Proyecto Ave Fénix, en pausa

Convocar a una nueva licitación o devolver los terrenos sobre los cuales se construiría el proyecto Ave Fénix, en El Chorrillo, son las soluciones que planteó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la expropiación de las dos fincas.

Etchelecu reveló ayer que “se llegó a un mutuo acuerdo con el contratista para que realizara el desistimiento de los derechos que tenía sobre el contrato de construcción de Ave Fénix, sin ningún perjuicio para el Estado”.

La edificación de las ocho torres, a cargo del consorcio Cocige–Mallol & Mallol Interiores, S.A., por un monto de $13.1 millones, presentaba, según las autoridades, un sobrecosto de $4 millones 480 mil.

Maswell de Obaldía, director de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), detalló que cada apartamento de 45 metros cuadrados se construía a un precio de $73 mil, cuando el real es $45 mil. Es decir, cada metro cuadrado tendría un precio de $1,600.

De hecho, Etchelecu destacó que hace poco licitaron un proyecto de 300 apartamentos en la comunidad de Arco Iris, en la provincia de Colón, al mismo costo que el Ave Fénix, que sería para 160 familias.

AUDITORÍA

Según el titular del Miviot, la Contraloría General de la República hizo un avalúo de los avances físicos en la obra, que correspondía a un 20% y dictaminó que era justificable el adelanto desembolsado de $2 millones 636 mil.

Sobre la base de ese informe, dijo Etchelecu, se logró un acuerdo con el consorcio Cocige–Mallol & Mallol Interiores, S.A.

Además, señaló que a Aname, S.A., propietaria de dos de las fincas sobre las que se edificaría la obra, se le reconocerá el pago, en concepto de alquiler, adeudado desde finales de 2013.

Añadió que en unos dos meses “vamos a hacer una recontratación que cumpla con todos los procesos que corresponden y estén dentro de ley y con la certeza de que van a ser costos inferiores al que habíamos visto”.

Desde el Miviot se informó que todos los proyectos que se ejecutaron en la pasada administración serán auditados por la Contraloría.

LARGA ESPERA

Yasmín Quintana, una de las moradoras de El Chorrillo con más de tres años a la espera de una solución de vivienda, manifestó que depositará su confianza en las nuevas autoridades para que, en el menor tiempo posible, le puedan ofrecer una respuesta. “Si esperamos lo mucho, podemos esperar lo poco”, expresó.

Mientras que José Javier Rivera, representante legal de Aname, S.A., estimó que el Estado tendría que pagarles $600 mil en conceptos de daños y perjuicios.

Detalló que el monto incluye que el Miviot reconozca la morosidad del alquiler desde 2013 y la restauración de los dos terrenos, que suman 4 mil 67 metros cuadrados, a su estado original.

Este medio buscó la versión del consorcio Cocige–Mallol & Mallol Interiores, S.A., pero al cierre de la edición no hubo respuesta.