“Aquí estaba mi negocio”, dijo Julio Rodríguez parado en la arena. En el punto que marcaban sus pies estuvo un local de madera en el que desde la década del 90 ofertaba paquetes de excursiones a turistas. En 2006, él miraba el agua turquesa de la playa Arena Gorda a 25 metros de distancia de su puesto. Disfrutaba ver a los extranjeros pasearse por el frente del mercadillo de piezas artesanales donde operaba. Hace unos años se dio cuenta de que el mar se acercaba continuamente hasta que las olas golpearon las bases de su negocio y lo hicieron ceder. A sus 60 años, miraba preocupado cómo otros de los 63 locales de la plaza enfrentaban la misma amenaza.
Esa mañana de verano de 2017, Julio contaba que ha escuchado distintas explicaciones al porqué el mar penetró hasta más de 20 metros a ese punto de la playa. Citó el calentamiento global y la destrucción de los corales. “La misma naturaleza y uno mismo”, agregó. “Tú sabes que uno contribuye; las personas que no tienen conocimiento del daño que se le hace a esto causan muchas veces daños, consciente o inconscientemente”.
Julio resumía de esta forma lo que ocurre en las costas de Punta Cana, un destino turístico en la República Dominicana, de reconocimiento mundial, que aumentó en más de 21,000 el número de habitaciones hoteleras desde 2001, pero que está perdiendo metros de playa por un proceso erosivo que se atribuye al cambio climático y a construcciones levantadas sin respeto al medioambiente.
Esto representa una amenaza para la industria turística, que es un soporte para la economía local, y ha sido definida por el ministro de Turismo, Francisco Javier García, como “la gallina de los huevos de oro”. Solo el sector de hoteles, bares y restaurantes representó el 7.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) dominicano en 2017.
Parte de los terrenos de Punta Cana comprendía un ecosistema de dunas, manglares y humedales que fueron rellenados o drenados para levantar complejos hoteleros y locales de otra índole. Aunque esto está regulado y también la violación de la franja de terreno paralela al mar de 60 metros de ancho -salvo excepciones autorizadas por la ley y decretos-, el Ministerio de Medio Ambiente no registra sanción alguna respecto a este destino en sus archivos, consultados desde 2009.
Punta Cana es un destino que pertenece a La Altagracia, una provincia de más de 330,300 habitantes. Se ubica al este de la isla y es de los lugares turísticos más visitados en el Caribe. Entre sus atractivos está una serie de playas y comunidades como Uvero Alto, Bávaro, Cortecito, Cabeza de Toro, Arena Gorda y Punta Cana.
La provincia es altamente crítica ante los efectos del cambio climático por tener el porcentaje más alto de acuíferos subterráneos afectados por salinización ligada a intrusión marina y playas con tendencia a la erosión. Así lo establecía en 2012 un estudio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), The Nature Conservancy y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI).
Cuando en la década de 1970 comenzó el desarrollo de proyectos turísticos en una apartada y boscosa Punta Cana, se abrió paso al sector de hoteles, bares y restaurantes, que ya representa el 23.3 % del empleo generado en La Altagracia, según el estudio “Turismo dominicano, un mar de oportunidades”, publicado en 2017 por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores).
El desarrollo comenzó con un pequeño hotel conocido como Punta Cana Club, con capacidad para 40 personas, impulsado por el dominicano Frank Rainieri y el norteamericano Theodore Kheel. La expansión continuó en la zona e inversionistas, en su mayoría españoles, atraídos por las playas vírgenes, expandieron hacia Bávaro, al norte de Punta Cana, proyectos hoteleros “todo incluido”, entre estos un complejo de 400 habitaciones de la cadena Barceló.
Aprovechando el enorme ancho de las playas, se quiso construir hoteles lo más cerca posible del mar turquesa en el que se refleja el cálido sol del Caribe. Esto generó que se fueran las dunas bajo muchas construcciones, edificaciones o caminos, observa Nina Lysenko, directora de Conservación y Manejo de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente.
También se alteró el manglar, un ecosistema que funge como una barrera o muralla natural contra fuertes vientos y olas producidas por huracanes o tsunamis. Ejerce una función vital en la protección de las costas contra la erosión causada por el viento o las olas.
