Cuarto Puente: comunidades aledañas exigen participación real en las decisiones

Los residentes de La Boca, Tabernilla, Balboa, San Pablo, entre otras comunidades aledañas, están molestos por la falta de participación en las decisiones del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y la intervención que se está realizando en el cerro Sosa, lugar por donde pasará el viaducto del acceso este.

Los moradores organizados han manifestado su inquietud porque consideran que las autoridades presentan información sin mecanismos reales de consulta ciudadana. El pasado miércoles 5 de febrero, un grupo de residentes de las áreas aledañas al proyecto (del lado este) llevó a cabo un conversatorio en el que abordaron el tema de la planificación del cuarto puente y su impacto en el área revertida, pero las autoridades no asistieron.

Aida Torres, de la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal, señaló que hay ausencia de autoridades en las reuniones organizadas. “Hemos realizado conversatorios e invitado a los responsables, pero solo envían funcionarios de bajo rango sin poder de decisión”, indicó.

Torres explicó que “este es el segundo conversatorio realizado y hemos invitado al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; e incluso al alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, pero no se presentan. Mandan a funcionarios de bajo rango que no tienen el conocimiento y temen hablar de manera decisiva”.

La mayor preocupación de los residentes es que esta obra del cuarto puente, que tiene más de un 18% de avance, una vez concluida, generaría un crecimiento inmobiliario desordenado en el área oeste, sin planificación ni control, lo que empeorará los problemas de tráfico en estos sectores de La Boca, Balboa y Tabernilla, comunidades ubicadas en el corregimiento de Ancón, en lugar de solucionarlos. Actualmente, los residentes deben lidiar con el tráfico de carga pesada de camiones que movilizan mercancía del puerto de Balboa.

Torres explicó que, ante esta situación de desconocimiento, el año pasado solicitaron, mediante una nota a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), conocer el estatus del cerro Sosa, uno de los seis frentes de trabajo del proyecto, cuyo costo total asciende a más de $1,370 millones.

La respuesta enviada por la UABR a los residentes el pasado mes de noviembre los dejó más preocupados, ya que la injerencia sobre el cerro Sosa, que reposa en la finca N.°195983 en Ancón, es patrimonio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no está bajo la administración de esta unidad, a pesar de que esta zona y su uso de suelo están regidos por la Ley 21 de junio de 1997, que precisamente dicta el plan para el desarrollo de la región interoceánica para su conservación.

Según Torres, para realizar un cambio de uso de suelo tan radical, como “volarse una parte del cerro”, era obligatorio consultar a los moradores y presentar el caso ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal en la Asamblea Nacional. Torres manifestó que se trata de un área de operación del Canal y que se está incurriendo en dos violaciones graves: primero, no se podía cambiar su uso de suelo sin el debido proceso y consulta; y segundo, tampoco podía ser concesionado. “Ante esta situación, contamos con la documentación correspondiente y tomaremos las acciones legales necesarias”, advirtió.

El cerro Sosa, conocido anteriormente como cerro Gavilán, está localizado en la entrada del Canal de Panamá, del lado Pacífico, y es catalogado como un área verde urbana, establecido así en la Ley N.°21. Así lo confirmó la UABR a La Prensa tras ser consultada sobre quién tiene la injerencia sobre este cerro.

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Jardín Diablo Heights también ha manifestado su descontento por el alineamiento del proyecto del cuarto puente, que atraviesa una parte del cerro Sosa y pasará por encima de las comunidades de La Boca y Tabernilla.

Rocío de Carneiro, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Jardín Diablo Heights, dijo: “Nos oponemos a que derriben o rebajen el cerro Sosa porque, inicialmente, cuando se presentó el proyecto a todas las comunidades que íbamos a ser afectadas, en ningún momento se dijo que ese puente iría sobre el cerro. Originalmente iba frente a Panama Ports, pero como esta empresa se opuso a que el puente pasara frente a sus instalaciones, lo trasladaron sin tomar en cuenta a las comunidades de La Boca y Tabernilla, que quedarán debajo del viaducto”.

De Carneiro denunció la manipulación de estudios y decisiones a favor de intereses económicos sin respetar los derechos de las comunidades ni los impactos ambientales. “Hacemos un llamado a las autoridades actuales. Estamos cansados de los abusos y de que no respeten las leyes ni los estudios en los cuales se ha invertido demasiado dinero para hacer las cosas bien”.

Agregó que “ahora, con el proyecto del cuarto puente, nadie sabe quién autorizó el cambio, pero el cambio está y están avanzando con el proyecto”. Aseguró que “no les importa que las comunidades estemos aquí de pie diciendo que no podemos quedar debajo de un puente. Aquí hay que pararse firme y defender los derechos ciudadanos, porque no podemos seguir en un país donde todo se manipula y la corrupción reina”.

Actualmente, personal del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) está realizando labores de corte en el cerro Sosa, con maquinaria como cuchillas y palas; posteriormente, se utilizarán explosivos controlados. Precisamente en este cerro ocurrió un accidente laboral el pasado martes 4 de febrero, donde un operador de retroexcavadora resultó lesionado al volcarse la maquinaria que realizaba las excavaciones.

Por su parte, Jerónimo Spítia, arquitecto, urbanista y residente de la zona, también reiteró el planteamiento de que la Ley 21 establece el uso de suelo y clasifica las áreas en regiones con diferentes categorías. En el caso de cerro Sosa, está destinado exclusivamente a parques urbanos y espacios recreativos.

De acuerdo con Spítia, la ACP registró el cerro Sosa como su propiedad bajo la Ley Orgánica 19 de 1997, aunque no cumple con los criterios de uso de suelo requeridos. “Para cambiar su uso de suelo, debió presentarse una modificación ante la Asamblea Nacional, lo que no ocurrió en este caso”, reiteró el urbanista.

Spítia también ha manifestado que los moradores organizados han solicitado el Estudio de Impacto Ambiental del Cuarto Puente, ya que los cambios en su alineamiento podrían generar contaminación y riesgos para las comunidades cercanas.

Ante este panorama, la conclusión final del conversatorio del pasado miércoles fue que analizarán la posibilidad de tomar acciones legales.

Con respecto a las obras, el superintendente del proyecto del Cuarto Puente, Mario Montemayor, explicó que el pasado mes de diciembre, cuando se iniciaron los trabajos de la primera pilastra permanente en el sector este (La Arenera), en cerro Sosa se estaban realizando excavaciones y fundaciones superficiales con una configuración diferente.

En este punto, específicamente, pasará el viaducto del lado este, que continuará su alineamiento hasta conectarse con el puente atirantado, una estructura de 965 metros de longitud que atravesará el Canal hasta conectarse con el viaducto del lado oeste, explicó Montemayor.

En cuanto al acercamiento con las comunidades, el superintendente del CPCP afirmó que se han realizado reuniones y divulgaciones para informar sobre el avance del proyecto. Además, destacó que existe una oficina de relaciones comunitarias en Balboa para recibir consultas y quejas.

“Lo que buscamos es mantener informada a la comunidad sobre cada fase del proyecto”, señaló el ingeniero.

No obstante, se intentó ampliar la información con el consorcio sobre las quejas de los residentes y el impacto que tienen las obras sobre el cerro Sosa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta adicional. Asimismo, se intentó conocer la posición de la ACP respecto a la administración del cerro Sosa y si, en efecto, está protegido con el nuevo alineamiento del Cuarto Puente, pero tampoco hubo respuesta.

Yaritza Mojica