Minsa enfrenta nueva deuda



Otro problema aqueja al Ministerio de Salud (Minsa). Se trata de una deuda de arrastre de $19.2 millones por los servicios de salud brindados a las poblaciones vulnerables en áreas de difícil acceso en todo el país. Los pagos son del periodo 2013-2014 por un monto de $15.7 millones para ocho empresas externas, de los cuales $8.9 millones ya han sido saldados, y otra de $3.5 millones para 12 regiones de salud que también realizan trabajos en las comunidades y que están pendientes.Informes oficiales indican que los primeros pagos a las empresas comenzaron a darse en julio pasado, un mes antes que culminaran los contratos. Las compañías fueron contratadas para llevar a cabo, en conjunto con las regionales de salud, el programa “Provisión del paquete de atención integral de los servicios de salud fortalecidos que ejecutan organismos externos”. Este proyecto es ejecutado a cinco años, a un costo de $50 millones y recibe el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El director de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera (UGAF) del Minsa, Enrique Mayo, confirmó que “sí hay un retraso en los pagos por parte del Minsa con las compañías y también con los convenios de gestión que se tiene con las direcciones regionales por $3.5 millones”.

Los servicios de atención de salud van dirigidos a adultos mayores, niños y mujeres embarazadas de comunidades apartadas de las regiones de salud.





De los $15.7 millones de la deuda, el Minsa solo ha pagado hasta la fecha $8.9 millones y se encuentran en trámite de pago en Control Fiscal de la Contraloría General de la República para su refrendo $2.8 millones. Mientras que los $4 millones faltantes se tramitarán en enero de 2015, dijo Mayo.

Cada año este programa atiende a unas 456 mil personas entre adultos mayores, niños y embarazadas.

La atención consiste en medicina general, nutrición, vacunación para los niños, atención de control para mujeres embarazadas.

Incluso, el Minsa facilita las vacunas y los medicamentos para ser entregados a los

pacientes.

ERRORES EN PROCESOS

La explicación de Mayo a este problema heredado son errores en los procesos, la complejidad de los trámites burocráticos y el que más pudo haber afectado es la implementación de una nueva forma de pago por desempeño, que es evaluado por una firma externa.

Se trata de la compañía Gesaworld, encargada de la auditoría técnica externa de la estrategia de extensión de cobertura, cuyo contrato es de $1.8 millón.

Según Mayo, luego de las auditorías y evaluaciones que realiza el Minsa es que se hacen los pagos.

AFECTADOS

Entre las empresas pendientes de pago está Fomento e Inversión, S.A., la cual fue denunciada por algunos trabajadores —que pidieron reserva de su nombre— hace dos meses, debido a la morosidad en el pago de sus quincenas. Los empleados, en su mayoría profesionales de la salud, dijeron que se habían dejado de brindar los servicios de salud en áreas apartadas del distrito de Capira y otras del interior del país.

Fomento e Inversión Social, S.A. tiene su sede en La Chorrera, su contrato con el Minsa fue de $4.5 millones y hasta el momento, según información de la UGAF, se ha pagado más de $1 millón de la deuda y tienen pendientes $3.5 millones.

El funcionario del Minsa aseguró que este mismo panorama se da con el resto de las empresas que tienen adjudicadas las prestaciones de servicios, sin revelar información individual de cada compañía.

UN BUEN PROGRAMA

El exministro de Salud Guillermo Rolla Pimentel indicó que el proyecto de servicios de salud se originó en la década de 1990 y se creó porque la entidad de salud no tenía suficiente personal para dar atención médica.

Las primeras poblaciones en recibir este beneficio fueron las comarcas indígenas, debido a su lejanía con los centros o puestos de salud.

“Desconozco quién es el responsable, pero se debe investigar para deslindar responsabilidades, ya sea el Minsa o la empresa”, añadió Rolla Pimentel.

En tanto, el expresidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública Rigoberto Centeno recordó que quienes más se perjudican son las personas que esperan una atención médica integral.

Cuestionó el hecho de que se brinde una atención primaria ambulatoria, itinerante, con préstamos a una población vulnerable, cuando deberían dar soluciones definitivas con estructuras de salud y personal.

Este medio buscó la versión del exministro de Salud Javier Díaz, pero dijo desconocer de qué se trataba, ya que es un tema de la UGAF.

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