El debate se mantiene vivo. Ayer la propuesta legislativa No. 61 que propone la adopción de políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud recibió el respaldo de unas 46 asociaciones de la sociedad civil organizada.
Desde las 4:30 p.m., estos grupos se dieron cita en las inmediaciones de la vía España para pedir que el proyecto no sea archivado ante la solicitud de los grupos que adversan la iniciativa.
De hecho, el pasado 13 de julio los miembros de la Plataforma por la Niñez marcharon en contra del proyecto y exigieron que el documento fuese bajado a primer debate. Este colectivo está integrado, entre otras organizaciones, por la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, la Alianza Evangélica de Panamá y el Movimiento Pro Valores.
LOS ACTORES y LA DEUDA
Corina Rueda, miembro del grupo El Kolectivo, señaló que desde 1999 se están discutiendo diferentes propuestas con el fin de tener una herramienta que oriente a los jóvenes y a los padres de familia en este tema, sin embargo, dijo que “la oposición radical de ciertos grupos no ha permitido avances”.
A su juicio, “es irresponsable” debatir y no actuar en consecuencia a la realidad que enfrenta el país.
Por ejemplo, recordó las cifras que se desprenden del Ministerio de Salud (Minsa), en las que se evidencia que durante los primeros cinco meses de este año 4 mil 323 niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, ingresaron al registro de control de embarazo.
Otras estadísticas de esa entidad también precisan que de los 14 mil 521 infectados con VIH que existen en Panamá, mil 544 son jóvenes de entre 10 y 24 años. Eso representa el 10.6%.
Por su parte, Celia Moreno, psicóloga y miembro de la Red de Derechos Humanos y de Escépticos y Laicistas de Panamá, subrayó que Panamá es uno de los últimos países de la región, junto con República Dominicana y Haití, que no cuenta con una ley de educación en sexualidad.
La especialista estimó que el no contar con una norma, como la que hoy se plantea, aumentaría la pobreza y la marginación de ciertos grupos sociales. Esto, debido al desconocimiento.
Moreno sostuvo que la manifestación es un llamado al Estado -Gobierno y la Asamblea Nacional- para que cumplan con lo que dispone el artículo 109 de la Constitución, en la que se establece que “es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República”. A la vez, mencionó el artículo 91, el cual estipula que la educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, debe ser democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social.
En tanto, Luis Soane, integrante de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, explicó que impartir educación sexual es necesario y un tema que no se puede postergar.
“Se ha comprobado científicamente que entre más información tenga el joven, más preparado está para tomar decisiones responsables e incluso postergar el inicio de su vida sexual”, acotó.
VOLUNTAD
Frente al temor de que el proyecto de ley 61 sea archivado, su proponente y diputado Crispiano Adames aseguró que la continuidad de este dependerá de la “voluntad política” de quienes integren la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea. “Es un temor válido, porque ya existen antecedentes de tres intentos que se han archivado”, aportó.
Precisó que, actualmente, la propuesta se encuentra en el punto número 15 de la lista de pendientes para discusión en segundo debate.
En ese sentido, aclaró que una vez se conformen e instalen las comisiones y se inicie el periodo de sesiones ordinarias, el pleno de la Asamblea votará si el proyecto es devuelto o no a primer debate, como se ha solicitado.
El diputado consideró que lo más probable es que se amplíen aún más las consultas sobre el tema.
DETALLES DE LA MARCHA
Con pancartas en mano, los participantes de la marcha demandaron una legislación sobre educación sexual. Precisamente, algunos de los mensajes que se podían ver en las pancartas eran: “Educar para detener la violencia en contra de mujeres y niñas” o “Estoy con las 30 adolescentes que se embarazan al día”.
Entre las personalidades que participaron en la concentración estuvieron la ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos y el médico Xavier Sáez-Llorens.
“Creo que uno tiene que manifestarse a favor de una iniciativa que tiene implicación en salud pública. Además, es un tema de derechos humanos y equidad social”, comentó Sáez-Llorens.
La caminata prosiguió hasta la Asamblea Nacional, donde los manifestantes plantearon la necesidad de que la propuesta sea aprobada por los diputados.
