Unos $2.5 millones costará la segunda Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad en el país, prevista para 2016, informó la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).
La única experiencia en este sentido fue la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (Pendis), elaborada en 2006, por 300 mil dólares, cuando la población alcanzaba 3 millones 260 mil 645 panameños.
Ese estudio arrojó que la prevalencia de las personas con discapacidad era de 11.3% de la población, es decir, 370 mil 53 personas. Las comarcas indígenas, las mujeres y los adultos mayores eran los más afectados por algún tipo de discapacidad (ver tabla adjunta).
Tras nueve años, Senadis ya empieza la logística para la ejecución de la Segunda Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (Endis2), la cual debió desarrollarse en 2012, pero por falta de asignación de fondos no se concretó.
Ahora Senadis busca el apoyo de otras instituciones en lo referente a personal, equipo y asesoramiento.
Magali Díaz, subdirectora de la entidad, explicó que esta encuesta es la base para actualizar las cifras de la prevalencia y caracterización de personas con discapacidad.
Además, será una radiografía de las condiciones en las que viven y los principales retos a los que se enfrenta este sector de la población.
Indicó que esto es clave para analizar si las políticas públicas impulsadas han sido suficientes o, por el contrario, quedaron desfasadas y se requiere más apoyo para asegurar una mejor calidad de vida y un desarrollo pleno de las personas con discapacidad.
ORGANIZACIÓN
De acuerdo con Díaz, para la Endis2 se tiene previsto que la Contraloría General determine la cantidad y ubicación de las viviendas, al azar, en las que se harán las encuestas.
En el caso de Pendis se consultaron unas 21 mil casas en todo el país.
El análisis que se aplicará será en las áreas urbanas y en áreas rurales del territorio nacional.
Entre los indicadores a estudiar, además de los demográficos, que incluyen localización geográfica, edad y sexo, están las variables sociológicas, educativas, salud ocupacional, epidemiológicas y socioeconómicas.
Una vez se definan esos detalles, se hará el proceso para la licitación y la puesta en marcha del Endis2.
Posteriormente, se hará el reclutamiento y capacitación de unas 500 personas para formar el equipo de supervisores, aplicadores de encuesta, validadores de datos, conductores y otros.
Según las autoridades, se espera que los resultados finales de esta labor se conozcan en el primer trimestre de 2017.
NECESIDAD
Ricardo Jaén, miembro de la Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos de la Universidad de Panamá, estimó que es una realidad que la población con discapacidad va en aumento.
Agregó que la elaboración de este instrumento estadístico permitirá establecer geográficamente a la población con discapacidad y su grado de escolaridad e inserción laboral.
Por su parte, Manuel Campos, exdirector de Senadis (2004–2010) y presidente de la Fundación Inclusión Panamá, señaló que este trabajo de campo es una necesidad evidente.
Indicó que los datos revelarán, con base científica, la realidad de las personas con discapacidad en el país.
Mientras que Abdiel Batista, coordinador de la Federación de Personas con Discapacidad, estimó que “más que una necesidad, realizar esta encuesta es una deuda que no debería esperar más”.
Añadió que lo importante es que una vez se obtengan los resultados, el Estado podrá contar con una herramienta que permitirá elaborar las políticas públicas que se requieren, no solo para brindar asistencia a las personas con discapacidad, sino para prevenirlas y gestionar la consecución de apoyo internacional.
MÁS APOYO
El ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, reconoció que la encuesta de 2006 está desfasada y que era nula la cooperación y coordinación entre instituciones como Senadis, el Instituto Panameño de Habilitación Especial y el Ministerio de Desarrollo Social.
“Ahora sí estamos trabajando en conjunto y hemos tenido grandes avances”, señaló.
Citó como ejemplo que la cifra de beneficiados por el programa Ángel guardián ha aumentado, en solo nueve meses, de 4 mil 100 personas con discapacidad a 12 mil, entre infantes y jóvenes que viven en condición de dependencia, pobreza y pobreza extrema y que reciben todos los meses $80.
Vásquez manifestó que en la actualidad se destinan unos $14 millones anuales para el pago de esa asistencia económica; sin embargo, consideró que la cifra es insuficiente para atender a la población con discapacidad.
