La accesibilidad que ofrece Panamá Emprende para registrar la apertura de un nuevo negocio ha generado, según las autoridades locales de los distritos de Panamá y San Miguelito, que bares, parrilladas y discotecas ganen terreno.
Desde 2013 hasta mayo pasado, a través de ese sistema adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), se han expedido un total de 100 mil 859 certificados de operación, de los cuales, 37 mil 394 son para la venta de licor.
La Ley No. 5 de enero de 2007, que creó Panamá Emprende, tiene la finalidad de “fomentar la creación rápida de empresas, tanto de capital nacional como extranjero, creando un clima de negocios adecuado mediante la utilización de la tecnología”.
Sin embargo, la norma ha causado una serie de quejas de los residentes, que van desde el ruido excesivo y actos de violencia hasta el funcionamiento de estos locales en áreas residenciales.
PROBLEMA EVIDENTE
En el distrito de Panamá, por ejemplo, se estima que hay más de 700 lugares que se dedican a la venta de licor de forma directa o indirecta. Ante esta situación, las autoridades de la Alcaldía de Panamá tienen previsto iniciar este mes un censo para tener la cifra real.
Vital Vega, jefe de servicios legales de la Alcaldía de Panamá, explicó que son dos tipos de permisos los que se expiden, denominados nivel 1 y nivel 2.
En los de nivel 1, el expendio de licor no es el negocio principal, y entre ellos están los hoteles, restaurantes y minisúper, entre otros.
Añadió que este tipo de permisos es entregado por el MICI, siempre y cuando el solicitante tenga un informe favorable, firmado por el alcalde del distrito.
Por otro lado, está el nivel 2, que es solicitado por comercios cuyo negocio principal es la venta de licor, como son las fábricas de alcohol y discotecas, entre otras.
“El problema que tenemos es que muchas personas mienten al momento de ingresar a Panamá Emprende, dicen que será un restaurante, se les otorga el permiso, pero cuando se hacen las inspecciones ni cocina tienen”, indicó Vega.
Añadió que durante los fines de semana muchos transforman casas o bohíos de barriadas en bodegas.
En San Miguelito el problema es similar, señala Yariela Melo de Pier, secretaria general de la alcaldía de ese distrito.
Las estadísticas del Departamento de Tesorería de la alcaldía detallan que son 132 los bares, parrilladas y cantinas registrados oficialmente, más otros 7 que han sido cerrados, sin embargo, “el subregistro es mayor”, dijo la funcionaria.
“Desde nuestra llegada en 2014 no hemos expedido ninguna autorización para el expendio de licor, precisamente por las consecuencias que se asocian a la ingesta de esta bebida, como hechos de sangre y la violencia doméstica”, sostuvo.
No obstante, reconoció que la venta sigue de forma ilegal en muchos sectores, y que a pesar de que se realizan inspecciones diarias, decomisan mercancías, imponen sanciones y se cierran los locales, las personas insisten en esta mala práctica.
En un breve recorrido de este medio por ese sector se pudo apreciar que muchos de estos comercios incumplen la Ley 55 de 1973, que establece, entre otras cosas, que no se puede abrir un negocio de expendio de licor a menos de 500 metros de distancia de escuelas, iglesias y hospitales.
AJUSTES Y SANCIONES
Sobre el tema, Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, apuntó que este sistema electrónico ha sido positivo, pues ha agilizado los trámites de apertura de empresas y ha disminuido el costo operativo de este proceso.
No obstante, agregó que “es incorrecto que esto sea aprovechado por algunas personas, posiblemente por falta de fiscalización, para la venta de bebidas alcohólicas sin los debidos permisos”.
Para remediar la situación, García de Icaza sugirió la imposición de “multas costosas” a las personas que cometen la falta.
REQUIEREN CAMBIOS
En recientes declaraciones, el ministro de Comercio, Augusto Arosemena, reconoció las debilidades del programa, y aseguró que se realizarán los ajustes necesarios a través de una actualización del sistema de Panamá Emprende.
En tanto, Abdul Guerra, director general de Comercio del MICI, detalló que anualmente la entidad realiza unas 36 inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas.
De hecho, mencionó que en los últimos tres años se han cerrado 52 locales, y en lo que va de 2016 suman 5, principalmente en áreas como Panamá este, Bella Vista, Juan Díaz y San Miguelito, donde se presentan las mayores irregularidades.
Guerra precisó que mediante la norma que crea Panamá Emprende se fijan multas que van desde los 550 dólares hasta los 50 mil dólares, y según la gravedad del caso se puede dejar sin efecto el aviso de operación, lo que deriva en el cierre provisional o definitivo del establecimiento comercial.
