El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lleva adelante, con un equipo de técnicos, los estudios y el levantamiento en campo de la información que será utilizada para presentar un nuevo alineamiento o ruta del proyecto Corredor del Caribe, que partirá de la comunidad Santa Rita arriba, distrito de Colón, hacia Sierra Llorona.
Originalmente el proyecto denominado “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Quebrada Ancha - María Chiquita”, fue dividido en dos tramos. El primer tramo, Quebrada Ancha-Sierra Llorona, fue suspendido, luego de que —a solicitud del MOP— el Ministerio de Ambiente (Miambiente) descartó continuar la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III relativo a este tramo. La petición del MOP fue hecha el 22 de agosto de 2024, al considerar que la ruta no era viable.
En el caso del segundo tramo, que va desde Sierra Llorona hasta María Chiquita, las obras están suspendidas provisionalmente desde el pasado 17 de junio, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta junio, en el tramo 2 se habían construido unos 10 kilómetros de carretera pavimentada, y la obra registraba un 26% de avance.
Se estima que este proyecto beneficiaría a 150 mil personas de las comunidades vecinas de la provincia de Colón, informó la entidad.
Nueva ruta
Con el realineamiento, es decir, comenzando en Santa Rita, se prioriza reducir los impactos ambientales en el área de influencia del proyecto, ya que las obras se realizarían sobre caminos existentes.
Como parte de la elaboración del nuevo EIA, que contempla el Plan de Participación Ciudadana, se realizan reuniones con las comunidades y autoridades locales. La abogada ambientalista y presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Susana Serracín, dijo que hay un grupo de ambientalistas que está revisando la nueva ruta para verificar si en efecto causa menos daños ambientales.
Uno de los aspectos que más inquieta a los ambientalistas es que la nueva ruta incluye parte del tramo construido previamente, lo que genera preocupación por su validez y su impacto en el entorno.
Aunque se han divulgado mapas del nuevo alineamiento, se está revisando su viabilidad, explicó la ambientalista.
Con respecto al impacto ambiental, han detectado que el tramo en discusión afecta rutas de movimiento de jaguares. Serracín subrayó la importancia de considerar la biodiversidad y la riqueza natural en las decisiones.
Otro aspecto importante que están solicitando es la participación ciudadana. Serracín considera que es fundamental sostener reuniones abiertas y transparentes entre las partes interesadas, incluyendo comunidades, ambientalistas y autoridades. Además resaltó la necesidad de incorporar giras de campo con biólogos, forestales y técnicos para evaluar el impacto directamente en el sitio.
Serracín agregó que todas las decisiones que se tomen deben alinearse con normativas como el Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana y la protección ambiental. Este acuerdo regional abarca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Según el MOP, desde octubre de 2022 la entidad contempló en su presupuesto $92,164,695.54 para el proyecto Corredor del Caribe, que también incluye mantenimiento a la vía por un período de tres años, con la ventaja de no representar un aumento en el costo de construcción de la obra.
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