"La fundación es un facilitador: agiliza los procesos, por eso muchas entidades buscan a la fundación. La fundación recibe el 10% para administración y el resto de esos fondos, el 90%, pasa íntegro a la Universidad de Panamá (UP)”.
Así sustentó ayer Sergei De La Rosa, presidente de la Fundación Universidad de Panamá (Fudep), la relación de dicho organismo con la UP, en entrevista concedida a TVN Noticias.
De La Rosa explicaba la razón por la que fondos del Estado son depositados en una fundación de derecho privado. Alegó que si se usara el proceso de contrataciones a través de PanamaCompra, “sabemos lo que va a pasar”, refiriéndose a la burocracia, que es el mismo argumento que utilizó el director del Instituto Especializado de Análisis, Vasco Duke, también directivo de Fudep.
La explicación provocó desconcierto entre conocedores de la gestión pública, como Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional (TI), así como el excontralor Alvin Weeden.
Los pagos por los servicios que presta la universidad debería recibirlos la propia universidad, opinó Gasnell, quien añadió que el hecho descrito por De La Rosa “parecería ir en contra de los intereses públicos, que en virtud de un convenio o un acuerdo, los pagos puedan ser recibidos por otro ente, llámese Fundación Universidad de Panamá u otro de naturaleza privada”, subrayó.
Para que Fudep se quede con una comisión del 10% por servicios que ofrece la UP tendría que existir una norma administrativa de carácter legal, pues, de lo contrario, tiene que usarse la Ley 6 de Contrataciones Públicas, resaltó.
Pero el excontralor Weeden va más allá. Pidió al Ministerio Público allanar las oficinas de la fundación y que investigue a sus miembros. “Las declaraciones de De La Rosa –advirtió– son una confesión del delito de peculado. Han violado la Ley de Contratación Pública, han hecho fraude en todas las adquisiciones”, subrayó Weeden.
“Ya debería abrirse un proceso penal contra todos los señores de la fundación, porque estaban desviando fondos públicos por un propósito que no los autorizaba la ley, son unos delincuentes todos en esa junta directiva de esa fundación”, dijo Weeden.
Una investigación periodística de este medio reveló que Fudep cobra por servicios que presta la UP. El excontralor detalló que no existe ley alguna que faculte esta actuación.
De La Rosa aseguró en la entrevista que muchas entidades buscan a la fundación para “agilizar los procesos”, en lugar de acudir a la UP. Pero, contrario a sus palabras, (ver facsímil) es la UP la que ofrece los servicios, pero solicita que el pago se haga a Fudep.
Así lo demostraron documentos de decenas de entidades públicas recabados por La Prensa y varios funcionarios entrevistados por este medio. Incluso, en el portal PanamaCompra se observa que los diplomados y otros servicios de la UP son licitados a nombre de Fudep y se establece que el servicio lo ofrece la UP, pero lo cobra Fudep.
“No hay ninguna ley que faculte a esos caballeros a hacer semejante cosa, al contrario, la ley es muy clara: los fondos públicos tienen que ser manejados dentro de un esquema de control previo y dentro de la propia institución que genera este beneficio”, explicó Weeden.
Según De La Rosa, La Prensa tergiversó y manipuló la verdad, para luego agregar que “la Fundación es un ente que se creó para apoyar a la UP, es totalmente independiente. El señor rector no tiene ninguna injerencia en las decisiones que toma Fudep, que son dictadas por su junta directiva y su asamblea”.
Pero a pesar de esta insistencia –de que el rector es ajeno a las decisiones de la fundación– en el acta de creación de Fudep, de 1995, se establece que la fundación se “regirá” por su Asamblea General y su junta directiva. Pues, esa asamblea –el “órgano supremo de la fundación”– la presidirá el rector de la UP, indica el acta.
Pero, además, como se aprecia, fue el rector de la UP, Gustavo García De Paredes, el que solicitó a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) que le pagara a Fudep por el proyecto Sistema de incubación para el desarrollo empresarial (Sidep) en el que participaba la UP.
La Prensa preguntó a la UP por qué se le pidió a Ampyme hacer este pago –de 180 mil dólares– a Fudep, y Juan Antonio Gómez, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, respondió que “no hay ninguna orden para que eso se manejara en la fundación” y que “todos los fondos recibidos por Ampyme fueron dirigidos a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado”, aunque existen pruebas de que todo el dinero fue dirigido a Fudep.
La directora de la oficina de Universidad y Empresa, Mayra Lee, tuvo otra versión: “No hubo desvío de fondos”, sino que “la entidad financiadora tenía todo el derecho a decidir quién lo administra”. Pero, como se aprecia en la carta (ver facsímil 2), fue García De Paredes el que decidió que el pago se hiciera a favor de Fudep.
Para Transparencia Internacional, el hecho de que Fudep reciba los pagos de los servicios que ofrece la UP, con el presupuesto estatal se llama “huida del derecho administrativo”, figura estudiada en otros países.
“Debe estar debidamente regulada [como las sociedades anónimas del Estado] y estar sujeta a los respectivos controles para que no haya abusos”, agregó Gasnell.
La Prensa pidió una segunda entrevista a los directivos de Fudep para consultarles por qué, contrario a lo explicado por ellos a este medio, sí cobran por diplomados y otros servicios de la UP, pero luego de pedir por correo los documentos, no contestaron más.
Contraloría niega haber culminado auditoría de Fudep
La Contraloría General de la República negó haber culminado la auditoría a la Fundación Universidad de Panamá (Fudep), tal como lo aseveró ayer en televisión el presidente de esa entidad, Sergei De La Rosa.
Según la Fudep, la auditoría terminó en mayo de 2015, por lo que no se explica por qué la Contraloría ha suspendido sus refrendos.
“Ya fue auditada, estoy aquí para terminar con esos infundios... No hemos ocultado nada”, dijo De La Rosa ayer a TVN Noticias.
“Nada más distante de la realidad”, desmintió el contralor, Federico Humbert.
La última auditoría efectuada por la Contraloría fue el 18 de enero de 2013 y solamente a la cuenta de la Caja de Ahorros, informó la institución.
La Fudep tiene además cuentas en el Banco Nacional de Panamá y en el Banco General, cuenta esta última que desconocía la Contraloría antes de publicarse esta investigación.
La auditoría actual “ha estado muy limitada bajo el argumento de que es una fundación de interés privado” detalló Humbert.
Pese a la reticencia de la Fudep, una circular de la Contraloría resalta que “las asociaciones de interés privado sin fines de lucro”, cuyos fondos se canalicen a través de instituciones públicas –como en este caso es la Fudep– “serán considerados de naturaleza pública”, y estarán sujetas a fiscalización del Ministerio de Gobierno y la Contraloría.
Luego de la suspensión del refrendo y de solicitar que las compras mayores a $25 mil se hagan en la sede central de la Contraloría, el rector de la UP, Gustavo García De Paredes, anunció afectaciones en el funcionamiento de la entidad por los controles.
“Si la Fundación es de interés privado, ¿qué tiene que ver con que le hayamos suspendido los refrendos, si no tiene nada que ver con las operaciones de la universidad?, preguntó el Contralor.
Agregó que las solicitudes de la UP que cumplan con las leyes serán refrendadas. Sólo “se está siendo mucho más cauto”, acotó.
