el Estado significaría poner fin a la independencia del Comité de Ética y del Consejo Nacional de Periodismo”.
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