Traficantes de arena se adueñan de zona protegida

Traficantes de arena se adueñan  de zona  protegida


Un grupo de areneros se apoderó de las playas del humedal bahía de Panamá, en el corregimiento de Pacora, sin que alguna autoridad detenga la actividad.

Este sitio fue protegido por la ley que hace poco sancionó el presidente Juan Carlos Varela para garantizar la conservación de los recursos naturales. A pesar de ello, la extracción indiscriminada de arena se mantiene.

De hecho, la Ley 1 de febrero de 2015, por la cual se declara área protegida el humedal bahía de Panamá, prohíbe “la remoción, tala, desmonte, relleno, extracción y cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares”.

El negocio con la arena en la reserva natural está generando miles de dólares a los dueños de areneras, concreteras, camiones y moradores del área este de la capital, que abarca los corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal.

Se trata de una red ilegal dedicada a la extracción de arena, que controla la playa y rutas clandestinas para comercializar el recurso.

LA RUTA DE LA ARENA

Para llegar al área de playa hay varias rutas de acceso. Una es la carretera Interamericana hacia Chepo y la otra por el corregimiento de Pacora.

Al día, por los caminos que las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el Municipio de Panamá y el recién creado Ministerio de Ambiente califican como “peligrosos”, circulan entre 25 y 30 camiones con arena.

Esta cantidad se contabilizó en un recorrido de este medio por la zona. Incluso, según el Mici, no han entregado permisos ni concesiones a empresas para extracción de arena en el lugar.

Sin embargo, desde tempranas horas del día, los denominados “paleros” llegan a las costas del humedal, junto con los camiones, para empezar su labor.

Cada camión requiere de siete personas que, pala en mano, se encargan de llenarlo, cuyo costo es de unos 70 dólares.

Algunos residentes de Pacora, que prefirieron no revelar su nombre por temor a represalias, señalan que varios jóvenes acuden a la playa porque obtienen dinero rápido.

“Ellos son muy fieles a la arena y a sus jefes. Ese es territorio de los areneros”, comentó uno de los vecinos.

Cuando los camiones son llenados, sus conductores regresan por las rutas clandestinas, que le toman entre 20 y 30 minutos hasta la ciudad, dependiendo del estado del camino. En época de lluvias, estos son intransitables.

Este medio pudo constatar que los camiones acceden a concreteras, ferreterías y casas particulares, donde entregan el material. Una vez completan el proceso, vuelven al área protegida.

Cada viaje con arena estaría representando entre 300 y 500 dólares, dependiendo de la distancia.

Para Tania Arosemena, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, las autoridades no juegan su papel de conservar el sitio protegido.

Sugirió al Ejecutivo destinar más recursos para la custodia del lugar, ya que el Ministerio de Ambiente no los tiene.

Recomendó a las autoridades solicitar apoyo a la Policía Nacional, en caso de no contar con los inspectores para custodiar la zona.

HAY TEMOR

Para esa zona de 85 mil 663 hectáreas, de las cuales 39 mil 703 corresponden a superficie terrestre y 45 mil 960 hectáreas a marina, fue nombrada hace 15 días una funcionaria que se encargará de velar por su conservación y elaborar el plan de manejo.

Al respecto, la ministra de Ambiente, Mirei Endara, precisó que hace poco también designaron a dos guardaparques para custodiar el sitio.

“Esa es una zona insegura y necesitamos tener coordinación con la fuerza pública cuando vamos allá. También sabemos que hay problemas de tráfico de drogas”, puntualizó.

Resaltó que trabajarán más en conjunto con la Policía y la Alcaldía de Panamá para contrarrestar estas anomalías en el refugio. Por su parte, Glenon Álvarez, administrador del Ministerio de Ambiente en Panamá este, reconoció que es un “riesgo” hacerle frente a esta situación.

Según Álvarez, se han reunido con representantes de la Policía Ecológica, el Municipio de Panamá y otras entidades para contrarrestar la situación.

“Sabemos que son áreas difíciles, donde estas personas han amenazado a los funcionarios y no podemos ingresar sin seguridad”, expresó.

Precisó que hace poco amenazaron con arma de fuego a funcionarios y les robaron los teléfonos móviles.

“Hasta donde tengo entendido estas personas se organizan y tienen vigilantes. Planificamos ahora mismo la manera de atacar el problema”, añadió.

Para el funcionario, si no hay un control puede haber daños drásticos al ambiente.

MÁS INSPECCIONES

En ese sentido, la vicealcaldesa Raisa Banfield resaltó que tratan de trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), para atender las denuncias.

“Sí, es un riesgo acceder solos. Creo que para esto debemos unirnos varias entidades, de lo contrario será difícil lograr algo”, aportó.

Banfield informó que organizaron una inspección al lugar, por lo que solicitarán apoyo a la Policía para conocer en detalle la realidad en las playas de Pacora y en el humedal.

A la vez, el representante suplente del corregimiento de Pacora, Alexis De León, aseguró que han presentado las quejas por la extracción de arena en playas y en el río, pero no ha ocurrido nada.

“Hacemos un llamado a Ambiente y a la Alcaldía para que vengan y realicen operativos que ayuden a poner un alto a esta situación en el área”, destacó.

En los últimos 10 años, los moradores han denunciado la extracción de arena en el río Pacora y que, según los últimos reportes de las autoridades, ha deteriorado la calidad del agua de ese afluente, donde opera la toma de agua de la principal planta potabilizadora del área este de la ciudad.

Sobre este tema, el Mici informó, a través de su oficina de Relaciones Públicas, que no ha otorgado concesiones ni permisos para extraer arena de las playas de Pacora, ya que están dentro del sitio Ramsar.

“No hay autorización de ningún tipo”, respondieron al cuestionario que se les remitió.

Además, el Mici instó a las comunidades afectadas y a las autoridades relacionadas en el tema a presentar las denuncias en la Dirección Nacional de Recursos Minerales para comenzar las investigaciones.

Este medio solicitó la versión de la Policía Nacional sobre la extracción de arena en el humedal y del posible tráfico de drogas en la zona; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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