El instrumento utilizado desde hace cuatro años para planificar el desarrollo y crecimiento urbano del corregimiento de San Francisco, en el distrito de Panamá, simplemente ahora no tiene validez.
Se trata del Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, el cual costó al Municipio de Panamá alrededor de $1 millón y se desarrolló con la participación de diversas comunidades del corregimiento.
La herramienta de planificación urbana establecía las densidades y alturas que deben regir en los distintos desarrollos del sector. Así mismo, planteaba las adecuaciones que se debían hacer en la infraestructura sanitaria y pluvial, la gestión del tráfico y los espacios públicos, para un desarrollo sostenible.
La decisión
No obstante, el pasado 15 de noviembre, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un falló en el que declaró “ilegal”, el Acuerdo Municipal No. 94 de abril de 2018, a través del cual se aprobó dicho plan.
La decisión, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, surgió como parte de una demanda contenciosa administrativa que interpuso la firma Camarena, Morales & Vega, actuando en su propio nombre.
Según el fallo, si bien los acuerdos municipales sobre la materia de ordenamiento territorial y urbanístico de carácter local son dictados por los municipios, los mismos deben estar sujetos a las leyes, los reglamentos y los planes nacionales y regionales, mismos que son preparados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
“Siendo ese ministerio el que tiene como finalidad establecer, coordinar y asegurar la ejecución de una política de vivienda y ordenamiento territorial, y que esta herramienta de organización del territorio es regulada de acuerdo a un sistema jerarquizado de planes, deriva de ahí la necesidad de participación, desde un marco consultor, de esta autoridad urbanística nacional”, puntualiza el documento.
En otras palabras, allí se indica que era necesaria la participación del Miviot, en la elaboración del plan de ordenamiento territorial.
Otro de los argumentos esbozados por los magistrados es que aunque en la elaboración del plan se contempló la participación de la junta de planificación urbana del Municipio de Panamá, tal participación se surtió de “forma deficiente”.
El malestar
La decisión de la Sala Tercera generó malestar entre activistas y exfuncionarios, quienes participaron en las consultas para la elaboración de este plan de ordenamiento territorial.
Para Raisa Banfield, exvicealcaldesa (2014-2019), ahora mismo la ciudad no tiene quién la defienda. “Para la elaboración de este plan se permitió la participación de todos los actores, entre ellos el Ministerio de Vivienda, la ciudadanía y la junta de planificación. Fue un proceso que tomó un año”, manifestó Banfield.
En palabras de la también arquitecta, nadie espera que los magistrados conozcan sobre esta materia, por lo que debieron haber asignado a un “perito urbanista” para analizar y llegar a una conclusión correcta.
“Lo último, desde mi criterio, es que todas las ciudades regionales y europeas están avanzando en el tema de ordenamiento territorial. Con este fallo, queda demostrado que la ciudad [de Panamá] pierde”, dijo.
A juicio de la exvicealcaldesa, esto denota la debilidad institucional que hay actualmente en todas las instancias: gobierno local, Ejecutivo y Judicial.
“Esto es muy grave. Recuerde que la primera acción de ordenamiento territorial en nuestra gestión fue sobre San Francisco, porque en esta zona había un caos urbano y también era el corregimiento con más rápido crecimiento, pero se estaba afectando el equilibrio de convivencia entre lo residencial y lo comercial”, concluyó la urbanista.
Por su parte, Xochilt Troncoso, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, subrayó que el fallo se basa más que todo en fallas de procedimientos, “no cumpliéndose los requisitos que exigían asesoramiento del Miviot y participación pasiva de la junta de planificación del Municipio de Panamá”.
“Es decir, que el fallo más se basa en un tecnicismo, para declarar la nulidad del acuerdo municipal. Como siempre forma sobre fondo”, agregó Troncoso.
Mientras que Carlos Solís, activista de San Francisco, sostuvo que el plan buscaba ordenar el desarrollo del corregimiento y no frenarlo.
“Definitivamente, en San Francisco se mantiene el desorden urbano. Este plan establecía aspectos importantes como la gestión urbana, la delimitación del espacio público, la limitación de la altura y la densidad de las edificaciones futuras”, indicó Solís, quien coincidió que se tomó en cuenta más la forma que el fondo, para anular el plan de ordenamiento para ese corregimiento.
Además, recordó que este plan de ordenamiento fue el primero en el que el Municipio de Panamá permitió la participación de la ciudadanía, para su elaboración.
