En los planes de las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces –de la empresa Corporación de Energía del Istmo Ltd., cuyos accionistas son el expresidente Ricardo Martinelli y dos de sus hijos– estaba construir una subestación eléctrica propia.
Así lo plasmaron sus respectivos estudios de impacto ambiental (EIA), pero a la postre, la inversión la asumió el Estado.
Además, ambos EIA tienen en común que el jefe del equipo de consultores fue Silvano Vergara, designado luego por la administración Martinelli como subadministrador y administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, que aprobó modificaciones, fiscalizó su construcción y cambió normas del sector a favor de las hidroeléctricas.
La Fiscalía Séptima Anticorrupción investigará la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la que se liga a los Martinelli.
OPORTUNO CAMBIO DE PLANES
Con las fichas estratégicamente colocadas en el Gobierno, el plan de Corporación de Energía del Istmo Ltd. – entre cuyos accionistas figuran el expresidente Ricardo Martinelli, dos de sus hijos (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares) y el empresario Navin Bhakta– la compañía se ahorró millones de dólares en la construcción de una subestación eléctrica que serviría para la transmisión de energía proveniente de sus dos hidroeléctricas ubicadas en la provincia de Veraguas.
¿Cómo se logró? No fue difícil. El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y el exgerente de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) Fernando Marciscano presentaron el proyecto al Gabinete de Ricardo Martinelli y este no tuvo problemas en aprobarlo, a un costo de 13.7 millones de dólares.
Pero ese no era el plan original. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces –perteneciente a Corporación de Energía del Istmo Ltd.– indica que esta contaría con su propia subestación eléctrica, edificada con sus propios fondos. Además, empresarios de uno de los 10 proyectos de generación hidráulica de la zona así lo confirmaron.
Consultado por La Prensa, uno de esos empresarios dijo que la alternativa a la subestación construida por Etesa era edificar –con sus propios fondos– 10 subestaciones mucho más pequeñas en Veraguas para dar servicio a cada una de sus hidroeléctricas.Hay que recordar que de los 10 proyectos hidroeléctricos en esa zona de Veraguas, 8 están vinculados al expresidente Martinelli, reveló en 2013 una investigación de este diario.
Corporación de Energía del Istmo Ltd. –también promotor del proyecto hidroeléctrico “San Bartolo”– respondió en marzo de 2008 un cuestionario que le envió la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) sobre el proyecto hidroeléctrico Las Cruces.
A la Anam le interesaba conocer detalles de la subestación que construiría Las Cruces. Su respuesta fue la siguiente: “A través de los meses de desarrollo del proyecto Las Cruces, varios desarrolladores de proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río San Pablo, han identificado la factibilidad técnico/financiera de construir una subestación nueva para recoger toda la energía generada en el área”, contestó Rolando Cuevas La Vera, secretario de Corporación de Energía del Istmo Ltd. Es decir, eran los desarrolladores de los proyectos hidroeléctricos los que construirían la subestación (ver fasímil).
Cuevas La Vera fue estratégicamente designado en la directiva de Etesa por la administración Martinelli, desde donde, precisamente, se toman decisiones sobre el plan de expansión de la red eléctrica del país.
Los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas Las Cruces y San Bartolo tienen en común que justifican sus respectivos proyectos en “el rápido crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el país y el lento crecimiento de las empresas generadoras hacen que Corporación de Energía del Istmo mostrara su interés en producir energía hidroeléctrica desde el río San Pablo”. En ambos casos se menciona la subestación como infraestructura a desarrollar.
Según el documento, en San Bartolo se invertirían $28.4 millones y en Las Cruces $17 millones.
INVESTIGACIÓN
La Fiscalía Séptima Anticorrupción hará la investigación que se inició de oficio por el entramado que dejó al descubierto a Ricardo Martinelli y sus hijos por sus presuntas vinculaciones en el mencionado consorcio.
La fiscalía busca determinar si los Martinelli incurrieron en el delito de blanqueo de capitales, luego de conocerse que Corporación de Energía del Istmo Ltd. recibió, al menos, $1.1 millón de Cobranzas del Istmo, S.A. y de una empresa vinculada a su dueño Cristóbal Salerno.
El expediente, a cargo de la fiscal Cecilia Carrero, también investiga la relación de Navin Bhakta, quien –al menos en papel– es el mayor accionista de esa corporación. (Con información de Olmedo Rodríguez).
SILVANO VERGARA, JUEZ Y PARTE EN LAS HIDROELÉCTRICAS
Silvano Vergara fue personaje clave para los proyectos hidroeléctricos vinculados al expresidente Ricardo Martinelli. Al igual que otros fue nombrado estratégicamente en el gobierno de Martinelli, primero como subadministrador y luego como administrador de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
Vergara, previo a su nombramiento en la Anam, había actuado como consultor-coordinador de los estudios de impacto ambiental (EIA) de las hidroeléctricas Las Cruces y San Bartolo, ambos de Corporación de Energía del Istmo Ltd., S.A.
Más tarde dirigió la entidad encargada de aprobar, darle seguimiento y fiscalizar ambos proyectos.
Como se aprecia en el facsímil, por ejemplo, Vergara avaló modificaciones al EIA de San Bartolo, en el que él, como ya se dijo, fue coordinador del equipo de consultores ambientales.
Aquella resolución de 2014 permitió incrementar el tamaño de la presa de San Bartolo, duplicar a 339 hectáreas el área inundable del embalse y adicionar una turbina para instalarla en el caudal ecológico.
Antes de la administración Martinelli estaba restringido producir energía con el caudal ecológico, que consiste en preservar el 10% del promedio de agua de la corriente del río para mantener la vida ecológica del afluente. Vergara, en 2012, cambió la normativa para aprovecharlo económicamente, indicando que no conllevaba daños al ambiente porque se devuelve el agua a pie de presa. Pero los ambientalistas no comparten su opinión.
“Se interrumpe la distribución ecológica de las especies de las cuencas que se ven desprovistas del hábitat [...], algo “preocupante”, porque las cuencas panameñas “tienen un ecosistema único e irrepetible”, expresó Harley J. Mitchell, exasesor legal de la Anam.
Del lado empresarial aseguran que es agua que se deja caer y sirve para generar la energía limpia que requiere el país. Esa resolución fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por el Centro de Incidencia Ambiental, otras tres organizaciones ambientales y una asociación de agricultores. La Prensa trató de comunicarse con Vergara, pero fue imposible localizarlo.
