Los miembros de la comisión evaluadora recomendaron al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, adjudicar la licitación para “el servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas”, al único proponente, el Consorcio Renal —integrado por DaVita, Sintec y Constructora Nova—, lo que ha generado preocupación y quejas entre los pacientes.
La recomendación fue dada mediante un informe con fecha del pasado 17 de abril, luego de revisar la documentación presentada por el consorcio, el cual ofertó $168.8 millones el pasado 22 de marzo, cifra inferior al precio de referencia establecido por la CSS, que era de $180.8 millones.
Los siete miembros de la comisión evaluadora que recomendaron adjudicar la licitación son: el ingeniero biomédico de la CSS, Vladímir Rodríguez; el abogado de la CSS, Juan Pablo Iglesia; el nefrólogo de la entidad, Mario Girón; la ingeniera civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, Eliani Harbi; la ingeniera en sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Vilma Cedeño; el financista del MEF, Alcides García, y el arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, Lisandro Madrid.
La licitación contempla brindar servicio a las 18 unidades de hemodiálisis existentes, sumadas a las seis nuevas unidades, que totalizarían 270 máquinas de hemodiálisis, que tendrán la capacidad atender al menos 3 mil pacientes por mes, 800 más en comparación a los 2 mil 200 que reciben actualmente atención, indicó la CSS.
Las seis nuevas unidades de hemodiálisis se ubicarán en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos (Panamá este); en la futura policlínica Edilberto Culiolis (Panamá norte); al lado del Centro de Atención Integral para Pacientes Renales (provincia de Colón); terreno en la vía Panamericana (provincia de Coclé); terrenos de la policlínica Santiago Barraza (Panamá Oeste) y en un terreno en proceso de donación localizado en la vía hacia el aeropuerto Enrique Malek (provincia de Chiriquí).
Mientras que los pacientes de insuficiencia renal, luego de cinco protestas con cierre de calles en la vía Transístmica y Clayton, en la ciudad de Panamá, lograron una reunión con las autoridades de la CSS la semana pasada para abordar el tema de la licitación.
En el encuentro, la directora ejecutiva nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la entidad, Yelkys Gill, aseguró que a la fecha la licitación no se ha adjudicado.
Además, explicó paso a paso el criterio técnico del manejo y seguimiento al pliego de condiciones para el servicio de hemodiálisis.
La responsabilidad de adjudicar está en manos de la Dirección de Compras de la institución de seguridad social, que debe basarse en los criterios técnicos para tomar una decisión que podría anunciarse en los próximos días.
La próxima reunión
La próxima reunión entre pacientes, autoridades y la Defensoría del Pueblo será este jueves 4 de mayo.
El secretario de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, Pedro Vargas, indicó que si se adjudica este servicio, seguirán protestando.
“Ellos [el consorcio] tratan de plantear que podrían hacer cambios a los equipos e insumos en acuerdo con la CSS, pues saben que tenemos razón en nuestros cuestionamientos”, expresó.
Además, Vargas remarcó que el Consorcio Renal es nuevo y pequeño, sin ninguna trayectoria nacional, menos a nivel internacional, y que los equipos e insumos que manejan son chinos.
Durante la licitación, los pacientes se han sentido ignorados, ya que no fueron tomados en cuenta en el proceso donde una sola empresa ofertó.
La invitación
La empresa DaVita, una de las tres que integra el consorcio, invitó a las asociaciones de pacientes y comunidad en general a una reunión esta semana, para explicar cuál es su experiencia de atención y resultados.
No obstante, la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares (Anpircf) respondió el pasado 27 de abril al consorcio que no asistirán al encuentro porque en estos momentos la CSS mantiene una licitación, la cual insisten que no fue consultada a los pacientes, quienes serían los principales beneficiarios, y porque dicho consorcio es parte del proceso de licitación.
La misiva lleva la firma del presidente de Anpircf, Alexander Pineda, que justifica su rechazo ya que, remarca, el acto público ha sido “poco transparente e inconsulto”.
