La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) elevará una petición al Órgano Ejecutivo, a través de la cual le recomendará el llamado a un gran diálogo para salvar las finanzas de la entidad.
Rafael Medina, representante de los jubilados en la junta directiva, expresó que solicitaron informes financieros a las autoridades de la institución para elaborar un diagnóstico del problema y enviarlo al Ejecutivo.
Según Medina, la idea es lograr un diálogo nacional como en 2005, cuando se reformó la Ley No. 51 de la CSS y en el que participaron varios actores de la sociedad.
“La junta directiva está preocupada y analizando el tema. No queremos tomar una decisión sin antes tener un diálogo nacional. Es justo que la sociedad civil participe en esa decisión. Además, no queremos aumento de edad y cuotas”, afirmó.
Por su parte, Néstor Vega, presidente de esta instancia de la CSS, detalló que una mesa de diálogo sería una de las opciones que elevarán al Gobierno y mejorar las inversiones que hace la entidad.
Néstor Vega
Junta directiva de la CSS
Aunque considera que de darse un diálogo deben estar presentes profesionales que conozcan del tema, de manera que no se dilate la discusión.Además, destacó que cualquier medida que se adopte implicaría modificar la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
Ambos directivos son conscientes que los programas de Invalidez, Vejez, y Muerte (IVM) y el de Enfermedad y Maternidad (PEM) presentan deficiencias económicas.
En el primero, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está inquieta porque a partir de 2018 no se podrá asumir, en su totalidad, el pago a los 240 mil pensionados y jubilados del país.
En tanto, el segundo quedaría con unos 100 millones de dólares disponibles en cuatro años, ya que se usará parte de los fondos para saldar deudas de compromisos adquiridos.
DEBATE ATRASADO
Para el ex director encargado de la CSS Rolando Villalaz, la actual administración está atrasada en tomar una decisión respecto a este problema financiero. Incluso, resaltó que hace un año se debió discutir lo que ocurre con el IVM.
“Aunque mencionaron que el Programa de Enfermedad y Maternidad es saludable, no me parece que es así. Ese programa tiene varias responsabilidades y sus reservas no son tan fuertes para decir que todo está bien”, afirmó.
Sobre este tema, el director de la CSS, Estivenson Girón, manifestó que, de los mil 727 millones de dólares que tiene el PEM, cuando acabe su gestión, o sea, en 2019, quedarían disponibles unos 100 millones de dólares, ya que se usará parte de sus fondos para saldar deudas de obras de la pasada administración y cubrir proyectos futuros.
No obstante, Villalaz considera que las reservas son “escuálidas” y si no se “ataca” ese déficit en estos momentos habrá dificultades en un futuro no muy lejano.
Entre los proyectos que se construyen y que se pagarán con el PEM están: la Ciudad de la Salud, seis policlínicas en el país, Unidades Locales de Atención Primaria en Salud y el Centro Hospitalario Especializado, en la provincia de Chiriquí.
La actual administración también gestionará 16 obras, como el nuevo hospital de Puerto Armuelles, en Chiriquí; mejoras al hospital de Almirante, en Bocas del Toro, y la rehabilitación de los quirófanos y nuevos acondicionadores de aire para el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad capital.
COSTO POLÍTICO
Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), sostuvo que en este caso hay que tomar decisiones y olvidarse de costos políticos.
“Los políticos de turno no se han atrevido a tomar una decisión clara. Y no sería correcto que se transfieran fondos estatales para afrontar el déficit en la Caja de Seguro Social por unos años y que el próximo gobierno tenga que atender nuevamente este tema”, acotó.
Mientras que Guillermo Puga, dirigente de la Central General de Trabajadores de Panamá y exmiembro de la junta directiva de la CSS, explicó que hace años ven como el IVM tiene déficit actuarial, debido a que no le están ingresando más recursos. “Esto debe llevarse a una mesa tripartita”, puntualizó.
Para Puga es “inquietante” la falta de un informe financiero que enumere cuál es la situación actual de la entidad, ya que ese tipo de documentación es vital en un diálogo.
“Como trabajadores estamos dispuestos a debatir este asunto. No debemos prolongarlo más”, afirmó.
Las reservas actuales del programa IVM ascienden a 5 mil millones de dólares y permiten una vigencia operacional hasta el año 2025, revelan informes de la institución.
Los consultados en este tema coincidieron en que cualquier cambio que surja de un diálogo implicaría cambios directos a la Ley No. 51 de la entidad. Incluso, economistas como Adolfo Quintero sugieren que esta normativa debe ser reformada para que los programas Gestión Administrativa, IVM, PEM y Riesgos Profesionales sean integrados.
