En momentos en que la ciudad de Panamá enfrenta un posible riesgo sanitario por la acumulación de basura en zonas de varias comunidades, el aparato estatal tiene en frente un gran reto: la pronta implementación de la Ley 276 del 30 de diciembre de 2021, sobre gestión integral de residuos sólidos de Panamá.
Esta normativa publicada en Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2021 se supone es la hoja de ruta para cambiar la dinámica de años de desidia en lo referente a la recolección y disposición de los desechos en el país, y entrará en vigencia el próximo mes, es decir en julio.
El contenido
¿Qué establece esta nueva regulación? Según el documento —que consta de 84 artículos—, entidades como la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Salud y los municipios asumirán las funciones propias de la competencia de gestión de la basura en el país.
En el caso de las dos primeras entidades, tienen un plazo de un año una vez comience a regir la ley para elaborar un plan integral de gestión de residuos, el cual será un elemento “vinculante”. Mientras, los municipios deben crear un plan municipal de gestión de residuos, previo aval de la Autoridad de Aseo y consulta pública con las comunidades.
Incluso, el Ministerio de Educación debe crear un programa de educación para la gestión de residuos, el cual será impartido en todos los niveles de enseñanza.
Este marco legal también crea incentivos a las empresas que se dediquen a esta actividad. Por ejemplo, permite a las personas naturales o jurídicas que incursionen en la actividad de reutilizamiento, beneficios como una tasa anual del 15% de Impuesto Sobre la Renta y exención del pago de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) sobre transacciones de compraventa de los residuos valorizados.
Además, se establece la exención de este mismo impuesto cuando importen maquinaria fabricada para la recuperación, reciclaje o valorización de residuos.
En ese contexto, toda empresa relacionada con el manejo de los residuos en el país deberá obtener previamente el permiso de operación otorgado por la AAUD y tendrá un término de 90 días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para obtener o actualizar dicho permiso.
“Se declara de necesidad pública e interés nacional la inversión pública para la modernización de gestión de residuos, y para la construcción y reconversión de infraestructuras de disposición final de residuos, durante el plazo de cinco años”, indica la normativa, en uno de sus últimos artículos.
Reglamentación
Álvaro Díaz, director de Servicios Técnicos de la AAUD, subrayó que se creó una mesa técnica que está integrada por la AAUD, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias —se invitó a la Universidad de Panamá— para comenzar con el proceso de reglamentación, una vez la ley entre en vigencia en julio.
“Nosotros creemos que la reglamentación debe estar lista a mediados de octubre de este año”, detalló.
En cuanto a la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Residuos que debe estar listo en un año, Díaz señaló que ese documento fue elaborado durante el gobierno pasado (2014-2019), pero debe ser actualizado.
La pasada administración gubernamental contrató a la empresa pública española Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (Ineco), por un monto de $4.3 millones, para la elaboración de ese plan, que nunca ha sido puesto en ejecución. Este plan de 2017 contiene las condiciones actuales de la recolección y tratamiento de desechos y define las medidas para resolver los problemas presentes y futuros de la gestión de residuos.
Aparte de esta propuesta, el funcionario de la AAUD informó que la estrategia de la entidad también pasa por concesionar el tema de los desechos. “Nosotros esperamos, cuando nos vayamos en 2024, haber dado todo el servicio de recolección del distrito de Panamá en concesión”, puntualizó.
De acuerdo con Díaz, el plan es que una empresa se encargue de la recolección y también de la disposición de la basura, pero con “mejores” contratos y no vivir la experiencia actual que se tiene con la empresa Urbalia, la cual administra el relleno sanitario de Cerro Patacón.
Para ello esperan tener listo el pliego de cargos en julio de 2023 y acto seguido publicar la licitación, con lo cual la AAUD quedaría con un rol de fiscalizador del servicio de recolección y disposición de desechos en todo el país y no de operador, como lo viene haciendo.
Para Xochilt Troncoso, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, el tema del manejo de desechos no debe ser visto como un problema, sino como una oportunidad para el país.
Sin embargo, dijo que la preocupación existente entre las comunidades es la indiferencia por parte de las entidades en la aplicación de las normas para contar con una ciudad más limpia. “También nos preocupa que tenemos una planilla robusta de funcionarios en estas instituciones y seguimos utilizando la figura de las concesiones. Tenemos gente que no hace bien su trabajo y están contratando a más gente para que haga el trabajo”, manifestó la activista.
En palabras de Troncoso, todo se resume en que hay mucho personal en las instituciones y no se tiene a las personas capacitadas para el tema, lo cual termina costando más como país.
