El Ministerio de Ambiente (Miambiente) admitió el pasado 7 de agosto los incidentes de nulidad presentados por un grupo de ambientalistas contra el foro público para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de categoría III del proyecto “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Quebrada Ancha-María Chiquita (tramo 1, Quebrada Ancha-Sierra Llorona)”, mejor conocido como Corredor del Caribe.
Los incidentes de nulidad fueron presentados por las abogadas Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), y Susana Serracín, presidenta de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD). Esta última fue notificada el jueves 8 de agosto.
La consulta ciudadana para el EIA de categoría III del tramo 1 fue realizada por la consultora IPS Consultants, contratada por el Consorcio Transeq-Estrella, encargado de la construcción del proyecto Corredor del Caribe. Este foro público se llevó a cabo el pasado 19 de junio y fue organizado por el promotor, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El foro se realizó en la cancha de Río Gatún, situada en el sector 1, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón, donde participaron autoridades, moradores, empresarios y ambientalistas.
Según Ábrego, una vez admitida la reclamación, ahora le corresponderá a MiAmbiente solicitar la opinión del promotor, que en este caso es el MOP. Después de este paso, la entidad tomará una decisión sobre si el foro público es nulo o no, basándose en las diferentes alegaciones planteadas.
Ábrego destacó que lo que realmente buscan no es solo la anulación del foro, sino el rechazo del EIA de categoría III, por considerar que viola la legislación ambiental y que implica la destrucción de recursos naturales de gran valor.
En caso de que MiAmbiente determine que el foro es nulo e ilegal, el MOP estaría obligado a repetir la consulta pública.
“Realmente, nuestra aspiración es que el estudio sea rechazado, y de hecho, estamos preparando también una nota para solicitar al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, que retire el estudio”, declaró la abogada del CIAM.
Por su parte, Serracín señaló que aspiran a que la autoridad ambiental declare la nulidad del foro público. Considera que “con este proyecto no se han guardado los cuidados necesarios para los ecosistemas”.
El proyecto Corredor del Caribe, cuyo tramo 2 (Sierra Llorona-María Chiquita) está suspendido provisionalmente por mandato de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afecta la Reserva Natural Sierra Llorona y su biodiversidad, ya que está cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres y del Parque Nacional Portobelo.
Una de las críticas es que dentro de la zona hay especies que aún están siendo estudiadas y que un proyecto de estas características no es recomendable en la zona con el alineamiento que se propone.
Serracín indicó que es importante que el Estado panameño cumpla con las obligaciones internacionales de Panamá para preservar los ecosistemas, como está establecido en el Acuerdo de Escazú y otras normas relacionadas con los procesos de evaluación ambiental.
El Corredor del Caribe tiene una longitud de 28.4 kilómetros y un costo de inversión de $91.6 millones.
