De 4:00 a.m. a 6:00 a.m., cinco días a la semana, José Murillo (nombre ficticio), de 14 años de edad, descarga sacos con piña y sandía en el Mercado Agrícola Central, conocido como Mercado de Abastos, para recibir 10 dólares diarios.
Tras la jornada, regresa a su casa en El Chorrillo, donde vive con su madre y un hermano de ocho años.
Murillo es uno de los 26 mil 710 niños y niñas entre 5 y 17 años que integran las últimas estadísticas de trabajo infantil, divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, Murillo pertenece al 69% de los jóvenes que, a pesar de que hace trabajos que representan un riesgo para su salud e integridad física, continúa en el sistema educativo.
PROYECTOS
Para disminuir esa cifra y declarar a Panamá libre del trabajo infantil en 2020, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) impulsa dos iniciativas: “Programa de acción directa gubernamental” y “Sembrando valores para el futuro”.
Nohely Nieto, jefa de la Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora de esa entidad, indicó que en la primera iniciativa participan 6 mil niños y niñas menores de 14 años, a los que se le asigna un aporte mensual de 35 dólares.
Bajo este sistema, compuesto por el Ministerio de Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y el Instituto Panameño de Deporte, se busca retirar a los menores de las áreas de trabajo y ofrecerles una atención en educación, salud y la garantía de todos sus derechos.
En tanto, “Sembrando valores para el futuro” es un plan piloto y la idea es ubicar a los jóvenes de entre 15 y 17 años en empresas que les ofrezcan un contrato de medio tiempo, salario y seguridad social. La meta es que culminen sus estudios y tengan un mejor futuro.
Esta población requiere un trabajo, manifiesta Nieto, pues en muchos casos “ya son cabeza de familia” o se ven obligados a aportar dinero en su hogar.
Por el momento, unas 30 compañías se han sumado a esta iniciativa de Mitradel.
Además, Nieto informó que se llevan a cabo inspecciones, se reciben denuncias y se sigue una “hoja de ruta” para eliminar las peores formas de trabajo para este 2015 y la erradicación total en 2020.
Especificó que la mayoría de los niños trabajadores está en las comarcas y en las áreas rurales del país.
De hecho, la última Encuesta de Trabajo Infantil, publicada en octubre pasado, refleja que el 75% trabaja en zonas de pobreza y pobreza extrema.
También evidencia que 14 mil 758 menores dedican horas de la semana a la agricultura, ganadería, caza y pesca.
La segunda actividad es al comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos y motocicletas, en las cuales se registra una población de 4 mil 340. Otros mil 924 se desempeñan en trabajos de construcción.
La encuesta refleja que la mayoría de los jóvenes dice que trabajan para aprender un oficio (11 mil 279) y otros para ayudar en la finca del hogar (9 mil 482).
Incluso, destaca que en los últimos dos años, 23 mil 700 menores abandonaron el trabajo infantil, pues en 2012 existían 50 mil 410 niños y adolescentes vinculados a ello.
PROBLEMA DE DESIGUALDAD
Alonso Ramos, sociólogo e integrante de la Red Nacional de Apoyo al Menor y Adolescentes, estimó que es importante comprender que “el trabajo infantil no es un problema cultural, sino que se trata de desigualdad económica”.
Reconoció que se han dado avances en el tema, sin embargo, hacen falta más recursos, integración y monitoreo por parte de las autoridades.
“Necesitamos planes, políticas y proyectos tendientes a restablecer las condiciones del Estado de derecho”, dijo.
Para Ramos es necesario una integración entre los programas que se implementan, como la Red de Oportunidades, Beca Universal y demás asistencia económica condicionadas.
Eso, con el objetivo de que la ejecución sea efectiva y se pueda hacer una evaluación del impacto de los programas sociales para realizar los correctivos que sean necesarios, añadió.
En tanto, Rafael Chavarría, miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, estimó que se hace imprescindible que el Estado haga respetar y cumplir las leyes que protegen a los menores de edad, y se identifique y sancionen a las empresas que insisten en cometer abusos contra esta población vulnerable.
