La Alerta Amber es un sistema de emergencia utilizado en varios países para la rápida difusión de información sobre la desaparición de menores en situaciones de riesgo.
En Panamá, este sistema se implementó luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley 230 del 24 de junio de 2021, “que crea el sistema de Alerta Amber para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad”.
De acuerdo con la normativa, para emitir una alerta Amber se deben cumplir una serie de requisitos:
Que la persona desaparecida sea menor de edad.
Que existan indicios razonables de la desaparición.
Que se disponga de datos suficientes para que la petición de colaboración pueda dar resultados positivos.
Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por parte de quien ostente la patria de potestad o tutela legal del menor. En ausencia de este, por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Así mismo, esta alerta debe decretarse desde el momento en que se tenga noticia de la desaparición, rapto, sustracción o secuestro. Establece también, que el periodo de difusión de esta no puede ser menor de cinco horas ni mayor de 24 horas.
La alerta Amber en Panamá es difundida por las redes sociales del sistema, del Ministerio Público y de los medios de comunicación.
Esto contrasta con los sistemas de otros países donde la alerta se envía directamente a los dispositivos móviles de todos los ciudadanos como un mensaje de texto.
Ante esto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró en conferencia de prensa este viernes 18 de octubre, que la falta de coordinación con las compañías telefónicas, no permiten la difusión masiva de la alerta a través de dispositivos móviles. “No se tomaron las acciones necesarias para alterar las políticas de privacidad de estas empresas”, afirmó.
La alerta debe ser difundida con el día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro; nombre, edad y sexo de la víctima; descripción física del menor junto con características que sirvan para identificarlo y descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez.
Además de los datos del posible agresor y descripción del vehículo si se ha usado en el hecho.
Según la ley, la Alerta Amber debe ser desactivada por el Ministerio de Seguridad Pública en cualquiera de los siguientes casos:
Cuando se haya encontrado a la persona desaparecida, raptada, sustraída o secuestrada.
Si, como consecuencia de la alerta, la víctima se ve expuesta a una situación de mayor peligro.
Cuando existan pruebas suficientes que indiquen que la vida de la persona desaparecida no corre peligro.
Tras un período de tiempo determinado, generalmente entre 24 y 48 horas en casos excepcionales, si se requiere implementar otros métodos de investigación. Es importante destacar que la desactivación de la alerta no implica el cese de la búsqueda del menor.
Según dio a conocer Montalvo, la Alerta Amber enfrenta también otras dificultades para su implementación efectiva en el país.
Aseguró que para este protocolo de seguridad se requerían al menos cinco millones de dólares, sin embargo, solo se asignaron 50 mil dólares para su desarrollo.
