Cada vez que Salomón Moreno mira a su pequeña Milagros, llega a su mente una serie de interrogantes.
En ese instante –cuenta Salomón– la tristeza lo invade y no se explica cómo tras lo ocurrido no hay claros responsables de la tragedia.
“¿Quién será el que le hizo daño a mi hija Milagros?”, “¿quién me la dejó en el estado en que se encuentra?”, son las preguntas que se hace este hombre.
Milagros es una de los cuatro bebés que sobrevivieron en 2013 al suministro de heparina con alcohol bencílico en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS).
El pasado mes de junio, Milagros cumplió dos años de vida, pero carga con las secuelas neurológicas o cerebrales que le dejó aquella intoxicación, que causó la muerte de nueve neonatos. En total, fueron 13 los bebés afectados.
CLAMAN JUSTICIA
Además de centrarse en la atención de sus hijos, los familiares de las víctimas esperan que el Ministerio Público (MP) concluya las investigaciones que abrió por este caso y que se castigue a los culpables.
También luchan para que la Asamblea Nacional apruebe una ley de pensión vitalicia, ya que, según ellos, no reciben apoyo por parte de las autoridades.
En el caso de Milagros, su familia ha tenido un año difícil, colmado de citas médicas y viajes desde la provincia de Veraguas hasta la ciudad de Panamá.
Su condición de salud no mejora como sus padres esperaban.
Esta pequeña, al igual que los otros sobrevivientes, es paciente del Hospital de Especialidades Pediátricas de la CSS. La atención que recibe allí es una de las pocas cosas que destacan las familias de las víctimas.
Pese a eso, se sienten molestos por la ayuda “con cuentagotas” que reciben de la Presidencia de la República y sobre todo de la CSS.
Por ejemplo, Moreno subrayó que los gastos para mejorar la salud de su hija superan los 30 mil dólares en un año y consideró que un bono para comprar gasolina o adquirir leche no es suficiente.
POCAS RESPUESTAS
El vocero de la CSS, José Miguel Guerra, indicó que no pueden hacer nada, porque se trata de un caso que se encuentra en los tribunales de justicia.
Guerra indicó que una vez salga la responsabilidad penal de este proceso, se podrían contemplar las acciones civiles para beneficiar a los afectados.
Por su parte, el MP informó de que la investigación prosigue y que en esta hay 10 personas imputadas hasta ahora, de las cuales cinco son médicos y cinco, farmacéuticos. A la vez, precisó que hacen inspecciones judiciales a la CSS para recabar información y, de ser necesario, tomar otras decisiones judiciales.
El MP acreditó este hecho como un “episodio aislado” por intoxicación con alcohol bencílico, pero para los padres de los bebés es el comienzo de un vía crucis, que más que “rabia provoca dolor y desesperación”.
La Secretaría Social de la Presidencia de la República informó que en el último año le han dado apoyo a los familiares de las víctimas, incluyendo materiales para mejorar sus viviendas, ayuda para que puedan viajar a sus citas médicas y la leche para los infantes.
En su momento, médicos de la CSS señalaron que las consecuencias más graves que enfrentan los neonatos que sobrevivieron son hidrocefalia y la colestasis hepática.
Los anteriores padecimientos ocasionan dificultades para el aprendizaje, problemas de concentración, razonamiento y memoria a corto plazo. Además, se pueden presentar problemas visuales y en la coordinación motora.
