Hospitales y orfanatos se convierten en el hogar para niños que nacen con alguna discapacidad y son abandonados por sus padres.
ATENCIÓN
En Panamá hay 370 mil 53 personas que viven con algún tipo de discapacidad, sin embargo, no existen albergues para brindar atención especializada para aquellas que son abandonadas.
De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, elaborada en 2006 y hasta la fecha la única referencia sobre el tema, de esa población, 63 mil 330 personas pertenecen al grupo etario entre 0 y 19 años.
Una etapa en la que niños, niñas y adolescentes, además de su condición, enfrentan el potencial riesgo de ser desamparados por sus familias en hospitales u orfanatos.
Así lo aseguró César Augusto Pérez, psicólogo y presidente de la Fundación ProVida, quien señaló que la situación es “más lamentable” cuando el Estado no ofrece instancias especializadas en la atención de esta población y es dejada “a la merced de la caridad de algunos pocos”.
“Actualmente en Panamá no existe ninguna institución para niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores con alguna condición de discapacidad, a pesar de ser una necesidad evidente”, denunció.
Apuntó que esta es una responsabilidad que debe ser compartida entre instituciones del Estado, como la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), los ministerios de Desarrollo Social, de Educación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), además de la colaboración de la sociedad civil organizada.
PROBLEMA DE VIEJA DATA
De hecho, la Senniaf en 2013 elaboró una consultoría que sustentaba la necesidad de crear refugios para esta población.
Gloria Lozano de Díaz, exdirectora de la entidad, expresó que el estudio “reflejaba, con cifras, la violación de los derechos de los niños, niñas y adultos con discapacidad privados de la convivencia familiar” .
Se evidenció que el 90% de las oenegés que trabajan con niños tiene personas con discapacidad a su cuidado y que la mayoría de ellas no contaba con las estructuras adecuadas ni con personal idóneo para su atención.
Además de que había 150 personas con esta condición distribuidas entre los 54 albergues privados que hay en el país.
A juicio de Lozano Díaz, “la situación no ha cambiado en nada” y es oportuno que se desempolve el informe para que, desde el Gobierno, se puedan ofrecer respuestas.
ALTERNATIVA
Yorleni Roca, subdirectora del programa Ángel Guardián, del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que a través de los Centros de Atención y Orientación Integra se trata de ubicar a estas personas, pero “resulta ser una tarea difícil porque muchos albergues se resisten a aceptarlas, ya que no fueron diseñados con esta finalidad”.
Agregó que en su dependencia se brinda asistencia económica a 13 mil 12 personas con discapacidad y que desde 2013 hasta diciembre de 2015 se han destinado $19.1 millones a este programa.
Por su parte, Magali Díaz, subdirectora de la Senadis, explicó que recientemente se hizo un análisis de la situación con ayuda de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica, que servirá como base para desarrollar un proyecto de residencia.
La idea, añadió, “es crear un modelo de residencia integral, similar a un sistema habitacional en el que las personas con discapacidad en situación de abandono o riesgo social puedan recibir la atención que requieren de una forma integral”.
Tanto Díaz como Roca coinciden en que se trabaja en programas que aseguran la inclusión de estas personas a la sociedad.
Este medio buscó la versión de la directora de la Senniaf, Idalia Martínez, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
