Estabilizar la tarifa en el transporte, garantizar la seguridad en cada viaje y regularizar la frecuencia de las rutas son aspiraciones que tienen los usuarios del transporte público, expectativas que podrían alcanzarse con el cambio de las empresas prestatarias a concesionarias.
Estos cambios podrían empezar a implementarse si la apuesta del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ábrego, de modernizar el sistema de transporte público, comenzando con el proceso de convertir las prestatarias en concesionarias, se concreta.
Para entender lo que pretende el nuevo director de la ATTT, hay que conocer que una prestataria se conforma a partir de la agrupación de certificados de operación individuales, es decir, que pertenecen a diferentes personas; cada certificado permite a su propietario operar un vehículo. La prestataria administra estos certificados y ofrece o presta el servicio dentro de una ruta. En este caso no necesariamente quien conduce es el dueño del autobús ni una persona contratada para conducir el vehículo, ya que los dueños suelen “alquilar” el derecho de conducir, es decir, que quien conduce debe llenar una cuota diaria a pagar y a partir de allí es que comienza a reunir lo que ganará en el día.
Actualmente, en todo el territorio de Panamá existen aproximadamente 200 prestatarias -que incluyen transporte urbano y rural- conformadas legalmente, sin embargo, solo dos tienen la concesión aprobada por el Estado. El resto de estas solicitudes aún no se ha perfeccionado, es decir, prestan el servicio en diversas comunidades del país, pero no tienen la concesión oficial de la ruta.
La concesionaria, por su parte, opera mediante una concesión estatal para una ruta determinada, controla los certificados de operación y asume responsabilidades laborales, como contratar personal, pagar prestaciones e impuestos y cubrir la seguridad social de los conductores, explicó Ábrego.
El director de la ATTT informó que, por el momento, continúa en reuniones con “altas autoridades” para definir el tema de las prestatarias, ya que considera que con esta regulación también podrían mejorarse las condiciones laborales de los conductores y lograrse una regulación del servicio en beneficio de los usuarios del transporte público de pasajeros.
Ábrego detalló: “Uno de nuestros proyectos es realizar todas las acciones tendientes a que las empresas prestatarias pasen a ser concesionarias, y si no pueden, entonces llamar a un acto público y licitar esas rutas”. El plan es que esta idea se concrete en el marco de un programa a cinco años, dando prioridad a las prestatarias que ya están en funcionamiento.
La transición a concesiones podría incluir taxis, transporte colectivo, turismo, transporte colegial, piqueras y terminales de transporte, que actualmente operan bajo el sistema de prestatarias.
Las dos concesiones vigentes en el país en la actualidad son: el sistema de transporte masivo Mi Bus, que cuenta con 1,450 certificados de operación, y una terminal de transporte en Aguadulce, provincia de Coclé.
El vocero de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, Luis Torres, explicó que no está de acuerdo con que se cambien las prestatarias a concesionarias sin antes realizar una amplia consulta con los usuarios, quienes son los principales clientes del sistema de transporte público.
Torres solicitó que el debate sea amplio, no limitado únicamente a los representantes de los usuarios en la junta directiva, con la finalidad de garantizar que durante ese proceso no se incremente la tarifa (costo del pasaje) para los pasajeros. “Necesitamos que el pasaje continúe en los 25 centavos, como actualmente cobra Mi Bus”, remarcó.
Desde 1993, la ley exige que las prestatarias deben ser concesionarias, aunque en la práctica esto no se ha implementado plenamente.
Eleuterio Araúz, presidente del Consejo de Transporte del Interior, S.A., apoya la idea de cambiar las empresas prestatarias a concesionarias con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los transportistas y brindar un servicio de mejor calidad.
Araúz destacó que, aunque la Ley 14 de 1993, la Ley 34 de 1999 y la Ley 42 de 2007 exigen que se otorguen concesiones al transporte público, esta medida no se ha implementado de manera efectiva en Panamá. Señaló que “los gobiernos anteriores no han cumplido con esta regulación, lo que ha afectado tanto a los transportistas como a los usuarios”.
El presidente del Consejo de Transporte del Interior, S.A., indicó que esperan que en esta administración se pueda dar continuidad a los trámites de concesiones que ya habían comenzado.
Araúz resaltó que actualmente algunos contratos de concesión están en revisión en la Contraloría General de la República. El gremio de transportistas insiste en que se debe continuar con el trabajo y la documentación ya avanzada para evitar costos adicionales y más demora.
Aunque no precisó la cantidad de trámites de concesión en proceso, reiteró que, en todo el país son al menos 200 las prestatarias que aspiran a convertirse en concesionarias.
Araúz solicitó que el gobierno actual no empiece de cero, sino que dé seguimiento a los avances ya logrados, ya que en muchos casos las prestatarias han realizado inversiones.
Por el momento, la ATTT mantiene reuniones para tratar de concretar este proyecto, según destacó la entidad.
Por la mejora del transporte público en Panamá Norte en conjunto con la ATT, a través de la revisión de todas las concesiones de transporte en el área y la distribución de información valiosa como rutas, horas de servicio y precio pactado por el decreto. pic.twitter.com/wNiIZT1WMr
— Neftali Zamora 🇵🇦 Panamá Norte (@neftalizamorai) August 2, 2024
