La incertidumbre agobia a la provincia de Los Santos desde que el Ministerio de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, categoría III, para la puesta en marcha del proyecto minero en cerro Quema.
A raíz de esto, organizaciones, iglesia, estudiantes, ganaderos, agricultores y parte de la población cerraron filas y cada semana organizan manifestaciones contra una concesión, que para ellos pone en riesgo sus recursos hídricos y la calidad de vida del lugar.
Milciades Pinzón, quien forma parte del Frente Santeño contra la Minería, subrayó que hay un rechazo generalizado de todos los sectores en la provincia.
“No estamos solas las organizaciones, puesto que también nos acompañan los estudiantes, el santeño común de a pie, los universitarios, ganaderos y productores agrícolas”, detalló el activista.
Pinzón recordó que esta semana salieron a protestar estudiantes del colegio Manuel María Tejada Roca y del instituto Coronel Segundo Villarreal, ante lo que consideran un “crimen ecológico” para la península de Azuero.
Así define el ambientalista el sentir de los santeños por el tema de la mina: “para nosotros no es fácil, debido a que tenemos un problema ambiental muy serio que viene desde hace décadas. Toda la zona hídrica de la provincia, la salud de las personas, exportadores de melones y ganaderos, podría verse afectada”.
Capítulo cerrado
Uno de los que no se había pronunciado sobre la aprobación del estudio ambiental era el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien esta semana indicó que cerro Quema es un “capítulo cerrado” en lo que respecta a la aprobación del estudio de impacto ambiental, puesto que se cumplió con todos los requisitos.
Pese a no contar con el aval aún del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), debido a que la concesión venció en 2017 y se espera la aprobación de una prórroga, Concepción considera que en cuanto al estudio ambiental se cumplió con todos los requisitos.
Aunque llama la atención que no fue Concepción quien firmó la resolución a través de la cual se avaló dicho estudio, sino la viceministra de Ambiente, Diana Laguna.
“El gobierno anterior [2014-2019] tuvo el estudio cinco años… Nosotros lo revisamos, hicimos inspecciones de campo y al final vimos que cumplió los objetivos de evaluación de un estudio de impacto ambiental”, manifestó.
En palabras del ministro de Ambiente, el hecho de que la mina tenga estudio ambiental no significa que se pueda construir o desarrollar, porque la concesión requiere una prórroga del Mici.
Además, dijo que si el Mici aprueba la prórroga, entonces le corresponderá al Ministerio de Ambiente la parte de supervisión y control pertinente del proyecto minero que estará en los distritos de Tonosí y Macaracas.
Suspensión de trámite
Este medio consultó al Mici sobre la prórroga a la concesión que solicitó Minera Cerro Quema S.A., y respondió que el Ministerio de Comercio e Industrias, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentran actualmente en un proceso de revisión, evaluación y actualización de las reformas al Código de Recursos Minerales, a fin de proveer a Panamá de políticas públicas para la extracción de minerales, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Por tal razón, explicaron que se mantiene “suspendidos” cualesquiera trámites relacionados con el contrato de extracción de Minera Cerro Quema, S.A., mientras realiza meticulosamente las evaluaciones técnicas, legales y administrativas correspondientes.
De acuerdo con el Mici, en el marco del proyecto que se realiza con el BID, denominado “Fortalecimiento institucional del Sector Minería en Panamá”, se enfocan en tres objetivos: elaborar la política minera, mejorar y actualizar el Código de Recursos Minerales y definir la institución rectora del sector minería.
A su vez, informaron que mediante un segundo proyecto con el BID llamado “Reforma institucional y estratégica de la gobernanza del sector minero de Panamá” se propone analizar la creación de la Autoridad de los Recursos Minerales de Panamá, como nuevo ente rector del sector minería, con suficiente capacidad económica, técnica y personal profesional para una mejor gobernanza del sector.
Más oposición
La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) capítulo de Los Santos, emitió un comunicado en el que señala que fue un “grave error” que el Ministerio de Ambiente diera el visto bueno al estudio de impacto ambiental, una decisión que pone en riesgo a unas 200 personas de la zona.
“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud humana”, dice la nota que lleva la firma de Sebastián Escobar, presidente de la ese capítulo de Anagan.
A esto también se unió la Asociación de Productores Agropecuarios, la cual comunicó que proyecto minero, con la modalidad de procesamiento a cielo abierto, causará impactos ambientales que podrían “dañar y contaminar” los ríos con químicos sumamente peligrosos.
“Por tanto, solicitamos al Gobierno nacional respetar la masiva opinión pública en contra de este proyecto minero que nació mal y que está condenado al fracaso porque es totalmente inconsulto, por lo que debe cancelarse de inmediato”, detalla el escrito.
Larga revisión
Por su parte, Minera Cerro Quema también emitió un comunicado en el que señala que la aprobación del estudio ambiental constituye un hito “importante” y formaliza el cumplimiento de la empresa con los pilares fundamentales de buena gobernanza, sostenibilidad ambiental y social en apoyo a las operaciones mineras responsables.
“Después de un riguroso período de revisión técnica iniciado en 2015 y con inspecciones interdisciplinarias de campo realizadas en 2021 y 2023 por el Ministerio de Ambiente, se confirmó que las condiciones ambientales originales de la línea base del proyecto se mantienen similares a la fecha”, indicaron.
En cuanto a los detalles del proyecto, precisaron que han presentado al Mici los informes, estudios y justificaciones necesarios para obtener la prórroga del plazo de las tres concesiones mineras asociadas al Proyecto Cerro Quema. Estas concesiones cubren un área total de 14 mil 893 hectáreas, de las cuales 481 hectáreas (3.29%) representan el área que será intervenida directamente por la operación minera (en otras palabras, la huella del proyecto).
Dos cifras que destacan es que destinarán $163 millones en costo de capital para la fase de construcción del proyecto Cerro Quema y adicionalmente, la compañía estima invertir $50 millones en actividades de exploración e ingeniería.
Durante la etapa de construcción, la mina proyecta generar 3 mil 600 empleos directos e indirectos y mantener mil 200 empleos durante la operación.
