El proyecto minero en Cerro Quema, localizado en la provincia de Los Santos, solo aguarda por la firma de aprobación de la ministra de Ambiente, Mirei Endara.
Esto, luego de que la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, brazo técnico de ese ministerio, recomendara la aprobación del estudio de impacto ambiental de esa mina para la extracción de oro, pese a la oposición de organizaciones ambientales y residentes de esa región del país.
Un informe técnico elaborado por esa Dirección señala que se considera “viable” el desarrollo de esa actividad en la zona, ya que el promotor se hace cargo “adecuadamente” de los impactos producidos por la construcción de la mina.
Esta propuesta minera, que viene desde hace varios años, contempla una concesión para la extracción de oro en 15 mil hectáreas, cuya operación comenzaría a finales de este año.
En el estudio de impacto ambiental se incluye la instalación de una planta de óxido de oro, que podrá procesar cerca de 10 mil toneladas de tierra y rocas por día.
Cerro Quema consta de tres fases. La primera tiene que ver con la construcción de facilidades mineras y rehabilitación de caminos, la segunda con el desarrollo de actividades de minado de los tajos La Pava y Quemadita, y con el procesamiento del mineral; y la última etapa corresponde al cierre del proyecto, que se calcula tendrá una duración de 10 años, con una inversión aproximada de $140.5 millones.
Para Carlos Cambra, dirigente del Frente Santeño contra la Minería, este proyecto es un “inconveniente” para la región de Azuero, y lleva casi 20 años plagado de “mentiras”.
“Las repercusiones ambientales de esta mina pueden dar fin a la vida de especies nativas y afectar seriamente a los pobladores de la región. Potencialmente, contaminaría aguas superficiales y profundas obligando a muchas personas emigrar”, sostuvo Cambra.
A la vez, dijo que agricultores y ganaderos podrían perder sus inversiones de cientos de millones de dólares.
En ese sentido, planteó que Cerro Quema es la “cereza del pastel”, frente a las aspiraciones de otras empresas mineras a asentarse en el área donde hay yacimientos en unas 180 mil hectáreas.
Por su parte, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que ya se tiene el precedente de malas experiencias con proyectos mineros, como el de Santa Rosa en Veraguas y Petaquilla, entre Coclé y Colón. “Ahora se pretende en mitad de una zona agropecuaria y con problemas de agua y pobreza”, sostiene el activista al hacer referencia a Cerro Quema.
Ramos dice no entender por qué el Ministerio de Ambiente ha dilatado tanto la aprobación o no de este estudio de impacto ambiental. “Probablemente no quieren recibir tantas críticas, ya que ahora mismo está en la palestra el tema del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco”, puntualizó.
También se refirió a la consultoría que contrató el Ministerio de Ambiente para evaluar esta mina y que arrojó como conclusión que había varias deficiencias en este proyecto.
“Si se aprueba un proyecto como Cerro Quema, se pone en riesgo toda el área de Azuero, ya que los impactos serán acumulativos y graves para toda la región desde el punto de vista sociológico, cultural y natural”, aportó.
LA CONSULTORÍA
Durante el proceso de evaluación de este estudio ambiental, el ministerio contrató una consultoría que estuvo a cargo de un experto foráneo en temas mineros quien detectó varias anomalías en el documento presentado por el promotor originalmente.
Por ejemplo, planteó que el estudio presentado inicialmente “no alcanzó el nivel mínimo de calidad requerido para su aprobación”.
“El estudio de impacto ambiental en su estado inicial no calificaba para ser aprobado por el Ministerio de Ambiente”, señaló el consultor Luis Cavanna en su informe final.
Entre las deficiencias que presentaba el estudio ambiental de Cerro Quema, Cavanna mencionó aspectos metodológicos, conceptuales y analíticos que debían ser subsanados hasta alcanzar el nivel de calidad necesario para un estudio ambiental categoría III.
A raíz de esto, el Ministerio de Ambiente solicitó varias correcciones al documento. Sin embargo, finalizada esa etapa de revisión y ajuste, se concluyó que el estudio ambiental modificado pudo “alcanzar un estándar de calidad razonable para el proyecto que se propone y su lugar de ubicación”.
Incluso, el consultor internacional contratado por el Ministerio de Ambiente recomendó a Panamá a corto plazo (2016-2017) efectuar una revisión “profunda” y una actualización de la legislación de impacto ambiental que se aplica a grandes proyecto, como es el caso de Cerro Quema.
Puso como una alternativa a considerar elaborar una ley marco de estudios ambientales que contenga todos los requerimientos comunes a cualquier proyecto grande y que esté acompañada por capítulos específicos para proyectos como: hidroeléctricos, oleoductos, parques eólicos, mineros, entre otros.
Adicionalmente, sugirió que se considere la posibilidad de rechazar todo informe ambiental que no alcance un mínimo de calidad. “No es admisible que un promotor presente un estudio mal realizado para que el ministerio lo corrija. Menos cuando el informe fue elaborado por una consultora internacional”, concluyó el experto.
Por último, se refirió a que los promotores de proyectos deben contratar auditorías ambientales independientes para la etapa de construcción con el fin de verificar en sitio, cada mes, el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales de la obra en ejecución.
No obstante, a pesar de las correcciones hechas al estudio y los señalamientos del consultor, tanto el Frente Santeño contra la Minería y el Centro de Incidencia Ambiental reiteran que aprobar este estudio agravaría más la situación en Azuero, donde los bosques y el recurso agua son escasos.
MINISTERIO HABLA
El Ministerio de Ambiente, aunque ha reconocido que toda actividad genera impactos, para este caso el promotor presentó un plan de manejo ambiental que se ajusta a la normativa.
Analilia Castillero, jefa del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, señaló que el estudio está actualmente en revisión por parte de Asesoría Legal.
Castillero dijo que la consultoría del proyecto tuvo un costo de 15 mil dólares y como resultado de este trabajo, el consultor recomendó los compromisos ambientales relacionados a las especificaciones técnicas de minería de oro, así como medidas ambientales de acuerdo con el ámbito de desarrollo del proyecto. “Esto lo hemos incorporado a las recomendaciones que vamos hacer a la empresa”, agregó.
También subrayó que este proyecto no tiene la misma estructura y metodología que Petaquilla para sacar el oro. Aseguró que, tomando en cuenta el antecedente de Petaquilla es que el ministerio está revisando con más detalles técnicos el diseño y previsiones ambientales de este tipo de proyecto.
“Cerro Quema es un proyecto minero categoría III y debe pasar por todo el proceso de evaluación establecido en el Decreto 123 para esos estudios. La posición del ministerio sobre los proyectos de extracción o desarrollo es que se debe cumplir con la normativa y esperamos acojan en sus diseños los criterios ambientales para ir hacia un desarrollo sostenible de bienestar de todos”, añadió la funcionaria.
EMPRESA, A LA ESPERA
Hilda Candanedo, gerente ambiental de la empresa Minera Cerro Quema, dijo que están a la espera de la aprobación del estudio ambiental. Añadió que para minimizar los impactos ambientales, ejecutaremos las acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, inserto en el estudio de impacto ambiental categoría III.
