El proceso de evaluación y acreditación de las universidades que operan en el país tendría nuevas reglas.
La comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional acogió un anteproyecto de ley que reemplazará la Ley 30 de 20 de julio de 2006 que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior.
La ministra de Educación y proponente de la iniciativa, Marcela Paredes de Vásquez, explicó que en la elaboración del documento, con un total de 127 artículos, participaron actores como el Consejo de Rectores de Panamá (CRP) y la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa).
La propuesta, dijo, recoge sugerencias y recomendaciones de las universidades luego de la experiencia con el anterior proceso que llevó a cabo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneaupa).
LOS AJUSTES
Dentro de la iniciativa de ley se establece que las universidades deberán pasar ahora por cinco pasos: autoevaluación de carreras, autoevaluación institucional, evaluación externa por pares académicos, acreditación y la reacreditación. Este último procedimiento no está contemplado en la Ley 30.
En el caso de las instituciones de educación superior particulares deberán contar con un informe favorable de la Comisión Técnica de Fiscalización como condición para ingresar en los primeros tres pasos mencionados anteriormente.
También Coneaupa pasará a llamarse Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Reacreditación de la Educación Superior de Panamá (Conearesp).
El documento menciona que la certificación de acreditación, emitida por Conearesp, tendrá una vigencia de seis años y concluido ese período la universidad deberá obtener la reacreditación.
La solicitud para este paso deberá hacerse con 18 meses de anticipación al vencimiento de la acreditación. “Contra la resolución que niegue esta certificación de reacreditación se podrán interponer recursos de reconsideración”, indica la nueva normativa que se evalúa en la comisión de Educación.
En la norma vigente cuando vence la certificación de acreditación, la universidad tienen que volver a hacer todo el proceso y en caso de no aprobarlo no puede apelar tal decisión.
LÍOS EN PROCESO
En 2013, los responsables de las universidades del país solicitaron al Gobierno la suspensión del proceso de acreditación, debido a supuestas “irregularidades” dentro del mismo.
Una de las quejas que presentaron los rectores es que no hubo uniformidad en la ponderación de las universidades, porque la calificación era diferente para las públicas como las privadas.
También se quejaron de la selección de los pares exteriores por parte de los responsables del proceso.
El expresidente de Auppa Ricaurter Martínez explicó que en estos momentos le están dando forma y estilo al documento.
Martínez subrayó que están revisando las propuestas que hicieron el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores para complementar el anteproyecto de ley.
Mientras, la actual presidenta de Auppa, Xiomara de Arrocha, expresó que los cambios lo que buscan es el desarrollo de la educación universitaria en el país.
Además, propone la entrega de incentivos para lograr el pleno desarrollo de estas casas de estudios, así como aumentar la autonomía y el financiamiento del organismo que se encarga de realizar el proceso de acreditación y evaluación.
Para el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, con esta propuesta se podrán corregir algunas situaciones que se dieron en el pasado y que desencadenaron en el cierre de universidades.
Aseguró que durante el pasado proceso no se les dio a algunas instituciones la oportunidad de superar las deficiencias que en un principio pudieron presentar.
Por su parte, el diputado y miembro de la comisión de Educación de la Asamblea, Rubén Frías, manifestó que se debe corregir la acreditación, pues varias universidades tuvieron que cerrar.
La evaluación de las universidades comenzó el pasado 31 de marzo de 2012, pero solo lograron superarlo unas 20 de esas instituciones. Otras tres tuvieron que cerrar, porque no llenaron los requisitos que exigían las autoridades encargadas del proceso.
