En Panamá, los adultos mayores que dependen de cuidados en centros de atención integral se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, agravada por la falta de supervisión efectiva y la ineficiencia de las autoridades encargadas de garantizar sus derechos.
Según un informe elaborado por seis organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, esta falta de seguimiento ha dado lugar a denuncias de negligencia, maltrato y violaciones a los derechos humanos en diversos centros de atención.
El informe se basa en una inspección realizada el 13 de noviembre de 2024 en 11 centros de atención integral para personas mayores, de los cuales 10 se encuentran en la provincia de Panamá y uno en la provincia de Veraguas. Durante la inspección, se documentaron condiciones preocupantes que afectan la calidad de vida de los residentes
La mayoría de los centros operan en espacios reducidos y presentan condiciones de higiene y seguridad cuestionables. De los 11 centros visitados, solo cinco mostraron condiciones aceptables en cuanto a infraestructura y servicios.
Un hallazgo en la inspección es la insuficiencia de personal en la mayoría de los centros, lo que genera una sobrecarga de trabajo y compromete la atención que reciben los residentes.
En varios de estos centros, se reportó que un cuidador debe atender entre 8 y 10 personas mayores, lo que reduce drásticamente la calidad de los cuidados. Además, la mayoría de los centros no ofrece servicios de geriatría, lo que obliga a los familiares a cubrir estos gastos adicionales.
El informe también destaca la imposición de restricciones en los horarios de visita, lo que dificulta el control y la supervisión por parte de los familiares. Mientras que los centros con mensualidades más altas, superiores a los 1,500 dólares, permiten visitas sin restricciones, aquellos con mensualidades más bajas, de 700 dólares, imponen horarios limitados, lo que restringe el acceso a los familiares y, en consecuencia, limita su capacidad para garantizar el bienestar de sus seres queridos.
En algunos centros, las visitas están limitadas a 30 minutos, y otros requieren cita previa para acceder, lo que impide una supervisión adecuada de las condiciones de los adultos mayores. En casos extremos, como el de un hogar, las visitas solo se permiten los fines de semana, entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.
Denuncias de abuso y negligencia
Uno de los aspectos más alarmantes que revela el informe es la denuncia de abuso sexual en algunos centros. En un caso particular, la denuncia fue tratada de manera ineficaz por parte de las autoridades.
A pesar de que el agresor era también un residente del centro, fue trasladado a otro hogar sin que se tomaran las medidas adecuadas para proteger a los demás adultos mayores, lo que evidencia la falta de implementación de protocolos para la protección de esta población vulnerable.
Otro hallazgo fue que la mayoría de las residencias informan que no reciben personas jóvenes con enfermedades mentales, pero en uno de los hogares se pudo ver residentes de entre 30 y 50 años con plena movilidad, pero posiblemente con trastornos mentales.
Las organizaciones que realizaron este informe exigen una reforma urgente en los protocolos de atención y protección, además de una revisión de las políticas y leyes que afectan a este sector. Las leyes existentes, como la Ley 149 de abril de 2020 sobre la protección integral de los adultos mayores y la Ley 431 de 2024 sobre el Sistema Nacional de Cuidados, deben ser evaluadas y mejoradas para garantizar una atención digna y adecuada a los adultos mayores en el país.
La respuesta del Mides
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, indicó que el Mides lleva a cabo un riguroso sistema de inspecciones a los Centros de Atención Integral para Personas Mayores (Caipm), conforme al Decreto Ejecutivo No. 238 de junio de 2021 “que adopta disposiciones para la creación y reglamentación de los Centros de Atención Integral para los Adultos Mayores”.
En este marco legal, indicó que se estipula que al menos dos visitas de supervisión se realicen anualmente a cada centro para garantizar que se cumplan los estándares de calidad establecidos y se ofrezcan condiciones adecuadas a los adultos mayores. Estas visitas no solo son programadas, sino que también se llevan a cabo de manera sorpresiva durante el año. Aseguró que el Mides actúa con rapidez en casos de denuncias.
A través de diversos canales de comunicación, como el Centro de Atención de Denuncias 311 y otras plataformas, los ciudadanos pueden informar sobre situaciones que vulneren los derechos de los adultos mayores. Cada denuncia recibe una atención individualizada, con la apertura de un expediente y una investigación conforme a la Ley No. 38 de julio 2000. En situaciones donde se verifiquen faltas en el cumplimiento de los estándares, se procede al cierre de las operaciones del centro infractor y a la reubicación de los residentes.
En cuanto a la frecuencia de las visitas, la ministra Carles de Arango explicó que estas se realizan conforme a una programación anual coordinada con las direcciones provinciales y regionales del ministerio. Un equipo técnico, conformado por trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos y gerontólogos, es el encargado de las visitas.
Carles de Arango sostuvo que la limitación en la frecuencia de las inspecciones no se debe a la falta de personal, sino a la necesidad de organizar y priorizar las evaluaciones de manera eficiente para cubrir la totalidad de los centros en todo el país.
Las denuncias presentadas ante este ministerio son investigadas conforme al trámite del procedimiento administrativo general, establecido en la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, cuyo artículo 70 establece que a dichos expedientes solo tendrán acceso las partes, por lo cual no es posible informar cuáles son los albergues contra los cuales se presentaron denuncias.
No obstante, es importante destacar que la cantidad de denuncias reportadas en el Mides referentes a supuestas irregularidades en los Centros de Atención Integral para Personas Mayores en los dos últimos años e inicio de 2025, es la siguiente:
En 2023 se reportaron y atendieron dieciséis (16) denuncias.
En 2024 se reportaron y atendieron doce (12) denuncias.
En 2025 se reportaron y atendieron dos (2) denuncias.
Los correctivos y el seguimiento que se les brindan dependen de las irregularidades detectadas y, de acuerdo a ello, se pone en conocimiento de la entidad competente.
El informe evidencia que la situación de los centros de atención integral para personas mayores en Panamá exige una atención urgente por parte de las autoridades, con el fin de garantizar la dignidad, el bienestar y los derechos de los adultos mayores. A pesar de los esfuerzos del Mides en la supervisión y en la atención a las denuncias, las condiciones reveladas en el informe subrayan la necesidad de una reforma en los protocolos de atención, así como una revisión de las políticas y leyes sobre el tema.
Organizaciones que elaboraron este informe:
Alianza de Mujeres
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapaciddad.
Espacio Encuentro de Mujeres
Red Continental de Personas Mayores de America Latina y el Caribe
Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Centro de Estudios y Capacitación Familiar