El rápido crecimiento de la industria motivó la instalación de infraestructuras informales, proyectos inmobiliarios y negocios particulares. Al 2017, Punta Cana acogía más de 85 establecimientos de alojamiento turístico que superaban las 39,500 habitaciones, concentrando el 51 % de las habitaciones hoteleras del país, según una base de datos de la Asonahores. Y la proyección es que aumentarán al cierre de 2018, por la construcción de más proyectos.
Solo en 2017, este destino, que ofrece un turismo mayormente costero, tuvo una tasa promedio de ocupación de 82.8. Es una base vital para la industria turística local que, a nivel general, el Banco Central calculó que dejó ese año ingresos superiores a los US$7,000 millones.
Asimismo, el sector del turismo registró una inversión extranjera directa (IED) acumulada, desde 2013 al tercer trimestre de 2016, de $1,827 millones, para el 22 % de la IED total en ese periodo, reporta el estudio de la Asonahores.
Punta Cana además alberga el aeropuerto del mismo nombre, que por su alto flujo de pasajeros, es el más dinámico del país. Fue la terminal de entrada del 67.6 % de los turistas en 2017, es decir, recibió a 3,620,711 extranjeros no residentes, en su mayoría de América del Norte y Europa, de acuerdo a cifras del Banco Central.
Llegan las extremas Irma y María
El Caribe sufrió eventos severos en 2017, siendo una región que está en alerta seis meses cada año por la temporada de huracanes en el Atlántico. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) calificó la pasada como “extremadamente activa” y “la más devastadora en lo que va del siglo XXI”.
Entre esa alta actividad, el 7 de septiembre el huracán Irma pasó a 95 kilómetros de la costa noreste del país con categoría 4 y vientos de 280 km/h. Seis días después investigadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) viajaron a la zona turística. Buscaban verificar si el fenómeno varió las mediciones que hicieron en diciembre de 2016 en 39 estaciones en las que estudian la erosión en las playas Uvero Alto, Macao, Arena Gorda, El Cortecito, Bávaro, Cabeza de Toro, Cabo Engaño, Punta Cana y Juanillo.
No se esperaban que ese mes tuvieran que volver a lo mismo, después de que el día 21 pasara otro huracán: María. El ciclón se acercó con categoría 3, a 75 kilómetros de la costa este-noreste del país, con vientos de hasta 280 km/h.
Tras pruebas de campo y de laboratorio en unos tres años de investigación, la bióloga Gladys Rosado y otros académicos de la UASD y de la Universidad de Puerto Rico (UPR), compartieron en noviembre resultados preliminares del proyecto Impacto del cambio climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfología de las playas de Bávaro y Punta Cana, República Dominicana.
Rosado informó que por Irma y María se perdieron en promedio 208 metros de ancho de playa (68 con Irma y 140 con María) en Uvero Alto, Macao, Arena Gorda, El Cortecito, Bávaro y Cabeza de Toro. Este conteo resulta de sumar lo que midieron en distintos puntos y compararlo con los registros que tenían antes de ambos fenómenos. También encontraron peces, moluscos y crustáceos vivos y muertos arrastrados a la orilla por el fuerte oleaje.
Pero Rosado observó que había “gente contenta (de las comunidades) porque las playas ganaron arena” y no hubo daños en la zona este. Y ella se preguntó: “¿Cómo que ganaron arena?”.
“Lo que pasa es que el comportamiento de las playas bajo presiones de huracanes -explicó- lo que hace es que aplana el perfil de la playa, y toda la parte alta de atrás de la playa, el oleaje y la presión la empuja hacia abajo y el frente de playa queda erosionado, pero por un mecanismo dinámico de la ecología de los ecosistemas esa playa aparece aplanada”. Es como una especie de “ilusión óptica” que esconde lo ocurrido con la arena.
Entonces, alertó: “Aunque estos impactos no fueron de igual magnitud en todo el frente de playa, las autoridades e inversionistas deben estar alerta por la vulnerabilidad que muchas de nuestras playas tienen ante el cambio climático en la región”.
Mostró fotografías donde se apreciaban altas pendientes y taludes de arena, del alto de una persona promedio, que los hoteleros, con el interés de nivelar el entorno, aplanan periódicamente en donde pueden.
