Polémica por cambio de suelo

Polémica por cambio de suelo


La  construcción del proyecto comercial Plaza Atenea, en Albrook, corregimiento de Ancón, mantiene en alerta a los residentes, que demandaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la violación a la Ley No. 21 de 2007, que crea la Ciudad Jardín en la región interoceánica.La obra, con tres meses de ejecución, se edifica en dos lotes que originalmente tenían uso de suelo residencial de mediana y baja densidad (R2D1), pero en la pasada administración del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se cambió a mixto de uso comercial.De acuerdo con el estudio de impacto ambiental (EIA), los dos cambios de zonificación a las fincas No. 239750 y No. 239756 se dieron mediante dos resoluciones aprobadas por el Miviot, en mayo de 2010 y enero de 2014, respectivamente.El EIA destaca que la obra es desarrollada por Inmobiliaria Armonía, S.A., a un costo de $25.5 millones.

El EIA indica que la obra es desarrollada por la Inmobiliaria Armonía, S.A., a un costo de unos $25.5 millones.





Max Crowe Paredes, presidente de la Asociación de Propietarios de la Ciudad Jardín de Albrook, denunció que hay una “clara violación a la Ley No. 21 que crea el plan de desarrollo urbano de las áreas revertidas”.

“La comunidad está cansada de que los funcionarios se conviertan en facilitadores para que los grandes poderes económicos le den la vuelta a las leyes, creadas para proteger al pueblo y el patrimonio para su beneficio personal”, sentenció Crowe.

En la actualidad, hay maquinarias en los 20.8 kilómetros que abarca el proyecto y se ha derribado una docena de árboles, como barrigón, espavé y palmas real, entre otros.

DEMANDAN LA OBRA

Desde el pasado 22 de enero reposan en la Sala Tercera de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos demandas de nulidad en contra del proyecto Plaza Atenea.

Las acciones legales fueron interpuestas por Rolando Candanedo, abogado y residente de Albrook, en contra de la Resolución 322-210 de mayo de 2010 y la Resolución No. 24 de enero de 2014, emitidas por el Miviot.

Estas demandas se interpusieron el año pasado, sin embargo fueron rechazadas por el entonces magistrado Alejando Moncada Luna, quien hoy mantiene una condena de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos.

Candanedo explicó que hay una violación a la Ley No. 21, ya que solo puede ser cambiada por otra ley y no por un decreto ministerial. Además, se viola la Constitución Nacional al modificar una ley a través de una resolución ministerial.

Para hacer una variación de categoría de ordenamiento territorial, contenidas en el plan regional y el plan general, debe darse una consulta con la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.

FALLAS EN EL MIVIOT

El coordinador de la comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gerónimo Espitia, expresó que el Miviot desde hace mucho tiempo violenta el plan regional y general de uso de suelo en las áreas revertidas, conservación y desarrollo del área del Canal que regula la Ley No. 21.

Espitia sustenta que “todas las actividades que van a desarrollar deben ser cónsonas con el uso de suelo, es decir, los códigos deben ser de mediana densidad”.

Añadió que cuando se da una actividad económica de comercio tiene que ser de un servicio comunitario de bajo perfil.

Para Espitia, no se puede aplicar un código urbano de una categoría superior a un uso de suelo de categoría baja, porque se daría un incumplimiento a la norma.

Ante las denuncias de los vecinos de Albrook, este medio envió al Miviot un correo solicitando respuestas sobre los cambios de zonificación, pero se informó de que primero investigarían las resoluciones.

La tarea recayó sobre Carlos Franco, director de Control y Orientación del Desarrollo de la institución, y para ello se reunirá con un equipo técnico de la entidad.

Este medio solicitó desde el pasado lunes un correo a la Inmobiliaria Armonía, S.A., cuyo dueño es Haralambos Tzanetatos, para conocer sus planteamientos sobre las denuncias presentadas por la comunidad de Albrook en la CSJ.

También se conversó, vía telefónica, con representantes del departamento de legal de la empresa, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuestas.

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