De las 52 cuencas hidrográficas que existen en el país, 31 presentan contaminación en las partes medias y en las zonas bajas de sus cauces.
Informes de vigilancia del Ministerio de Ambiente detallan que la deforestación, las actividades agropecuarias y la presencia de heces afectan el 60% de las cuencas, principalmente en la vertiente del Pacífico, donde está la mayor cantidad de población.
Para contrarrestar el problema y evitar consecuencias graves, como afectaciones directas a la salud de las personas y la provisión de fuentes de aguas seguras, se gestionan varias iniciativas.
Una de ellas es la alianza público-privada por el millón de hectáreas, que adelanta la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon)y en la que se prevé sembrar 50 mil hectáreas por año.
RÍOS, EN RIESGO POR POLUCIÓN
En Panamá hay 52 cuencas hidrográficas de las que se derivan 500 ríos. De ellos, el 60% presenta algún nivel de contaminación, según los reportes de monitoreo que, al menos dos veces al año, hace el Ministerio de Ambiente (Ambiente).
Yamil Sánchez, director nacional de Protección de la Calidad Ambiental de la entidad, afirmó que lo ideal sería que las personas, al introducir las manos en un río, pudiesen beber su agua sin necesidad de pasar por un proceso de potabilización, pero la realidad es otra.
Los afluentes presentan dos serios problemas: el primero, presencia de coliforme fecal (heces) en las partes medias y en las zonas bajas.
Sánchez explicó que esto es producto de la actividad pecuaria y de las personas que viven en áreas rurales, en donde no hay acceso a alcantarillado ni a sistema sanitario.
El segundo inconveniente es el exceso de sedimentos, es decir, tierra producto de la alta tasa de deforestación, actividades agrícolas y de la erosión del suelo.
Esta situación se concentra en el Pacífico, donde se ubican 34 de las 52 cuencas del país y está la mayor cantidad de población, indicó.
Aseguró que respecto a la calidad del agua que proviene de las potabilizadoras y va al hogar, no han detectado problemas.
Añadió que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el Ministerio de Salud practican análisis al agua que bebe la ciudadanía y certifican que cumple con las normas establecidas.
“Nuestro rol es previo a que el agua llegue a las tomas de los acueductos rurales y a las potabilizadoras, y desafortunadamente allí sí tenemos que decir que esa agua, desde el punto de vista recreacional, no está en óptimas condiciones”, destacó.
El problema es progresivo, porque desde 2009 se advirtió en el tercer informe bianual, publicado por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), la polución o mala calidad del agua.
Además, en el Atlas Ambiental de la República de Panamá de 2010 figuraban entre los ríos más contaminados de la provincia de Panamá: Curundú, Matías Hernández, Juan Díaz, Matasnillo, Río Abajo y Tapia.
El documento instaba al emprendimiento de un plan de restauración de las cuencas en estado crítico. Es decir, Chiriquí Viejo, Chiriquí, Tonosí, La Villa, Santa María, Antón, Pacora y Bayano.
Los muestreos de los ríos están establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 75 de 2008, por el cual se dicta la norma primaria de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas continentales de uso recreativo, con y sin contacto directo.
APUESTA AMBIENTAL
Para subsanar la situación, las autoridades han impulsado iniciativas con el objetivo de evitar los daños ambientales. Una de ellas es el proyecto cien por ciento agua potable y cero letrinas, denominado 100/0.
Con este programa, que ejecuta el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, en conjunto con otras instituciones del Estado, se busca construir 300 mil servicios higiénicos y dotar de agua potable a cerca de 245 mil familias.
La otra es la alianza publico-privada de reforestación que lidera la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon).Rita Spadafora, directora ejecutiva de Ancon, señaló que el proyecto consiste en reforestar un millón de hectáreas en 20 años, a razón de 50 mil hectáreas anuales.
La propuesta intenta potenciar la biodiversidad y los recursos forestales, además de lograr la reforestación comercial y el manejo sostenible de los bosques como un aporte a la economía rural.
Datos de Ambiente detallan que para 2000 la cobertura boscosa de Panamá era de 3 millones 364 mil 591 hectáreas (45% del territorio nacional) y que todos los años se pierden 20 mil hectáreas.
Spadafora añadió que también se trabaja en una norma forestal que reformaría la Ley N°1 del 3 de febrero de 1994, que vela por la protección, acrecentamiento, investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales del país. Además, en la Ley No. 24 del 23 de noviembre de 1992, que establece incentivos y reglamenta la actividad de reforestación.
‘HAY QUE SANCIONAR’
Para Harley Mitchell hijo, especialista en temas ambientales, estas iniciativas si bien “son buenas, no resolverán el problema por sí solo”.
A su juicio, el Ministerio de Ambiente debe ser más estricto en lidiar con los instrumentos legales destinados a prevenir y a corregir las faltas contra el medioambiente.
De hecho, recordó que mediante la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, que creó la Anam, se estipulan parámetros para multar a los infractores y los obliga a corregir los daños provocados bajo su propio costo.
Aseguró que si no se actúa se podrían generar consecuencias graves, como la pérdida de balnearios y se afectaría directamente la salud de la población.