En un censo que coordinó el investigador Luis Almánzar -quien participa en el proyecto con Rosado- se contó que hasta diciembre de 2016 había 308 infraestructuras a lo largo de la línea de costa y zona marina adyacente. Para el levantamiento de datos se consideró un complejo hotelero y residencial como una infraestructura.
Se verificó que el 51.6 % de los 64.8 kilómetros lineales de costa abarcados en el censo está ocupado por infraestructuras, principalmente en El Cortecito (96.7 %) y Punta Cana (92.4 %). Ambas zonas de playa y Uvero Alto son las que tienen mayor porcentaje de edificaciones dentro de la franja de los 60 metros.
El climatólogo de la UPR, Rafael Méndez Tejeda, explicó que datos recogidos por un mareógrafo en la isla Magueyes (Puerto Rico) arrojan que entre 2000-2010 aumentó el nivel del mar entre 7 a 8 milímetros por año, y a partir de 2011 se disparó a entre 10 a 12 milímetros por año. Observó que esto coincide con un aumento de los frentes fríos que pasan por el Caribe. Como esa zona es cercana y sus condiciones son similares a las de la República Dominicana, los valores también son aplicables, confirmó. “Cuando hablamos de 10 milímetros por año, eso lo multiplicamos por una escala de 1,000; eso quiere decir que está aumentando 1 metro a 1.2 metros horizontal por año”, calculó.
Al preguntarle si hay infraestructuras de las contadas en el censo que entraron a la franja de los 60 metros por ese aumento del nivel del mar, precisó que la línea de costa no termina con el agua, sino con la zona marítima terrestre que comprende desde la línea de agua hasta la zona de arena. Entiende que si las estructuras se hubiesen mantenido fuera de los 60 metros de la línea de costa, el impacto no fuese tan agudo.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) -que reúne a 195 países- reportó que el nivel medio global del mar se elevó 0.19 metros entre 1901-2010. Estima que seguirá aumentando por el calentamiento de los océanos y la pérdida de masa de los glaciares y mantos de hielo.
Los investigadores encontraron puntos activos de erosión en El Cortecito, Arena Gorda, Cabeza de Toro y al final de Uvero Alto. Rosado observó que hay sitios con incidencia de factores físicos que permiten que ocurra el proceso erosivo, pero “si tienen infraestructuras, es peor”. “Se acrecienta más el problema de erosión”, afirmó.
Las playas del tramo Uvero Alto-Juanillo presentan cambios morfológicos, como erosión y acreción, para el periodo 1947-2012. Las causas las atribuyen a las marejadas de huracanes, frentes fríos, infraestructuras y la capacidad de carga.
Los análisis que hicieron tomando informaciones e imágenes desde 1947 arrojaron que aunque el desarrollo de las infraestructuras se inició más de lleno para la década de 1980, es a partir del 2000 que la zona tuvo un incremento por año, y algunas playas ya han “agotado la capacidad de carga”. Para 2011, se verificó que aumentó el proceso erosivo.
Almánzar explicó que las carreteras o accesos próximos o sobre las dunas rompen el patrón de la vegetación y generan vías de desagües o drenajes hacia la zona de playa, provocando pérdida de arena por escorrentías.
¿Cómo se llegó a esto?
“Para el desarrollo turístico ocurrido en los 90 las zonas que eran potencial turístico en el país comenzaron a desarrollarse sin tener una regulación sólida”, recuerda Lysenko, del Ministerio de Medio Ambiente.
Agregó: “La Ley General de Medio Ambiente nació en 2000. En cuanto a protección ambiental, había decretos que mayormente trataban puntualmente las especies (...), y los ambientalistas hablaban de las especies, nadie trataba territorios, nadie trataba franjas costeras”.
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 especifica en su artículo 146 que “el Estado Dominicano asegurará la protección de los espacios que comprenden los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas y garantizará que los recursos acuáticos, geológicos y biológicos, incluyendo flora y fauna comprendidos en ellos, no sean objeto de destrucción, degradación, menoscabo, perturbación, contaminación, modificación inadecuada, disminución o drenaje”.
El Gobierno está informado de las amenazas al medioambiente y así se le documentó en un estudio realizado entre 2010-2012, solicitado por el Ministerio de Turismo a la empresa de consultoría ambiental QU4TRE, que comprendió un “Análisis de clasificación y propuestas de gestión geoambiental de las playas de República Dominicana”.
