A pocos metros del relleno sanitario de Cerro Patacón, corregimiento de Ancón, y epicentro de la contaminación en los distritos de Panamá y San Miguelito, vive María Rodríguez (el nombre se ha cambiado, a petición de la entrevistada), junto a sus dos hijos.
La mujer de 32 años de edad mira hacia el cerro y dice: “Hace dos años vivía en el corregimiento de Curundú, pero ante los niveles de inseguridad y en busca de un hogar propio, me vine para acá”.
Rodríguez construyó una pequeña casa con viejas hojas de zinc y tablones de madera. No obstante, reconoce que no se encuentra en el mejor lugar para habitar, ya que con frecuencia el olor que emana del relleno sanitario es insoportable y escucha detonaciones de armas de fuego en la comunidad que nombraron “Calle 50″.
“Hemos sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial [Miviot], quienes nos han comunicado que están en busca de una opción para sacarnos de aquí. Esperamos que sea verdad”, narra la mujer.
En este asentamiento informal, a unos 500 metros del relleno sanitario, habitan unas 200 familias y cada año llegan más. En 2017 había 75 familias. Esto sucede pese a que la normativa establece que la población más cercana debe estar a unos 2 kilómetros de distancia del sitio en el que se manejan los desechos tóxicos.
Las cifras
Según las estadísticas Miviot, en todo el país hay unos 414 asentamientos informales, donde habitan aproximadamente 63 mil 715 familias.
Se trata de una actividad que se caracteriza por dos aristas. Por un lado, está el déficit habitacional en Panamá, que es de 200 mil viviendas y cuyo crecimiento anual, de acuerdo con el Miviot, es de un 4%.
Por el otro, que hay personas que promueven estos asentamientos, a pesar de que no tienen necesidad de una casa.
Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en 2021 en el asentamiento informal conocido como “Tierra Prometida”, en el corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.
En este caso, el Miviot intentó sacarlos a cambio de lotes en el sector de Las Mendozas, también en La Chorrera. Los que no aceptaron, fueron desalojados a la fuerza.
Aquella vez, de acuerdo con el censo final del Miviot, en “Tierra Prometida” se contabilizaron 542 familias, de las cuales 320 cumplieron con los requisitos y aceptaron ser reubicadas en Las Mendozas. El resto no cumplía las exigencias de la entidad, ya sea porque tenían otras propiedades o habían puesto a la venta el lote acaparado.
Sobre este tema, el Miviot ha planteado que actualmente cuenta con programas como el Fondo Solidario, mejoramiento habitacional y apoyo con lotes, por lo que no hay necesidad de invadir terrenos.
También detalló que está en proceso de legalizar ocho asentamientos que tienen décadas de haberse creado y que no se habían regularizado. Además, este año 2023 espera cumplir el mismo proceso con otros 11 asentamientos.
Para el urbanista Manuel Trute, si bien el tema de los asentamientos informales es un tema complejo, los mismos deben ser reconocidos territorialmente.
“Hay un concepto que es la ciudad equitativa y en la que todos tenemos derecho a la misma. Dentro de los planes de ordenamiento territorial, los asentamientos se deben integrar, para terminar de hacer ciudad, ya que no tienen una serie de servicios. Al no integrarse, el problema será mucho mayor”, acotó.
Actualmente, las provincias con el mayor número de invasiones territoriales son Panamá Oeste, Panamá y Bocas del Toro. De los 414 asentamientos informales, 243 están en terrenos estatales y 171 en privados.
En palabras de Trute, también hay un negociado producto de una necesidad. “Siempre hay alguien aprovechándose de la necesidad de los que menos tienen”, puntualizó el arquitecto.
Agregó que el Estado debe afrontar el gran reto de generar viviendas accesibles para los que menos tienen, ya que la falta de planificación a futuro genera más carga para el país en temas como los servicios públicos, es decir, suministro de agua y energía eléctrica, entre otros.
Áreas protegidas
Esta realidad también afecta áreas protegidas. A principios de 2021, una evaluación realizada por el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Información Ambiental y la Dirección Regional de Panamá Oeste, arrojó que las tierras bajo su administración que están afectadas por invasiones o asentamientos informales en la cuenca del Canal suman 175 hectáreas.
A su vez, las ocupaciones ilegales también se dan en zonas que representan un riesgo sanitario, como los asentamientos informales que están alrededor del relleno sanitario de Cerro Patacón.
Pese al peligro y al crecimiento de la población en esta zona entre 2014 y 2022, las autoridades no han podido reubicarlos.
