Crisis humanitaria en Darién: 101 mil migrantes en lo que va de año; se calcula que llegarán 400 mil en todo 2023

El drama migratorio que se vive actualmente en el peligroso tapón de Darién, entre Colombia y Panamá, rebasa la imaginación y cualquier número estadístico que se hubiera reportado con anterioridad. La selva no deja de sorprender.

Muertes, niños no acompañados, violencia y miles de seres humanos en sus más deplorables condiciones es lo cotidiano en esta zona inhóspita del país. Ni siquiera las medidas restrictivas adoptadas por Estados Unidos en octubre de 2022 frenaron a la caravana de migrantes.

Ahora el fenómeno está fuera de control. De eso dan cuenta agencias de Naciones Unidas, entidades defensoras de derechos humanos, estamentos de seguridad y el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo.

El escenario es este: hasta el pasado 13 de abril, un número récord de más de 101 mil 102 personas migrantes cruzaron el Darién este año, seis veces más que las que llegaron en el mismo periodo de 2022. En los últimos 10 días ingresaron al país por esta región, en promedio, 1,054 caminantes diarios.

Se trata de una realidad que no es desconocida para el mandatario, quien subrayó esta semana que, de continuar la tendencia, el año 2023 podría cerrar con el cruce de más de 400 mil caminantes irregulares.

De momento, la posición del presidente es que este tema debe abordarse de manera “compartida” entre Panamá, Colombia y Estados Unidos. No obstante, mencionó que en el caso específico de Panamá, el país hace un esfuerzo económico para atender el ingreso de los migrantes por la frontera, a quienes se les ofrece atención de salud, hospedaje y alimentación.

El desafío

Frente a esta realidad, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advierten que Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década, como parte de un desplazamiento sin precedentes a través de las Américas.

Los últimos informes mensuales de monitoreo del ACNUR y de la OIM reportan que las personas abandonan su país de origen frecuentemente con motivaciones económicas, incluyendo la falta de acceso a empleo.

Más de la mitad de las personas también señalan haber huido de sus países debido a los niveles generales de inseguridad o amenazas, así como ataques específicos contra ellos y sus familiares. Además, tres cuartas partes de las personas habían sufrido una lesión o accidente en el viaje, y una tercera parte sufrió algún tipo de maltrato o abuso, específicamente durante el cruce de la selva del Darién.

“Los peligros y niveles de violencia a los que se enfrentan las personas que cruzan el Darién son altamente preocupantes”, señaló Philippa Candler, representante de la Oficina Multipaís del ACNUR en Panamá.

Candler también hizo una recomendación: “Es urgente trabajar en una solución regional basada en la protección para responder a esta crisis humanitaria sin precedentes en las Américas”.

Por su parte, Giuseppe Loprete, jefe del Centro Administrativo Global y Misión OIM Panamá, hizo una descripción de lo que ha observado durante sus visitas a la provincia darienita.

“Las historias que hemos escuchado muestran los horrores que conlleva para familias enteras cruzar el Darién. Muchos han perdido la vida o han desaparecido en tanto que otros han logrado atravesarlo, pero ahora tienen problemas de salud importantes. Nos preocupa que las personas que están pensando hacer esta travesía no estén al tanto de los peligros asociados a esta ruta”, agregó.

La alerta

Esta semana, los defensores del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, y de Panamá, Eduardo Leblanc, emitieron una “alerta temprana binacional” por el tema migratorio en Darién, para que se garanticen los derechos humanos de los migrantes.

Esta es la primera vez que las dos naciones emiten una alerta de este tipo en relación con la vulneración de derechos de migrantes y población que habita en ambos lados de la frontera: en el lado colombiano, para Necoclí y Turbo, en Antioquia, y Unguía, Acandí y Juradó, en Chocó, y en el panameño, para los distritos de Pinogana y Chepigana, en la provincia de Darién, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

“Los equipos de las defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes y la población que vive en estas zonas. En segundo lugar, identificaron que las organizaciones ilegales que operan en estas zonas perciben ingresos por sus actividades ilícitas. Adicionalmente, hay una desprotección social que afecta a las comunidades que habitan en los dos lados de la frontera”, señaló el defensor del Pueblo de Colombia.

Camargo precisó que cada migrante está pagando alrededor de $500 por atravesar Darién, con lo cual si se toma en cuenta que este año han cruzado la frontera unos 100 mil, se trata de un negocio que ronda aproximadamente los $50 millones este año.

“Durante ocho meses, los equipos técnicos de las defensorías del pueblo de los dos países estuvieron monitoreando las vulneraciones de derechos contra los migrantes y los pobladores de la zona. Encontramos una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales”, destacó Camargo.

Mientras que Leblanc se refirió a la población de menores de edad y los graves problemas de abandono escolar por tareas relacionadas con el flujo migratorio, el trabajo infantil y demás actividades que no corresponde al desarrollo de niños y adolescentes.

Ambos defensores de derechos humanos insisten en que se debe establecer, entre Panamá y Colombia, una mesa permanente de atención a la población migrante y de esta manera se puedan revisar los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos, las rutas, victimizaciones, además que se puedan compartir datos estadísticos.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política