En el informe final se citó entre los problemas principales de 133 playas, calas y dunas a lo largo de las costas dominicanas, la “falta de planificación en cuanto a la instalación de infraestructuras, fijas y temporales, y en el secado de lagunas costeras para desarrollo de infraestructuras turísticas”. También, la destrucción de dunas y de la vegetación costera, y “extracción de agregados y otros materiales de las playas para la construcción, o bien extracciones de arenas en playas vírgenes para rehacer playas degradadas”.
“Todo lo referente a los servicios de playa y sistema dunar, como son la ubicación de hamacas, parasoles, pistas de volley, etc., son elementos que sin un mínimo criterio de ordenación y planificación pueden favorecer los procesos erosivos, debido a su ubicación y al paso indiscriminado de usuarios para acceder a ellos”, resalta el estudio.
De hecho, en el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2017, del Foro Económico Mundial, la República Dominicana ocupa la posición 109 de 136 países evaluados en su pilar Aplicación de las Regulaciones Ambientales.
Las amenazas
La penetración progresiva del mar que Julio Rodríguez observaba en Arena Gorda ha afectado el espacio de playa del resort Ocean Blue & Sand. Buscando cómo luchar contra la naturaleza, se colocaron geotubos rellenados de arena -que a primera vista parecen ballenas varadas- para retener la fuerza de las olas. Lo mismo se ha hecho en otros hoteles.
El profesor Almánzar sostiene que los geotubos generan hundimiento vertical por el peso y producen erosión de las zonas aledañas corriente abajo.
El 8 y 22 de septiembre de 2017, Julio y los demás vendedores del mercadillo Guineo Maduro en Bávaro hacían el inventario de lo que debían reconstruir más retirado del agua tras los daños provocados por los huracanes Irma y María. El oleaje destruyó el frente de los negocios, dejando al descubierto la arena erosionada.
Efectos concretos del cambio climático como el aumento en el nivel del mar y en las lluvias así como huracanes de mayor intensidad y la erosión costera son ya una realidad que está causando estragos en el Caribe, perjudicando la vida social y económica de las islas.
Los devastadores huracanes de 2017, Irma y María, exacerbaron los problemas en las islas más afectadas dejando al descubierto la fragilidad de sus infraestructuras y la negligencia de gobiernos que no tomaron medidas para proteger a sus poblaciones. Estos eventos causaron sobre US$175,000 millones en daños y pérdidas en Puerto Rico, BVI, USVI, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Martín. Además provocaron la salida de más de 275,000 de sus ciudadanos por razones económicas y de seguridad.
Para el paso de Irma, el Gobierno dominicano estimó que el 75 % de las habitaciones hoteleras de Punta Cana estaban ocupadas. Por María, se informó de la evacuación de 5,000 turistas.
En la República Dominicana el balance reportado por las autoridades fue que Irma “no causó daños a las infraestructuras turísticas” y María lo hizo a bares y restaurantes de menor tamaño. Ambos fenómenos motivaron cancelaciones de vuelos, para una contracción en la llegada de turistas de 13.3 % (47,701 visitantes menos en septiembre), e interrumpieron el crecimiento sostenido que exhibía el sector en los primeros ocho meses del año.
Trece años antes el turismo también estuvo amenazado. En septiembre de 2004 la zona este del país fue impactada por el huracán Jeanne -de categoría 1-. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó en $1,440 millones (más de US$38.2 millones a la tasa de ese entonces) los daños directos a las infraestructuras, equipos e instalaciones turísticas en la provincia La Altagracia.
En el informe de la Cepal -elaborado a solicitud del Gobierno dominicano- se indicó que de 62 hoteles, al menos 18 (varios de más de 500 habitaciones) cerraron temporalmente. “Los daños se produjeron por inundaciones causadas por la disminución de la capacidad de almacenamiento de Laguna Bávaro y el manglar”, indicó la entidad.
La evaluación precisó: “El movimiento de las aguas del Sistema Laguna Bávaro-Manglar hacia los puntos de desagüe natural se vio afectado por diversas construcciones vinculadas al desarrollo hotelero de la zona como caminos, verjas y edificaciones dentro del área del manglar”.
