Un reto de la comunidad científica de Panamá es lograr que en ciencia, tecnología e innovación se invierta un 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Para ello, el plan de las autoridades de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) es aumentar la inversión en un 0.2% del PIB por año hasta llegar al 1% en 2029.
Sin embargo, en 2025 este objetivo de alcanzar el 0.2% no se cumplirá, ya que el presupuesto planteado en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2025, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indica que será de $70 millones, aunque son $5 millones más que el presupuesto de 2024, que fue de $65.2 millones.
La Senacyt aspiraba a un presupuesto de $108 millones, lo que representaría un incremento del 33% en relación con el presupuesto de 2024, de $65.2 millones.
Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoció que enviaron un presupuesto ambicioso con la idea de implementar proyectos nuevos. Sin embargo, añadió que “el país no está en una situación ideal. Nos tendremos que ajustar y llevaremos a la Asamblea Nacional nuestra propuesta, que luego regresará al MEF para un ajuste”.
Además, recordó que el 90% del presupuesto de la Senacyt se destina a inversión. Incluso, en los últimos cuatro años se redujo el número de colaboradores de 210 a 190, “y procuramos hacerlo todo con la misma cantidad de personas” para no incrementar la nómina. En ese sentido, el presupuesto de la Senacyt para este año fue de $55.8 millones para inversión y $9.4 millones para funcionamiento.
Ortega Barría adelantó que sostendrá reuniones con el equipo del MEF en los próximos días, luego de que el proyecto de presupuesto fue retirado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el pasado 10 de octubre, tras observaciones legales de la Comisión de Presupuesto.
Chapman indicó en la Asamblea Nacional: “solicito respetuosamente que nos permitan reexaminar el Presupuesto General del Estado para el año 2025. Esa evaluación en detalle conlleva que se nos permita retirarlo y oportunamente presentarlo, una vez concluido dicho examen, tomando en consideración el análisis que han presentado los diputados”.
La Senacyt tiene bajo su paraguas varios centros de investigación e innovación en la modalidad de asociación de interés público (AIP), entre ellos, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), Infoplazas, el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), Coiba, Investigación Científica Aplicada en Tecnología de Información y Comunicaciones (Indicatic) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps).
El proyecto más ambicioso que tienen en pleno desarrollo actualmente es el Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos (Crivb), un proyecto que nació en plena pandemia de COVID-19, y que se prevé inaugurar este año.
Panamá invierte alrededor del 0.13% del PIB en ciencia, tecnología e innovación, cifra que se reduce al 0.08% si se excluye la inversión del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, financiada por Estados Unidos.
Proyecto para destinar el 1%
La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 2 de octubre, en primer debate, el proyecto de ley 98, que busca garantizar que el 1% del PIB sea destinado a ciencia, tecnología, innovación e investigación. La meta es que, para el año 2029, este porcentaje se dirija a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a través de un ajuste gradual que iniciaría en 2025, con un 0.20% del PIB, seguido por un 0.40% en 2026, un 0.60% en 2027 y un 0.80% en 2028.
Sin embargo, Ortega Barría señaló que cualquier incremento significativo relacionado con el 1% del PIB se concretaría después de 2026. Por su parte, el diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos y proponente del proyecto, destacó en su exposición de motivos que, dada la importancia de esta inversión, “debe estar plasmada en una Ley de la República para asegurar que sea una política pública de Estado a largo plazo y no esté sujeta a los cambios políticos”.
La propuesta también contempla que la mitad de los recursos se destine al Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), mientras que la otra mitad se enfoque en áreas estratégicas como la educación y la capacitación, la infraestructura científica, proyectos de innovación regional, colaboración entre universidades y empresas, y programas de becas para estudios avanzados en ciencia y tecnología.
Además, el proyecto explica que dichos fondos podrían provenir de la partida discrecional del presidente de la República y de la reducción en las consultorías, la planilla estatal, gastos de movilización, viáticos y el alquiler de vehículos de lujo.
El exsecretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá, Víctor Sánchez Urrutia, sostuvo que para Panamá es vital que se apruebe una ley del 1%, ya que la competitividad del país depende en gran medida de la inversión en ciencia y tecnología. “Estamos hablando de atraer empresas de semiconductores, las cuales requieren personal y estructura de investigación en el país”, dijo.
De igual manera, la presidenta de Ciencia en Panamá, Ivonne Torres Atencio, manifestó que el país ha tenido durante años menos del 0.15% en inversión, cuando lo mínimo es 1%, por lo que es importante establecer ese incremento paulatinamente en nuestro país. Añadió que contar con un marco legal es un hito histórico, ya que toda la población será impactada.
El desafío de alcanzar el 1% del PIB en inversión para ciencia, tecnología e innovación sigue siendo un objetivo ambicioso, especialmente en un contexto económico desafiante. A pesar del compromiso de la Senacyt y el apoyo legislativo para establecer una política de Estado a largo plazo, el ajuste gradual en el presupuesto parece ser la única vía viable por ahora, considera la comunidad científica.
Las expectativas de la comunidad científica se enfrentan a la realidad de las restricciones presupuestarias, lo que resalta la necesidad de un consenso entre el Gobierno y los distintos actores para asegurar que Panamá no se quede atrás en el desarrollo científico y tecnológico. La apuesta es clara: invertir hoy para cosechar un futuro más competitivo y sostenible.
