En medio de la polémica por la condena de cinco años de cárcel para el neonatólogo Iván Sierra Robles debido a la muerte de un grupo de neonatos en 2013, el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, ha enviado una carta al actual director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, sobre el tema.
Cedeño espera que Lau Cortés, quien dejará su cargo el próximo 30 de septiembre, responda a siete preguntas antes de su salida. Estas preguntas fueron leídas el martes en el pleno de la Asamblea Nacional.
Las interrogantes son las siguientes:
¿Cuál es el modelo que se ha implementado en la CSS para la vigilancia permanente a lo largo de la cadena de atención de los pacientes?
¿Cuánto recurso económico ha destinado la CSS a la calidad y seguridad de los pacientes?
¿La administración de la heparina con alcohol bencílico se dio solo en el pasado, durante los hechos que llevaron a la reciente condena de Sierra Robles?
¿La Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud advirtió a la CSS sobre la alerta existente respecto a la heparina con alcohol bencílico en neonatos?
¿Qué medidas está ejecutando la CSS para mejorar la atención de los asegurados?
¿La CSS no piensa ayudar económicamente a los familiares de los niños sobrevivientes?
¿La CSS ha sugerido al Gobierno una compensación para los padres de los niños fallecidos?
El tema ha resurgido 11 años después, ya que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación presentado por la defensa del médico Sierra Robles y la farmacéutica Melia Mebis Mock Sevillano, ambos condenados a 60 meses de prisión por homicidio culposo por la muerte de los neonatos en el Hospital de la CSS en 2013.
En un fallo del 24 de junio pasado, bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García, la Sala Penal desestimó el recurso presentado por la defensa.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó una sentencia del 22 de junio de 2022, emitida por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, y declaró culpables al médico y la farmacéutica, inhabilitándolos para el ejercicio de funciones públicas por un año, una vez cumplida la pena principal.