Las lagunas Bávaro y Mala Punta se interconectan por una franja estrecha de humedales que se extienden por unos 15 kilómetros hasta el Macao. Este sistema lagunar corresponde a una depresión en donde se capta la escorrentía de las precipitaciones.
Los hoteleros: entre excusas y defensas
“El desarrollo ha ido generando a veces abusos y otros usos”, reconoció el empresario, Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este (Asoleste).
Aseguró además que los hoteles se ubicaron respetando los humedales y que cuando se comenzó el desarrollo turístico en la zona, dos proyectos hoteleros, de las cadenas Barceló y Meliá, se diseñaron para “coexistir con los manglares”.
Veloz reconoce que en algunos proyectos se tuvo que rellenar el suelo y en otros instalar un sistema de alcantarillas para permitir el curso del agua, más se escudó en que las cadenas hoteleras llegaron cuando no había regulación.
Además, defendió que “los pocos” que han respetado el medioambiente son los complejos hoteleros, porque cuando se instalan, deben tener un acueducto y una planta de tratamiento de aguas residuales. “El desarrollo informal es el que no tiene servicios”, afirmó.
Al Ministerio de Medio Ambiente se le solicitó un informe de las sanciones aplicadas por violación a la franja marítima de 60 metros de ancho y por relleno de manglares en las inmediaciones de Punta Cana. Respondieron vía correo electrónico: “Luego de efectuar una búsqueda exhaustiva en nuestra base de datos no encontramos ninguna que fuera impuesta por ese concepto en esa zona. Cabe señalar, que aunque la franja constituye un bien de dominio público en el que de acuerdo al artículo 2 de la Ley No. 305-68, del 23 de mayo de 1968, están prohibidos todo tipo de construcciones, excepcionalmente se permiten las que sean autorizadas por el Poder Ejecutivo para actividades turísticas y otras que apliquen, de utilidad pública”.
Las autorizaciones para utilizar parte de los 60 metros de la franja marítima son otorgadas mediante decreto del Poder Ejecutivo, que ha hecho la salvedad de que el permiso estará condicionado “a que el beneficiario haga uso racional de la franja marina y al cumplimiento previo de las disposiciones aplicables (…) relativas a la construcción de infraestructuras turísticas y a la preservación del medioambiente y los recursos naturales”.
Así, por ejemplo, en la provincia La Altagracia, con el decreto 455-02 el expresidente Hipólito Mejía autorizó a Cap Cana, S.A., a hacer uso de la franja de los 60 metros para construir una marina deportiva con atracaderos para yates, mini cruceros y otros tipos de embarcaciones. Con el 644-07, el expresidente Leonel Fernández dio permiso para que la sociedad Paraíso Tropical, S. A., desarrolle el Club de Playa del proyecto Punta Perla Caribbean Golf Marina & Spa Resort. Además, Fernández, con el decreto 396-12, autorizó utilizar parte de los 60 metros para desarrollar el Proyecto Turístico Costa Atlántica Beach Apartments.
Desde el 15 de diciembre de 1986, el Gobierno le dio gran énfasis al turismo en el este, al establecer como demarcación prioritaria el Polo Turístico Macao/Punta Cana y a la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, como localidad de apoyo de los servicios turísticos de la zona. Encargó al Ministerio de Turismo de la aplicación de los reglamentos de planificación, y ordenó que la demarcación estuviese sometida a control de construcción y de reglamentos de zonificación.
Años más tarde, el Ministerio de Turismo emitió una resolución que establece que las áreas de terrenos definidos como “los humedales” deberán estar libres de toda ocupación y ser organizados dentro de un plan de manejo ambiental.
Algo similar se ratificó con la resolución 7-2012, del 26 de abril de 2012, que establece un Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico Punta Cana, Bávaro-Macao. Indica que todo proyecto, urbanización o complejo turístico deberá cumplir con las leyes, decretos y normas que protegen los ecosistemas costeros y manglares, y las áreas de humedales estarán libres de ocupación e incorporadas a los atractivos del proyecto.
A pesar de las normativas y la responsabilidad atribuida al Ministerio de Turismo, la zona turística y comunidades adyacentes no han logrado ordenarse. La institución reconoció por escrito para esta investigación que “su desarrollo original no estuvo basado en un plan de ordenamiento, por lo que la apropiación del suelo, sobre todo en el sector informal, se ha producido de manera espontánea”.
