El Congreso General Ngäbe Buglé decidió en su último día de sesión extraordinaria la creación de una comisión para buscar un acercamiento con el Gobierno, para tratar el tema del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Esto se da luego de que el pleno del Congreso, integrado por los caciques regionales y locales, así como por los delegados, decidió no ratificar el acuerdo sobre Barro Blanco, firmado en agosto pasado.
Demecio Cases, presidente del Congreso General, indicó que la comisión está integrada por nueve representantes de las tres principales regionales de la comarca: Ño Kribo, Nedrin y Kodri, además de un representante del Movimiento 10 de Abril, grupo que ha llevado a cabo protestas contra la represa.“Nuestro mensaje al Gobierno es que no estamos en contra del proyecto, porque ya fue terminado, sino que se presente un acuerdo en el que participe y se tome en cuenta al Congreso General, que es el máximo organismo de la comarca”, agregó.
Cases subrayó que están en contra de cualquier acto de protesta realizado en el país contra este proyecto hidroeléctrico donde se haya utilizado a niños y mujeres como señuelos para enfrentar a la Policía Nacional.
De hecho, durante la sesión del sábado, el dirigente indígena hizo una petición a la comisión de derechos humanos del Congreso General Ngäbe Buglé para que abra una investigación interna contra aquellos grupos radicales que cierran calles y exponen a niños y mujeres en las manifestaciones.
“Reprochamos lo ocurrido en Gualaquita, Bocas del Toro. Estos grupos que usan a las personas más vulnerables no representan a la comarca Ngäbé Buglé”, acotó.
Sobre la participación en la votación que rechazó el acuerdo de Barro Blanco, argumentó que había el quórum suficiente para tomar una decisión. En ese sentido, detalló que en el Congreso hay 255 delegados, de los cuales participaron en la sesión extraordinaria 145, lo que era suficiente para continuar con la ratificación o no del convenio.
Para el presidente del Congreso, el debate durante estos días fue pacífico y permitió la participación de los que estaban a favor como los que estaban en contra del convenio. “Lo justo es que sea el Congreso junto al Gobierno los que elaboren el acuerdo, y no solo un pequeño grupo de caciques”, puntualizó.Precisamente, argumentó que hay varios puntos del convenio con los que están de acuerdo.
DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
Mientras, Irene Gallegos, viceministro de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, subrayó que el Gobierno tiene toda la disposición de dialogar con los dirigentes de la comarca.
Reiteró que el acuerdo hace participe del proyecto hidroeléctrico a este grupo, con aportes económicos, algo que nunca había sucedido en el país.También se refirió a que la mano de obra de la represa saldrá de la zona indígena, lo que aumentará el empleo. “El Congreso y los delegados deben ser conscientes de que de las 250 hectáreas (de la represa) solo 5 están dentro de la comarca”, detalló.
A la vez, manifestó que este proyecto viene de hace varios gobiernos, que en todo momento le dieron la espalda al pueblo ngäbe buglé, a diferencia de esta administración. Gallegos estuvo presente el sábado observando la sesión extraordinaria.
INTERESES POLÍTICOS
Por su parte, la cacica Silvia Carrera, desconoció la decisión del Congreso de destituirla, y aportó que en la votación hubo intereses “políticos” de ciertos grupos.
“Aquí hay mano de políticos y eso no debe ser, porque Barro Blanco es un tema muy delicado. Incluso, antes de la votación había movimientos y grupos que decían que el Congreso General era corrupto y luego de conocer la decisión, entonces cambiaron de opinión”, añadió Carrera.
Informó que se reunirá con la comisión de caciques que firmó el acuerdo, autoridades y bases indígenas, para decidir cuál será el siguiente paso a seguir.En un comunicado, el Gobierno expresó su disposición al diálogo con el Congreso y otras autoridades comarcales. Además, la vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado, exhortó también “a evitar mezclar el proyecto Barro Blanco con las políticas internas de la comarca”.
Para las autoridades, el convenio firmado en la mesa del diálogo respeta la seguridad jurídica, a la vez el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades aledañas. A través de este acuerdo se traspasaría la operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la cual sería manejada por un tercero independiente, con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
Se priorizaría que el 50% del personal sea indígena, de la comarca Ngäbe-Buglé, y campesina. Asimismo, el Gobierno se comprometía con las autoridades comarcales a crear un fideicomiso, con aportes estatales, por el término de la concesión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, ecoturísticas y artesanales, formación de capital humano y electrificación rural, en las comunidades indígenas y campesinas aledañas al proyecto hidroeléctrico, con prioridad en las comunidades del distrito de Munä.
CONSTANTE VIGILIA
En tanto, Clementina Pérez, dirigente del Movimiento 22 de Septiembre y de la Iglesia Mama Tatda , señaló que se mantienen en vigilia permanente por la cancelación de Barro Blanco.
Pérez sostuvo que tienen cuatro años en vigilia a orillas del río Tabasará, donde se trasladaron para defender de forma pacífica la “liberación” de ese recurso.Entre oraciones y una comunidad de 100 personas, la dirigente religiosa expresó que el río Tabasará es “sagrado”. “La Iglesia Mama Tatda tiene fe en que el futuro nos dará la razón sobre lo incorrecto que es el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco”, agregó.
