Una serie de irregularidades detectaron los miembros de la Red Ciudadana Urbana en el borrador para actualizar el Acuerdo Municipal No.116 de julio de 1996, que regula los permisos de construcción, ocupación y todos los trámites relativos a edificaciones en el distrito de Panamá.
Argelis Gaudiano, coordinadora de la comisión de la Red Urbana que analizó el tema, expresó que el documento presentado por el alcalde José Isabel Blandón para su discusión en la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal, “tiene un número importante de deficiencias que no resolverían los problemas que a diario confrontan los residentes de una comunidad”.
CRÍTICAS
Uno de los artículos que más inquieta a esta agrupación es el número 1, capítulo II, referente a la revisión del anteproyecto, el cual establece que todo interesado en un nuevo proyecto de edificación, mejoras o adición a obras existentes que involucren alteraciones al uso de suelo o ajustes a las Normas de Desarrollo Urbano vigentes debe, inicialmente, presentar un anteproyecto.
A juicio de Gaudiano, el artículo “deja la puerta abierta a que se puedan hacer cambios de zonificación por lote individual (parcializados), lo que no está permitido en la Ley 14 de 2015, que modifica la Ley 6 de 2006 y que se refiere al ordenamiento territorial para el desarrollo urbano”.
Además, hizo referencia al capítulo IX, en el que se expone sobre el Permiso Preliminar Inicial de Construcción (PPI).
Gaudiano señaló que “el PPI detiene cualquier interés de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá de agilizar el proceso de aprobación de planos y, a la contraparte, de presionar para que se agilice”, ya que se permitiría construir sin que el promotor tenga aprobados los planos definitivos.
En el capítulo XVI de la propuesta, sobre el permiso de ocupación, se estipula que si en un término no mayor a cinco días la Dirección de Obras y Construcciones no hace la inspección, el inmueble se podrá ocupar sin que el promotor sea sancionado por ello.
El resto de las anomalías, según la Red Ciudadana Urbana, se relaciona con temas como la categorización de las faltas (leves o graves) y el proceso de sanciones que, a su juicio, “no es efectivo”.
Gaudiano manifestó que no se oponen a la actualización del acuerdo, sino que exigen que “responda al bienestar ciudadano y haya garantía de que la industria de la construcción se desarrolle de forma ordenada y con visión de futuro”.
SIN APROBACIÓN
Sobre el tema, el director de Obras y Construcciones, Gonzalo Barrios, señaló que el documento definitivo no ha sido aprobado y que el lunes último sostuvo un encuentro con los representantes de la Red que fue “muy positivo”.
“Ellos expusieron sus inquietudes y, en conjunto con los técnicos de la Red, se revisó uno a uno los 109 artículos del acuerdo, en los que hubo observaciones y llegamos a acuerdos”, añadió.
En tanto, el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Roderick McGowen, se mostró sorprendido y manifestó que “la Red Ciudadana Urbana participó activamente de todas las mesas de trabajo sobre el tema. No entiendo por qué dicen ahora que el documento no es bueno”.
Agregó que por siete meses han tenido “grandes avances” y la única discrepancia es respecto al régimen sancionatorio “que no compartimos en un cien por ciento, porque no está claro y los montos por las sanciones no son razonables”.
De hecho, Ulises Lay, miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), destacó que el tiempo para debatir el documento ha sido amplio y “todos hemos tenido la oportunidad de hacer los aportes que consideráramos al respecto”.
Añadió que ahora es el momento de que el nuevo acuerdo sea aprobado.
Por su parte, Carlos Tito Lee, presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá, explicó que todas las sugerencias de la Red Ciudadana, Capac, SPIA y la Dirección de Obras y Construcciones fueron acogidas.
La mayoría de las recomendaciones han sido evaluadas e incluidas en el documento que debe ser avalado finalmente por el pleno del concejo, manifestó.
“Actualmente estamos en la etapa final de revisión del documento, que ya ha sido consensuado en un 85%”, dijo Lee.
Las autoridades estiman que el acuerdo final llegue al pleno del concejo el 21 de diciembre para su aprobación.
La intención de este, según sus impulsores, no es solo acelerar el trámite de los permisos, sino generar las herramientas que permitan fiscalizar y sancionar a quienes no lo cumplan.
