El rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, se negó este viernes a dar una entrevista al diario La Prensa, tras enterarse de que participaría la periodista Mary Triny Zea, autora de una investigación periodística sobre el alquiler y venta de tierras de dicha institución educativa.
El rector había pactado un día antes una entrevista con el periodista Eduardo Mendoza, en la que respondería a interrogantes de este medio, pero al tener conocimiento de la participación de Zea –ambos egresados de la Universidad de Panamá- desistió de ser entrevistado.
"Vengo con mi equipo de trabajo y con la periodista Mary Triny, que maneja muy bien el tema de la Universidad de Panamá", manifestó Mendoza al rector García de Paredes. Pero el funcionario respondió: “Creo que me malinterpretaste; yo hablaría contigo y no con la periodista Mary Triny. Y si es así, no lo no acepto".
Mendoza respondió que, en vista de su negativa a dar la entrevista a ambos, abandonaba La Colina -lugar en el campus donde está ubicada la rectoría de la Universidad de Panamá-. A lo que el rector le indicó "¿y no vas hablar conmigo?". El periodista le respondió que prefería no hacerlo sin su compañera de trabajo, tras lo cual se retiró.
Posteriormente, un vocero del rector contactó nuevamente a Mendoza para reiterarle que se mantenía la oferta para entrevistar a García Paredes, pero sin la participación de Zea.
Desde diciembre de 2015, La Prensa ha enviado más de una treintena de preguntas al rector sobre diversos aspectos de las transacciones de los terrenos y le solicito los avalúos de las ventas y arrendamientos de tierras que son parte de una veintena de fincas de la UP. A la fecha, García de Paredes no ha atendido los requerimientos, pese a que la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002) establece 30 días calendario -prorrogables por 30 más- para que el funcionario receptor de la solicitud de información conteste por escrito.
"El funcionario que obstaculice el acceso a la información, destruya o altere un documento o registro, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales derivadas del hecho, será sancionado con multa equivalente a dos veces el salario mensual que devenga", señala la misma norma.
Las pocas veces que respondió a Zea, fue enviando copias de decisiones administrativas de profesores y asuntos que nada tienen que ver con la información requerida, y algunos de los contratos, pero de forma incompleta, sin avalúo alguno.
La Ley 6 también indica que "toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público".
