El millonario y polémico nuevo mercado del marisco, en el corregimiento de Calidonia, el proyecto de construcción más ambicioso del alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, sufrió otro revés esta semana.
Ya el pasado 19 de julio se informó que no hubo proponentes durante la segunda convocatoria al acto de licitación de la obra, cuyo precio de referencia es $43 millones, y ayer jueves se conoció que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) accedió a la suspensión provisional de una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que autorizaba a Fábrega a usar tres fincas de la cinta costera para construir este nuevo mercado.
La decisión fue adoptada por la sala, luego de admitir una demanda contenciosa administrativa presentada por la firma forense Bufete De Sanctis, en representación de la exvicealcaldesa Raisa Banfield y otros ciudadanos, entre ellos Carlos Eduardo Varela, Luis Eduardo Alfaro y Angélica Maytín, esta última exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
El fallo, del 25 de julio de 2022, con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, dice que si bien se trata de una medida cautelar y que luego en una etapa final se dictará una sentencia definitiva, a simple vista pareciera inferirse que el acto impugnado está “pasando por alto” la competencia sobre la administración, uso, mantenimiento y aprovechamiento que el Decreto 281 del 15 de diciembre de 2017 le otorga al Ministerio de Obras Públicas (MOP), que se encarga del mantenimiento y administración de la cinta costera.
El sustento
Además de violar la competencia del MOP, los demandantes mencionaron otros puntos que la resolución del MEF no tomó en cuenta, como por ejemplo la consulta ciudadana y la modificación del uso del espacio público, así como la falta de competencia de la Dirección de Bienes Patrimoniales del MEF para dar en uso al Municipio de Panamá una parte de la cinta costera, sin autorización del Consejo de Gabinete.
Para Giulia De Sanctis, una de las abogadas demandantes, el activismo ciudadano que se preocupa por la ciudad ha ganado un primer asalto en esta batalla legal.
En palabras de la abogada, definitivamente en este caso no hubo consulta pública con la ciudadanía, requisito para cualquier acto administrativo que afecte a terceros, como lo establece la Ley 6 del 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública.
“Además, se cambiará el uso del espacio público y ese lugar, es decir, el Mirador del Pacífico de la cinta costera, fue diseñado con un propósito específico, por lo que se afectará el concepto original del mismo”, puntualizó.
Uno de los temas que llama la atención a De Sanctis es que la resolución del MEF, a través de la cual se traspasan las fincas, le indica al Municipio de Panamá en uno de sus artículos que se debe “respetar” el contenido del Decreto 281 de 2017, que reglamenta el uso y aprovechamiento del parque costero, cuando precisamente lo que se hace al ceder los terrenos es burlar dicha normativa.
“Se trata de una total contradicción de la misma norma que ellos [el MEF] están pidiendo respetar”, acotó.
Por su parte, Banfield manifestó que esta obra viene mal concebida desde su raíz, debido a que ya el Órgano Judicial había declarado que el proyecto era inconsulto, pero aun así, el alcalde Fábrega convocó dos licitaciones, las cuales han sido declaradas desiertas.
La exvicealcaldesa hizo referencia al amparo de garantías promovido por un grupo de ciudadanos contra el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá que autorizó a Fábrega a convocar el acto público para la construcción del nuevo mercado del marisco. El amparo fue concedido el pasado 13 de mayo por el Juzgado Decimoctavo Civil.
“Luego de la lectura del informe rendido por el Consejo Municipal del distrito de Panamá, se advierte que el referido acto demandado en sede de amparo no fue fijado en las tablillas [ubicadas] en la Secretaría del Consejo Municipal, en las de la Alcaldía y en las corregidurías, y que si bien el mismo fue publicado en Gaceta Oficial, esto no quiere decir que fue promulgado, por lo que ciertamente se ha violentado la garantía del debido proceso contemplada en el artículo 32 de la Constitución”, concluye el fallo de la jueza Rosalba Sánchez Cisneros.
Según Banfield, la administración de la Alcaldía de Panamá ha “subestimado” lo que la normativa dice en materia de participación ciudadana. “La participación ciudadana no es cualquier cosa y me parece muy coherente y consistente el fallo [de la Sala Tercera]”, concluyó.
Los detalles
Según la resolución del MEF, del 24 de enero de 2022, los tres globos de terreno traspasados suman 21 mil 808 metros cuadrados, lo que equivale a 2.1 hectáreas. Su valor total es de $35 millones.
De los tres globos de terrenos, uno será para ampliar el nuevo mercado; otra de las fincas se utilizará para construir estacionamientos, y el último polígono se destinará a espacios públicos, como por ejemplo, parques.
Según Xochilth Troncoso, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, la “pésima” gestión de la máxima autoridad del gobierno local del distrito de Panamá ha logrado unir a la ciudadanía y crear empatía por los problemas comunitarios.
A su juicio, Fábrega ha logrado que personas y profesionales de diferentes ámbitos se involucren en apoyar el clamor de la mayoría ciudadana que exige que las decisiones sobre las inversiones que regenta la Alcaldía se encaminen a las verdaderas necesidades del distrito de Panamá y sus 26 corregimientos.
También calificó el nuevo mercado del marisco como un “proyecto faraónico”, que no resuelve los problemas básicos de seguridad peatonal y vehicular, recolección de los desechos y residuos para el aseo y ornato, espacio público, aplicación del uso de suelo permitido, ordenamiento territorial, etc.
“Son necesidades urgentes y tan requeridas desde antes, y que han empeorado con su gestión”, añadió.
Este medio pidió una versión a la Alcaldía de Panamá sobre la decisión de la Sala Tercera, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
