Lo dijeron ayer domingo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el diputado independiente, Juan Diego Vásquez: el rechazo al contrato minero y la forma en cómo se aprobó fue la gota que derramó el vaso y rebasó la paciencia nacional.
Se trata de un malestar general contra varias acciones del Gobierno actual, que van desde el incumplimiento de varias de sus promesas, el dudoso uso de los recursos públicos hasta la opacidad en cuatro años de gestión.
Ya en junio de 2022 gran parte del país se levantó contra problemas sociales como el alto costo del combustible, desabastecimiento de medicamentos y el mal manejo de los fondos públicos. Al igual que ahora, varias vías del país fueron cerradas y las autoridades tuvieron que convocar a un gran diálogo que se diluyó en el tiempo y tuvo nulos resultados.
Aquellas intensas jornadas de protestas y concentraciones populares en varios puntos del país no sirvieron de lección a los dirigentes políticos que lideran el país, pues en mayo de 2023 La Prensa dio a conocer que entre 2021 y 2023, el gobierno destinó al menos $202 millones a 475 juntas comunales adicionales a los que ya reciben producto de dos programas oficiales de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
De ese total, $149.8 millones fueron directamente a gobiernos locales controlados por militantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sobre todo diputados de la Asamblea Nacional.
Sobre esta irregularidad, el Gobierno, la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República optaron por mantener la opacidad. En cambio, y a pesar de los reclamos de la ciudadanía, guardaron silencio hasta el momento.
A esto hay que agregar que en la Asamblea Nacional los medios de comunicación no pueden ingresar a las sesiones de la Comisión de Presupuesto que preside el diputado bocatoreño del PRD, Benicio Robinson. Esta es una anomalía que ha sido cuestionada por organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, puesto que allí se toman decisiones importantes sobre el futuro del presupuesto de la nación.
Polémicas recientes
La cadena de intransigencia y anomalías se extendió durante los últimos meses con la presentación de varios proyectos de ley, tanto por el Órgano Ejecutivo como por los diputados de la Asamblea Nacional.
Uno de ellos fue presentado por el Ministerio de la Presidencia con el fin de acreditar a 48 mil funcionarios a la carrera administrativa, con el fin de garantizar la permanencia de estos servidores públicos.
Llamó la atención porque el documento se presentó en año preelectoral y también porque cuando el actual presidente, Laurentino Cortizo, asumió cargo en 2019 ignoró el tema de la carrera administrativa.
Luego, en septiembre fueron presentadas tres propuestas legislativas, que pretenden cambiar las reglas electorales en temas como la asignación de curules por residuo (R), extender la vigencia del fuero electoral e incluir la segunda vuelta o balotaje.
De momento, la propuesta presentada por el diputado oficialista Ricardo Torres, encaminada a modificar el residuo en la distribución de las curules legislativas, fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional.
Estos proyectos de ley recibieron críticas de Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al considerar que era “preocupante” que en un proceso de campaña electoral se hagan tres reformas que no ayudan a la confianza y paz social que se requiere en el país.
La explosión social
Finalmente, el gran detonante fue el debate del contrato minero. Resulta que en cinco días, el proyecto de ley 1100, que adoptó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, fue presentado a la Asamblea, aprobado en tres debates, devuelto al Ejecutivo, sancionado, enumerado (ahora es la Ley 406 de 2023) y publicado en Gaceta Oficial.
El proyecto de ley que adopta el contrato minero, con sus modificaciones, llegó el pasado lunes 16 de octubre a la Asamblea Nacional, cuando fue presentado por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
Luego, el 18 de octubre, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y, al día siguiente, fue al pleno legislativo, donde recibió segundo debate. Finalmente, el viernes 20 de octubre, fue avalado en tercer debate, en una sesión que si acaso duró 40 minutos. Ese mismo fue sancionada y publicada en Gaceta Oficial.
Esto desencadenó una serie de protestas masivas que comenzaron el domingo 22 de octubre, las cuales no han parado hasta ahora.
En ese contexto, la Cámara de Comercio emitió un comunicado el cual señala que queda en evidencia la existencia de un “hastío nacional” que trasciende un tema en particular y que ya rebasó la paciencia nacional. Dejó claro que este malestar difícilmente desaparecerá con la solución al tema minero.
El mensaje de este gremio empresarial está claro: “A lo largo de los años, la Cámara de Comercio ha insistido y llamado la atención ante la indolencia mostrada por las autoridades con sus acciones y omisiones. También, hemos subrayado el impacto profundo y negativo que tienen en el ciudadano, el hecho de que quienes están llamados a ejecutar acciones que mejoren sus vidas, asuman como normal el funcionamiento deficiente de los servicios públicos; la politización y la corrupción en el uso de los recursos públicos; y la toma de decisiones arbitrarias y alejadas del más mínimo consenso o participación ciudadana, entre otras situaciones ya características en la forma como se lleva a cabo la política en Panamá”.
Otro que lo tiene claro es el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, quien subrayó lo siguiente: “La minería desbordó el vaso. El pueblo está en la calle peleando por retomar el control de lo que le pertenece. La moratoria minera y la derogatoria del contrato no son suficientes. El pueblo pide respeto”.
