La Caja de Seguro Social (CSS) decidió cancelar la licitación que llevaba adelante para “el servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas”, por un precio de referencia de $180.8 millones.
Así consta en el portal Panamá Compra, donde se detalla que la única empresa que presentó propuesta fue el Consorcio Renal — integrado por DaVita, SINTEC y Constructora Nova—, la cual ofertó $168.8 millones el pasado 22 de marzo. Mientras que la otra empresa interesada en el acto público no pudo participar por falta de una carta de garantía, sobre experiencia en el servicio.
En ese sentido, la institución en la resolución de cancelación con fecha del pasado 5 de mayo reconoce que el hecho de que ellos mismos no hayan entregado a una empresa interesada — Promoción Médica Promed, S.A. — en participar en el acto público de selección de contratista una carta en la que se hiciera constar su experiencia en haber “instalado y brindado servicios de mantenimiento a un mínimo de 50 equipos de hemodiálisis durante los últimos cinco años”, es una desventaja frente a los otros proponentes.
Adjuntos
Resolucion+Cancelacion (1).pdfDicha empresa tiene al menos 25 años de estar brindando el servicio de hemodiálisis a la CSS en las diferentes unidades.
Además, el documento indica que esta omisión impidió que la empresa Promed, S.A., preparara su propuesta para participar en el acto público, lo cual no compagina con los principios establecidos en nuestras normas constitucionales y legales, por lo que no se garantiza “la plena justicia en la adjudicación” de la licitación.
La decisión de la cancelación se tomó luego de una reunión el pasado 2 de mayo con los abogados externos y miembros del Comité de Ética Ad Honorem de la entidad.
Otro aspecto que tomó en cuenta la entidad es que las distintas asociaciones de pacientes usuarios del servicio de hemodiálisis mostraron su interés en la cancelación del acto, como planteaba una nota enviada por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien solicitaba tomar en consideración los argumentos de los pacientes con aras de garantizar el derecho a la salud y a la vida.
De hecho, los pacientes en tres ocasiones cerraron la vía Transístmica en protesta a la poca transparencia del proceso que solo permitió a una empresa participar, así como la introducción de equipo e insumo chinos.
Esta licitación tiene como fin brindar servicio a las 18 unidades de hemodiálisis existentes, sumadas a las seis nuevas unidades, que totalizarían 270 máquinas de hemodiálisis, que tendrán la capacidad atender al menos 3 mil pacientes por mes, 800 más en comparación a los 2 mil 200 que reciben actualmente atención.
Las expectativas de los pacientes
Ante la decisión de la CSS, el secretario de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, Pedro Vargas, indicó que este es un logro un poco amargo, pues son conscientes de que esta cancelación genera el retraso de nuevas salas de hemodiálisis.
Subrayó que la prioridad de las construcción de nuevas salas de hemodiálisis debe ser que pacientes del interior no tengan que viajar a Panamá a recibir el tratamiento tres veces a la semana.
En efecto, una situación que fue advertida en la reunión de homologación, cuando los pacientes plantearon que las algunas unidades de hemodiálisis se construirán donde ya hay, como es el caso de La Chorrera. En ese momento, solicitaron que se considerara construir una en la provincia de Coclé, ya que es un área de alta demanda de tratamiento renal.
Vargas acotó que la licitación de la construcción e las nuevas infraestructuras debe ser con un término de 12 a 24 meses.
La recomendación de la comisión
La cancelación surge días después de que los miembros de la comisión evaluadora recomendaron al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, adjudicar la licitación.
La recomendación fue dada por la comisión mediante un informe con fecha del pasado 17 de abril, luego de revisar la documentación presentada por el consorcio, el cual ofertó $168.8 millones el pasado 22 de marzo, cifra inferior al precio de referencia establecido por la CSS, que era de $180.8 millones.
Los siete miembros de la comisión evaluadora que recomendaron adjudicar la licitación son: el ingeniero biomédico de la CSS, Vladímir Rodríguez; el abogado de la CSS, Juan Pablo Iglesia; el nefrólogo de la entidad, Mario Girón; la ingeniera civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, Eliani Harbi; la ingeniera en sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Vilma Cedeño; el financista del MEF, Alcides García, y el arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, Lisandro Madrid.
La invitación infructuosa
La empresa DaVita, una de las tres que integra el consorcio, invitó a las asociaciones de pacientes y comunidad en general a una reunión la semana pasada, para explicar cuál es su experiencia de atención y resultados.
No obstante, la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares (Anpircf) respondió previamente el pasado 27 de abril al consorcio que no asistirán al encuentro porque en estos momentos la CSS mantiene una licitación, la cual insisten que no fue consultada a los pacientes, quienes serían los principales beneficiarios, y porque dicho consorcio es parte del proceso de licitación.
La misiva lleva la firma del presidente de Anpircf, Alexander Pineda, que justifica su rechazo ya que, remarca, el acto público ha sido “poco transparente e inconsulto”.
Los pacientes llevan al menos ocho años en espera de la construcción de nuevas salas de hemodiálisis.