Agregó que la zona cuenta con un plan de Ordenamiento Territorial de tipo normativo, sin embargo la localidad requiere proyectos integrales de reforma que posibiliten una mejor definición de las áreas de servicio y residencial, y sanear e integrar al tejido urbano con las zonas degradadas.
Al tratar de verificar en el Ministerio de Obras Públicas si los hoteles instalados en Punta Cana cuentan con los permisos de rigor, la agencia respondió que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública limita la obligación de informar “cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos, propiedad de particulares o del Estado, o información industrial, comercial reservada o confidencial de terceros que la administración haya recibido en razón de un trámite o gestión instada para obtener algún permiso, autorización o cualquier otro trámite y haya sido entregada con ese único fin, cuya revelación pueda causar perjuicios económicos”.
Al cuestionar al Ministerio de Turismo sobre cuáles medidas se tomaron para que la modificación de ecosistemas como manglares y humedales no causara un impacto ambiental, respondió por escrito que los estudios de impacto ambiental de los proyectos son normados por el Ministerio de Medio Ambiente, que otorga una licencia ambiental para emitir la “No Objeción” de uso de suelo que concede Turismo.
Se suministró a Medio Ambiente la lista de hoteles registrados por Asonahores en Punta Cana al 2016 para verificar si cuentan con autorización ambiental. A diferencia de Obras Públicas, la institución sí respondió. La agencia pública informó que solo el 60 % de la lista de hoteles entregada tiene autorización ambiental; el resto no apareció en su base de datos o el nombre se asemejaba al de otros proyectos que tienen permiso.
El 12 de octubre de 2017 el Ministerio de Turismo modificó el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico Punta Cana, Bávaro-Macao mediante una resolución que dio a conocer en diciembre. De este modo elevó de cuatro y cinco a 22 los niveles permitidos en las construcciones en la Unidad Ambiental Macao, una variación que la Asonahores ha exigido que se reconsidere porque introduce un cambio radical en el modelo de desarrollo de Punta Cana basado en baja densidad y baja altura, y porque el Plan de Ordenamiento se previó para 10 años.
Turismo argumentó que se hace imperante actualizar los parámetros de edificación por el continuo crecimiento urbano y se desaconseja seguir con un modelo de expansión horizontal. Además, por las amenazas y afectaciones producto del cambio climático y la importancia de preservar las lagunas, la franja costera y las áreas de manglares que incluyen “suelos de vocación turística, en los que a la fecha no ha sido posible el desarrollo” porque su protección está reglamentada. La agencia entiende que un modo de hacerlo es introduciendo un modelo de edificación que ocupe menos suelo e incorpore el manglar como atractivo del proyecto.
Los hoteleros han denunciado que el cambio favorece a inversionistas, y que en playa Macao ya se autorizó la construcción de dos proyectos.
“Evidentemente que se están generando beneficios para un sector perjudicando a otro”, aseguró Veloz. “Nosotros en las zonas hoteleras hemos sido muy celosos de respetar el medioambiente y de respetar lo que nos ha hecho exitosos, que es la baja altura y la baja densidad”.
En Cap Cana, un complejo de bienes raíces y hoteles, se gestiona la construcción de 17 torres, y el pasado 19 de diciembre se aprobaron los incentivos fiscales para estos proyectos, de los que 15 se vinculan a la empresa Cap Cana, S.A. y a otros inversionistas.
La compañía tiene relaciones con The Trump Organization, con cuya empresa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó en 2007 el fracasado proyecto Trump Farallón Estates at Cap Cana, que incluía villas, campo de golf, condo-hotel y club de playa.
En febrero de 2017 los ejecutivos de Cap Cana recibieron en el país a Eric Trump, hijo del presidente, quien observó el desarrollo inmobiliario de Cap Cana. Y ese año, Turismo modificó la densidad de las construcciones en la zona, lo que beneficiaría a la empresa y otros desarrollos de su tipo.
