Agentes de la Policía Nacional desalojaron la tarde de este lunes 23 de mayo de 2016 a los indígenas de la Iglesia de Mama Tatda que se mantenían en campamentos a orillas del río Tabasará, para protestar contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Clementina Pérez, líder espiritual, dijo que los policías llegaron al sitio y empezaron a llevarse a la mayoría de los integrantes de este grupo indígena. "Se han llevado a la fuerza a niños, mujeres, a todos los hombres los montaron en patrullas", afirmó Pérez. La líder denunció también que la Iglesia instalada en el sitio también iba a ser demolida. "Nosotros somos de esta área... no pueden sacarnos de aquí", afirmó.Una fuente policial en el área dijo que no se registraron enfrentamientos al momento de desarrollar esta acción. Aseguró que tampoco se han dado detenciones.
Los ministros Milton Henríquez (Gobierno), Luis Ernesto Carles (Trabajo) y el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Roberto Meana, se trasladaron este lunes al área del proyecto hidroeléctrico para conversar con los indígenas, luego de que se anunciara que este martes la central hidroeléctrica Barro Blanco, propiedad de la empresa Generadora del Istmo, S.A., (Genisa) empezará el llenado de su embalse. El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, también acudió a esta zona, para explicar a los indígenas en qué consiste el plan que se desarrollará en el proyecto, así como el protocolo de seguridad que será activado. Según la Asep, el llenado es de carácter temporal y permitirá realizar las pruebas que sean necesarias para examinar los elementos que componen esta central hidroeléctrica y su conexión al sistema eléctrico nacional.Donderis subrayó que las comunidades cercanas al proyecto no corren ningún riesgo ante el inicio de estas pruebas. Tanto el Sinaproc como la oficina de seguridad del Cuerpo de Bomberos velarán por el cumplimiento de todos los protocolos, según el funcionario. "Se trata de un procedimiento normal que se pondrá en marcha", añadió.
RESISTENCIA
Los indígenas que se mantenían a las orillas del río Tabasará se habían resistido a ser desalojados de este lugar, donde permanecieron por varios meses.
"El pueblo de la Iglesia de Mama Tatda sigue con pie firme en la petición de la cancelación [del proyecto] y no hay vuelta atrás”, había dicho Pérez, antes de ordenarse el desalojo definitivo.
La dirigente había explicado que fue en horas de la mañana que le notificaron que debían salir de allí, por el peligro que representaba su permanencia con el inicio de las pruebas.
Según estimaciones de Pérez, son cerca de 500 las personas que se encuentran en estos campamentos y que se verían perjudicados por las pruebas. Comunidades como Quebrada Caña, Kiat y Nuevo Palomar, entre otras, también se verían afectadas por los trabajos.
EVALÚAN ACCIONES
En su comunicado emitido el domingo sobre el tema, la Asep señaló que el proceso de llenado "ha sido debidamente comunicado con las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé", así como a varias comunidades aledañas.
Consultados sobre el tema, los líderes indígenas Toribio García y Manolo Miranda dieron a conocer que no fueron consultados con antelación.
"El Gobierno pactó con las personas equivocadas, quienes se autodenominan líderes de la comarca indígena", sostuvo García. "La compuerta no debe cerrarse ni hoy ni mañana", añadió.
García dijo que el pueblo y sus distintas bases en todo el país se están organizando para rechazar dichas pruebas. "Estamos dispuestos a dar el todo por el todo para defender nuestros derechos", subrayó, aunque indicó que todo será de forma pacífica.
Por su lado, el dirigente Miranda aseguró que el Gobierno habla del respeto a la seguridad jurídica de la empresa, en este caso Genisa, pero no piensa en la seguridad de la población.
"Los caminos de accesos cerca del río se perderán… habrá que inventar un nuevo camino… potreros, árboles y plantaciones a orillas también se verán perjudicados", comentó Miranda. Por ello, "no nos quedaremos con los brazos cruzados".
Según la Asep, todo este proceso forma parte de los acuerdos firmados entre la Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco, la comisión técnica y las autoridades tradicionales de la comarca en agosto de 2015. La entidad remarcó que el llenado definitivo y la operación no iniciarán hasta tanto culminen finalicen los acuerdos de las mesas técnicas del diálogo.
Con datos de Sandra Alicia Rivera
Comunicado de la Comisión de Alto Nivel
La Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco reitera que el periodo de prueba de la central hidroeléctrica de Barro Blanco es de carácter temporal y limitado y se realizará bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de las comunidades y personas aledañas a la central hidroeléctrica Barro Blanco. La Comisión deja constancia de que la fecha establecida para el llenado de la presa, que forma parte de las pruebas a realizar, y que comprende el periodo del 24 de mayo al 3 de agosto, fue definido por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) en consulta con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), al margen de las mesas técnicas de diálogo y de acuerdo con lo que establece la ley. Asimismo, recalca que las mesas técnicas de diálogo, en las que participan las autoridades tradicionales de la comarca, representantes del Gobierno panameño, con el apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas, continúan el proceso de conversaciones para solventar algunas incompatibilidades, entre ellas, quien será el operador del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, para lo cual se analizan distintas alternativas que beneficien los intereses del Estado y del pueblo panameño. El Gobierno de la República de Panamá reitera el compromiso de no poner en operación la hidroeléctrica, ni realizar llenado definitivo hasta tanto no culminen los acuerdos de las mesas técnicas de diálogo.
