La aprobación del estudio de impacto ambiental categoría III para la extracción de oro en cerro Quema, provincia de Los Santos, cayó como un trago amargo para los residentes de esa región del país, quienes llevaron a cabo una protesta ayer martes en la regional de la Universidad de Panamá.
Aunque representantes de varias oenegés que rechazan este proyecto, entre los distritos de Tonosí y Macaracas, prefieren calificarlo como “un gol” de última hora, tomando en cuenta que a la actual administración gubernamental le queda solo un año. También lo califican como un “golpe bajo”, a pesar de la crisis hídrica que enfrenta esa región del país.
Este estudio de impacto ambiental fue presentado en 2015 y se consideraba un tema olvidado, ya que la administración pasada (2014-2019) no le había dado el visto bueno.
De hecho, en el Gobierno pasado el Ministerio de Ambiente contrató una consultoría internacional para la evaluación de este proyecto y ninguno de los ministros de Ambiente en ese período, Mirei Endara (2014-2017) y Emilio Sempris (2017-2019) aprobó el estudio ambiental.
Se consultó a Endara quien confirmó que el estudio ambiental estuvo en su despacho para aprobación, pero no se le dio el visto bueno.
“Nosotros no aprobamos. Panamá debe definir si es un paso minero o no”, apuntó.
Su posición fue clara: “En lo personal, no considero que reunimos las características geográficas (suelo, clima, agua), institucionales ni legales apropiadas para esta actividad, y que existen otras opciones de desarrollo económico más sostenibles para nuestro país”.
La desidia estatal
Llama la atención que durante la evaluación de este estudio de impacto ambiental en 2015 y pese a la envergadura del proyecto, las unidades sectoriales ambientales de cada entidad pasaron inadvertidas. Es decir, los comentarios de los departamentos de medio ambiente de cada institución, no fueron tomados en cuenta, porque simplemente no los hicieron o porque lo hicieron fuera del tiempo que establece la normativa.
Por ejemplo, la resolución del 25 de mayo de 2023, a través de la cual se aprobó el estudio de impacto ambiental, señala que las unidades sectoriales ambientales del Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura y la Autoridad de los Servicios Públicos remitieron sus observaciones sobre el estudio fuera del tiempo oportuno.
Mientras que la regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos, sitio donde se desarrollará el proyecto, y la unidad ambiental del Servicio Nacional de Protección Civil no emitieron comentarios al respecto, por lo que se asumirá que no mantienen objeciones al proyecto, tal como lo establece el artículo 42 del Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009 sobre evaluación ambiental.
En otras palabras, las demás entidades que debían evaluar el proyecto enviaron sus comentarios fuera del tiempo que establece la ley, el cual es de 20 días para un estudio ambiental categoría III, y otras ni siquiera enviaron sus comentarios sobre el proyecto minero.
Una de las entidades que emitió sus observaciones de forma extemporánea y que no fueron tomadas en cuenta fue el Ministerio de Salud, la cual en una nota recomendó no aprobar el proyecto minero si afecta algún acueducto rural o urbano, áreas turísticas, salud de las personas antes, durante y después de la construcción de la mina.
No obstante, con la llegada de la nueva administración gubernamental (2019-2024) se retomó la evaluación del estudio ambiental, hasta su aprobación el pasado 25 de mayo. Quien lo firmó fue la viceministra de Ambiente, Diana Laguna, y no el ministro, Milciades Concepción.
Entre 2021 y 2023 se llevaron a cabo inspecciones al sitio de la concesión minera, antes que se aprobada el estudio de impacto ambiental. Los mismos estuvieron a cargo por varios departamentos del Ministerio de Ambiente.
Se intentó obtener la versión de Concepción sobre por qué fue Laguna y no él, quien avaló el estudio, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente envió un comunicado en el que señaló que se hizo una reinspección interdisciplinaria al sitio del proyecto de cerro Quema, para evaluar si las condiciones ambientales de la línea base del sitio del proyecto habían variado, las cuales concluyeron que las condiciones ambientales se mantenían similares a lo descrito en la línea base del estudio de impacto ambiental.
A su vez, detallaron que el Ministerio de Comercio e Industrias, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentran actualmente en un proceso de revisión, evaluación y actualización de las reformas al Código de Recursos Minerales, a fin de proveer a la República de Panamá de políticas públicas para la extracción de minerales, conforme a las mejores prácticas internacionales, motivo por el cual mantiene suspendidos cualesquiera trámites relacionados con el contrato de extracción de Minera Cerro Quema, S.A., mientras realiza meticulosamente las evaluaciones técnicas, legales y administrativas correspondientes.
Compensación y críticas
Como medida de compensación y luego de aprobación del estudio ambiental, el promotor (minera Cerro Quema) deberá coadyuvar en el monitoreo de la calidad de agua de las cuencas hídricas del río La Villa y el río Tonosí y fortalecer la red de monitoreo mensual en las fuentes hídricas más cercanas a los centros poblados.
Para Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), el proyecto de cerro Quema se enmarca como una “amenaza” para la zona de Azuero en una arremetida minera por parte de los funcionarios del actual gobierno que igual hablan de conservación como entregan autorizaciones mineras, o de carbono negativo al tiempo que apoyan actividades contaminantes.
“Luego de 8 años, y con un manejo inaceptable de este estudio, categoría III por parte del Ministerio de Ambiente, se aprueba un proyecto minero con una información ya obsoleta que usará cianuro a cielo abierto donde nacen los principales ríos de la provincia santeña: El Quema, Estivaná y Oria, Tonosí y Güera”, dijo.
A juicio de Ramos, esto afectará la cantidad y calidad de las aguas en una zona en donde la escasez de agua es un problema social grave en las zonas productivas de la zona.
“Los impactos generados en la parte alta, media y baja de las cuencas tendrá un efecto acumulado que va más allá de lo evaluado por el Ministerio de Ambiente, que no ejerce su rol y se ha convertido de manera voluntaria en una simple dependencia para aprobar los permisos de diferentes ministerios, sin defender los intereses de los ciudadanos y mucho menos el manejo sostenible de la naturaleza”, acotó.
Por su parte, el vocero del Frente Santeño contra la Minería, Milciades Pinzón, informó que ayer martes se llevó a cabo una protesta en la sede regional de la Universidad de Panamá, en Los Santos, exigiendo que el proyecto se suspenda.
“Las razones son claras: está ubicado en un área donde hay fuentes de agua que abastecen a la población y a la agricultura. Unas 200 mil personas podrían verse afectadas”, puntualizó.
Mientras que Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, calificó como un “golpe bajo” al pueblo la aprobación de este estudio ambiental.
“En lugar de velar por los mejores intereses de la nación, se hace todo lo contrario. No vemos explicación lógica que haya un estado de emergencia por escasez de agua y se dé un permiso para extraer oro. Esto demuestra un total desprecio a la población y el medio ambiente. Sin agua no hay vida ni economía”, concluyó.
De acuerdo con la página del Ministerio de Comercio, la concesión minera de cerro Quema, la cual se entiende unas 15 mil hectáreas, venció en 2017 y actualmente está en trámite una solicitud de prórroga.