El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, confirmó que para las citadas torres se han solicitado los permisos ambientales y están en proceso; se levantarían a más de un kilómetro de la playa. Así también lo ratificó Cap Cana, S.A. en espacios publicitarios en enero de 2018 en la prensa nacional en los que dijo: “Generalmente los hoteles se construyen en las primeras líneas de playas quedando, en algunos casos, la segunda y tercera línea de terenos a merced de la arrabalización. El único modo de revalorizar esos terrenos sería con productos inmobiliarios y hoteleros que, impedidos de ofrecer playa, puedan ofrecer vista al mar”.
Asoleste notificó el 20 de diciembre de 2017 una oposición formal ante el Departamento de Planeamiento Urbano y el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey al otorgamiento de permisos y certificaciones a proyectos con alturas superiores a los cinco niveles en el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana.
Luego de reunirse con el ministro de Turismo, la Asonahores anunció a principios de enero el retiro de un recurso de reconsideración de la resolución, que había presentado ante el Ministerio, para abrir un proceso de diálogo con el Gobierno. El pasado 22 de marzo hubo una reunión pero no se llegó a un entendimiento satisfactorio. Varias fuentes aseguraron que los hoteleros defienden su interés de desarrollo como está, de baja densidad.
¿La situación ambiental es remediable?
La bióloga Rosado entiende que a las playas se les debe dejar su espacio pues con su propia dinámica natural se pueden recuperar. No obstante, el Gobierno dominicano planificó una solución que comprende la inversión de US$64.6 millones para regenerar las que están degradadas.
En septiembre de 2016 el Ministerio de Turismo convocó a una licitación pública internacional para la ejecución de un proyecto de regeneración de playas que fue ganada por el consorcio Acciona IDC Regeneración de Playas, compuesto por la empresa española Acciona Infraestructuras y la compañía dominicana Inversiones y Construcciones del Caribe. El plan contempla la intervención en nueve sistemas de playas en toda la costa del país, entre las que están Cabeza de Toro, Macao y Arena Gorda-El Cortecito.
Una de las acciones será el vertido de arena en las playas que la han perdido. “Los bancos de arena para la extracción del área en los casos en que se amerita están ubicados en zonas cercanas”, indicó el Ministerio de Turismo. “La arena a utilizar en cada playa es arena que originalmente estuvo en las mismas playas a intervenir. No se vertirá arena traída de otros sistemas litorales, y no se contempla crecimiento de área de playas sino que se regenerarán aquellas playas que han sufrido fuerte erosión”.
El proyecto no ha comenzado, aunque el ministro de Turismo y Javier Miguélez Fernández, en representación de Acciona IDC Regeneración de Playas, firmaron el 20 de diciembre de 2016 el contrato de ejecución por $64,649,793.13.
El Presupuesto General del Estado del 2018 incluye autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contratar el Proyecto de Regeneración de Playas, con un monto máximo de US$70,000,000, más la prima de seguro contra riesgos en caso de que aplique, a ser concertado con la banca internacional.
Por su parte, la Fundación Grupo Puntacana y otras entidades trabajan en un proyecto de recuperación de la barrera coralina.
Los corales ayudan a prevenir la erosión y a disminuir la fuerza del oleaje, y sirven como protección contra los efectos de las tormentas y huracanes. Pero en cinco lugares analizados para el estudio “El estado de los arrecifes de coral de la República Dominicana” se encontró que el arrecife de Punta Cana posee la cobertura más baja (2.8 %) de corales vivos y de las más abundantes de macroalgas, que pueden perjudicar su rendimiento reproductivo. Esto se atribuye al calentamiento global, la sobrepesca y la modificación de hábitats, según ese estudio publicado en 2015 por Rubén Torres, de Reef Check Dominican Republic, y Robert Steneck, de la Universidad de Maine.
“Tenemos más de seis kilómetros de tejido trasplantado de arrecifes, es decir, creció en viveros y se sembró en el arrecife. Se ha sembrado desde el norte de nuestra propiedad hasta el frente de Cap Cana; tenemos más de 60 sitios de trasplante”, explicó Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana.
Los hoteleros también alegan que han gastado hasta US$100,000 en el costo de un kilómetro de barreras de retención del sargazo, unas algas marrones que temporalmente llegan flotando a la costa por montones y parecen una mancha en la arena blanquecina. Donde se acumulan despiden un olor penetrante, similar al del azufre.
También gastan en palas mecánicas que recogen cantidades incontables de sargazo que, al no encontrar aún en qué usarlas, se depositan en los alrededores de los hoteles hasta que se pudren. En el proceso de recogida también se cuela arena, sumándose esto a la pérdida por erosión. No hay sanciones por ello.
La compañía AlgeaNova desarrolla un proyecto experimental con una barcaza que recoge el sargazo en el agua. Planea reciclarlo para elaborar materiales biodegradables como platos y otros envases.
Una turista alemana caminaba por la playa Cabeza de Toro en Punta Cana una mañana de septiembre de 2017. Evitaba pisar el sargazo acumulado. Llegó por primera vez al país el día anterior y en las fotos que vio antes de viajar, no había de esta alga. Estaba desilusionada, pero conocía del tema y que investigadores atribuyen su llegada masiva al cambio climático. “Creo que todos somos responsables del clima. Todo cambia, incluso en Alemania tenemos cambios en el clima”, decía.
Días después, el oleaje generado por el huracán Irma lanzó toneladas de sargazo a la costa; el ciclón María hizo lo opuesto: lo retiró.
Los científicos sugieren que la afluencia de sargazo en el Caribe se debe a un aumento en las temperaturas del agua y a los vientos bajos, que afectan las corrientes oceánicas.
La “Encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes”, que aplica el Banco Central, encontró que el 29.7 % de 11,186 turistas que visitaron el país en 2016 lo hizo por la calidad de sus playas y el 17.9 % por el clima.
Al Ministerio de Turismo han llegado quejas sobre el estado de algunas playas, según confirmó la institución, pero no pudo precisar de cuáles se han hecho informes o si se han establecido sanciones.
De una lista de 183 países, la República Dominicana fue –en promedio– el décimo más afectado por eventos climáticos extremos entre 1992-2011, según el Índice Global de Riesgo Climático 2013 que elabora la organización no gubernamental alemana Germanwatch. Esta calculó la ocurrencia de 49 eventos en ese periodo en la nación y 2.47 muertes por cada 100,000 habitantes.
El Gobierno tiene la meta de aumentar el número de turistas que visitan el país hasta alcanzar los 10 millones al 2022. A diciembre de 2017, se estimó que 6,187,542 viajeros no residentes llegaron por la vía aérea en ese año, 87 % de estos extranjeros y el resto dominicanos.
En septiembre del año pasado el presidente Danilo Medina alertó en las Naciones Unidas que, con cada huracán que azota al país, disminuye la arena en las costas. “Hay la posibilidad, incluso, de que uno de estos megaciclones como Irma erosionen por completo las playas de algunas zonas turísticas”, afirmó.
Análisis actualizados al 2018 del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA sugieren que aunque aún no se puede decir si ocurrirán más o menos huracanes en el futuro debido al calentamiento global, se espera que los que lleguen cerca del final del siglo XXI sean más fuertes y tengan lluvias significativamente más intensas que en las condiciones climáticas actuales.
A pesar del escenario, en la Cámara de Diputados no se aprueba el proyecto de Ley de Cambio Climático en la República Dominicana que manda a tomar medidas para que en la construcción de infraestructuras se tome en cuenta la variabilidad y el cambio climático. La pieza fue propuesta por primera vez en 2014 por la entonces legisladora Guadalupe Valdez y el diputado Ricardo Contreras. Se puso en la lista de iniciativas prioritarias en 2017, la enviaron a una comisión para su estudio, pero caducó. Contreras y el diputado Marcos Cross la reintrodujeron en marzo del presente año. Valdez considera que no ha habido el interés político para que se sancione.
“Perimió (caducó) porque el Congreso siempre tiene muchos proyectos y a veces no les dan el adecuado seguimiento”, dijo Ernesto Reyna, vicepresidente ejecutivo del gubernamental Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. “Pero esta vez esperamos que no perima porque hemos estado en conversación con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y con el Senado, y realmente ellos están muy interesados”.
Se solicitó a la Cámara de Diputados las actas de las reuniones de la comisión, para indagar sobre los opositores o entidades que hayan influenciado la iniciativa legislativa. De la Oficina de Acceso a la Información respondieron que no estaban disponibles porque la pieza se encontraba en fase de estudio y deliberación.
